La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Foto: E.PARRA.POOL/EPVALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
El Gobierno ha mantenido además su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 8,4% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 5% en 2022. La ministra ha explicado que en dos años el déficit se habrá reducido más de un 50%.
Excluyendo los fondos europeos, el 'techo de gasto' se situaría en 169.787 millones de euros, un 0,7% más, por lo que la cantidad procedente de los 'Next Generation EU' asciende a 26.355 millones de euros.
De este conjunto de fondos europeos, un total de 25.622 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones al REACT EU. Según ha aclarado el Ministerio de Hacienda, el grueso de los fondos REACT EU son recursos para las comunidades autónomas que no se incluyen en el techo de gasto y se han asignado para las CCAA de este fondo unos 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022.
"El soporte que da lugar al sostenimiento del techo de gasto viene por los indicadores macroeconómicos y crecimiento de la economía", ha explicado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Así, ha explicado que la previsión del Gobierno de cara al presupuesto del próximo año es de un aumento de ingresos tributarios del 4,6% respecto a este ejercicio.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la responsable de Hacienda ha apuntado que el 'techo de gasto' se mantiene en máximos históricos y ha destacado que incorpora una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 18.396 millones.
Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales "más prudentes" que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla uno "de los mayores descensos del déficit público", desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.
Por subsectores, la Administración central seguirá asumiendo la mayor parte del déficit público y aglutinará el 6,3% del total este año y 3,9% el próximo, mientras que la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% este año y en el 0,6% en 2022 y para los ayuntamientos será de equilibrio en ambos ejercicios. En el caso de la Seguridad Social, la tasa de referencia del déficit será del 1,5% este año y del 0,5% el siguiente.
La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Con la aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo año, se da el pistoletazo de salida a la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que según Montero está ya bastante avanzado, y que recogerá la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para estos tres años y
Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando "una retirada prematura" de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.
Los socios del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ya han iniciado las negociaciones para la elaboración de las cuentas públicas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó que sería el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encargado de la negociación con la ministra de Hacienda, al igual que ocurrió el año pasado.
La titular de Trabajo adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Sobre la reforma fiscal, uno de los ejes prioritarios para Unidas Podemos, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberán tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.
