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VALÈNCIA (EP). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este jueves que el Gobierno tiene intención de llevar el anteproyecto de Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre.
Sánchez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha señalado que aún quedan por perfilar algunos detalles de la norma, pero ha insistido en que la intención del Ejecutivo no es demorar su aprobación.
Por ello, el Gobierno tiene previsto llevar esta Ley, que será la primera Ley estatal de Vivienda, al Consejo de Ministros del 26 de octubre. "Esta ley nos va a ayudar a contener los precios del alquiler y va a ayudar a los jóvenes a emanciparse", ha subrayado Sánchez.
El pasado 5 de octubre PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo sobre la ley de vivienda, que incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios (los que tengan 10 o más viviendas), en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
"La aplicación del índice de referencia entraña una complejidad y nuestra intención es plantear un sistema que otorgue seguridad jurídica a todo el mundo y hacerlo compatible con que el derecho a la vivienda esté garantizado", ha subrayado la ministra.
Sánchez ha añadido que la norma pasará por las Cortes porque la intención del Gobierno es que ésta no sea una ley sólo del Ejecutivo. "Creo que puede suscitar consensos entre las fuerzas progresistas de este país y de más partidos, aunque con el PP lo tendremos difícil porque ya ha anunciado que la recurrirá antes incluso de conocer el texto", ha precisado.
La comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres que pondrá a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda. De momento, el PP ha dicho que no la aplicará en las comunidades donde gobierna.
La norma establecerá incentivos fiscales para que los pequeños propietarios congelen o bajen los precios, así como un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos si lo piden.
La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.
La Ley de Vivienda incluye un bono joven de 250 euros mensuales destinado al alquiler, dotado con más de 200 millones de euros, del que se beneficiarán, según Sánchez, a unos 70.000 jóvenes, aunque si se suman las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, se podría alcanzar la cifra de 100.000 jóvenes beneficiarios.
Por otro lado, la ministra ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 son "muy ambiciosos, los más ambiciosos" en materia de vivienda, con 3.290 millones de euros en total, que ayudarán dar la vuelta al modelo vigente en España.
Sánchez ha señalado que con lo consignado en el Presupuesto, junto a las previsiones comprometidas y ejecutadas en el Plan Estatal de Vivienda, podrán situar en el mercado unas 20.000 viviendas en 2022, sobre todo de alquiler asequible.