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Greenpeace alega que el proyecto del AVE Valencia-Castellón no mejorará el "deficiente" servicio de Cercanías

12/01/2022 - 

VALÈNCIA (EP). La organización ecologista Greenpeace ha denunciado este miércoles que el proyecto del AVE Valencia-Castellón no mejorará el "deficiente" servicio de Cercanías y ha mostrado su rechazo a la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad entre ambas capitales sobre terrenos de huerta protegida.

Así lo ha indicado en un comunicado ante la visita este miércoles a València de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para presentar un segundo "plan de choque" sobre Cercanías y en el que critica que las inversiones "siguen priorizando la larga distancia".

La organización ecologista ha enviado al Ministerio de Transportes (MITMA) alegaciones al proyecto en las que denuncia que ninguna de las seis alternativas del Estudio Informativo implica una mejora del servicio de Cercanías, "lo que contradice los objetivos estratégicos del Ministerio que, supuestamente, apuestan por priorizar las inversiones en la movilidad cotidiana frente a la larga distancia".

Greenpeace lamenta que los problemas de Cercanías "se atiendan mediante promesas y medidas puntuales", mientras el proyecto de Alta Velocidad "absorbe una inversión superior a 1.700 millones de euros".
En sus alegaciones, señala que, incluso en el "escenario más optimista", "no se añade ni un solo tren de cercanías a los que circulan actualmente, mientras que el número de trenes de largo recorrido crecería un 233%".

"Todo ello a pesar de que se espera un aumento del 45% en el número de viajeros de Cercanías, según el estudio de demanda del Túnel Pasante de Valencia (otro proyecto presentado por el MITMA en paralelo) y que demuestra la falta de coherencia dentro del propio Ministerio", apunta Greenpeace.

Según señala Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace, "el Ministerio de Transportes dice haber cambiado su estrategia hacia un modelo de movilidad sostenible y cotidiana, pero mantiene la obsoleta política de infraestructuras del antiguo Ministerio de Fomento, como vimos el año pasado con las ampliaciones de aeropuertos de Barajas y El Prat".

Fernández afirma que el proyecto de una línea exclusiva para Alta Velocidad "tiene su principal antecedente en el Plan de Infraestructuras de la época Aznar (PIT 2000-2007), redactado en plena burbuja inmobiliaria, sin considerar aspectos clave hoy en día como la descarbonización del transporte, los impactos de la crisis climática o el trasvase de mercancías al ferrocarril".

Corredor Mediterráneo

La necesidad de potenciar el Corredor Mediterráneo para mercancías es otra de las demandas de Greenpeace. Según indican en su escrito, la nueva línea no será apta para trenes de mercancías, que seguirán circulando por la vía actual compartida con Cercanías y Media Distancia, lo que limita la capacidad del Corredor Mediterráneo para atraer camiones de la carretera y reducir las emisiones contaminantes.

La organización ecologista considera "innecesario construir con parámetros de muy alta velocidad en un tramo tan corto (menos de 80 km)" y reclama al MITMA "una infraestructura polivalente, que sirva a todo tipo de tráficos y no afecte a los terrenos protegidos de L'Horta Nord".

También propone fijar un horizonte temporal para una migración a ancho estándar, similar a la desarrollada entre Castellón y Tarragona, "acabando con la complejidad del ancho mixto o 'tercer hilo' que, desde su implantación, está provocando buena parte de los problemas y retrasos de este tramo".

Greenpeace también considera "incoherente" que se trabaje en promover el ferrocarril de mercancías y, al mismo tiempo, se amplíen carreteras para asumir más camiones en circulación. Por ello, la organización ecologista también demanda que se paralicen los proyectos de ampliación de autopistas (como el by-pass de la A-7) "al ser incompatibles con la descarbonización del transporte que marca el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC)".

Con el envío de estas alegaciones, Greenpeace se suma al rechazo mostrado por colectivos de usuarios, sindicatos y asociaciones ecologistas como Per L'Horta o Acció Ecologista-Agró, que ya mostraron sus reticencias durante la fase de información pública.

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