El Gobierno niega que se priorice el eje central del Corredor del Mediterráneo sobre el del litoral

VALÈNCIA (EFE). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha querido hoy “desmentir” el “ruido” generado “durante las últimas semanas” sobre la supuesta priorización por parte del Gobierno de España del eje central del Corredor Mediterráneo respecto al del litoral.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Antas (Almería), donde lo ha negado “rotundamente”, reiterando que el Ejecutivo sigue impulsando la conexión que pasará por la provincia almeriense, así como que el compromiso del Gobierno en este sentido es “incuestionable” frente a esta “rumorología que no se sustenta para nada en hechos”.

Ha destacado que de los 3.600 millones de euros fijados para esta infraestructura, el 40 % han estado destinados a obras en esta provincia, insistiendo también en el compromiso de que la conexión de Almería con la frontera francesa sea una realidad en 2026.

Además ha destacado los esfuerzos para la integración del ferrocarril en la capital almeriense y en Lorca (Murcia).

Por otro lado, se ha referido a la conexión ferroviaria entre Almería y Granada, recordando que se presentó un estudio funcional provisional que en las próximas semanas tendrá una versión definitiva, con un presupuesto de 800 millones de euros para “incrementar y mejorar los tiempos de recorrido en 43 minutos”.

Sánchez, que ha visitado en Antas la empresa de transportes J. Cano, ha afirmado a su vez que el Gobierno y el Ministerio se han “volcado” con este sector, aprobando hace unos meses “un conjunto de medidas históricas” para dar “sostenibilidad ambiental, social y económica” al transporte nacional por carretera.

Ha afirmado que continuará la colaboración para hacer de este sector uno “más robusto, moderno”, haciendo que sus miembros se sumen a la “necesaria descarbonización de la carretera, la digitalización”, etc.

Ha incidido en el compromiso para presentar antes del 31 de julio un anteproyecto de ley para aplicar los “principios de la ley de cadena alimentaria” y evitar que se trabaje a pérdidas o, “al menos, garantizar que se trabaja en unas condiciones de sostenibilidad, dignidad y precio justo”.