FCC y Edifesa se adjudican la rehabilitación de la sede del TSJCV por 25,4 millones de euros

VALÈNCIA (VP). La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha adjudicado a la UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Edifesa Obras y Proyectos las obras para la rehabilitación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana  (TSJ-CV) por un importe de 25.472.920 euros, (IVA incluido). Tras la adjudicación, se prevé que las obras se inicien a finales del próximo mes de julio o principios de agosto.

Según ha explicado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la rehabilitación “es la mayor inversión en edificios judiciales de provincia de Valencia”, seguida de los nuevos palacios de Justicia de Alzira (19,9 millones), Torrent, (17,2), Gandía (16,8), Llíria (15,6), Xàtiva (15) y Sagunt (12,2).  Bravo ha asegurado que en el diseño del proyecto “se han tenido en cuenta las solicitudes y sugerencias de los jueces y fiscales que allí desempeñan su labor porque queremos que esta sea una rehabilitación duradera atendiendo a las necesidades reales del millar de personas que allí trabajan”.

El proyecto de rehabilitación contempla la recuperación del volumen original del Palacio, para lo que se eliminarán los elementos añadidos desde hace años que son impropios y no tienen valor histórico ni arquitectónico ni tampoco función actual. También se revalorizarán los elementos patrimoniales más importantes como los patios interiores, las escaleras, las bóvedas, la Cambra, los salones y los elementos ornamentales. Además, se consolidará la estructura del inmueble, el sistema de cubiertas, su aislamiento mediante la sustitución de carpinterías y soleras en contacto con el terreno y se procederá a una redistribución interior para adecuarla a las necesidades actuales del Alto Tribunal Valenciano.

El proyecto también incluye la renovación integral de la instalación eléctrica, de saneamiento y distribución de agua, de las instalaciones de seguridad, detección y protección contra incendios y de los sistemas de ventilación y climatización. En este último punto, el edificio será el primero en la Comunitat Valenciana en contar con un sistema de calefacción geotérmica sostenible. En total, se actuará sobre una superficie útil de 9.257 metros cuadrados.

Nueva distribución interior

Tras la rehabilitación, en la planta baja del inmueble se ubicarán cuatro salas de vista (dos para la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, una para la de lo Social y otra más para la de lo Civil y Penal), la zona de servicios generales y detenidos y la sala de prensa. El entresuelo alojará las dependencias de la Fiscalía y las oficinas para la sección de lo Contencioso-Administrativo.

En la primera planta se habilitarán dos grandes salas de vistas, una de plenos, el despacho de la Presidencia del TSJ y el de la Secretaría de Gobierno, así como las salas de lo Social, lo Contencioso y la de lo Civil y Penal. En la segunda planta se localizarán el grueso de oficinas y despachos de todas las jurisdicciones y, bajo la cubierta del edificio, en el tercer piso, los archivos, la biblioteca y las zonas de instalaciones.

La consellera Bravo ha detallado que el edificio “tenía problemas estructurales causados por la humedad que había afectado, sobre todo, a las vigas de madera y también de instalaciones de suministro de energía, agua y climatización lo que afectaba a las condiciones de trabajo y a los usuarios”.

“Por otra parte ‒ha añadido‒, la singularidad del edificio ha obligado a ser especialmente escrupulosos con todo el proyecto y, además, ha habido que considerar que la actividad del Alto Tribunal no podía pararse. De ahí que lo primero fuera encontrar y habilitar una sede provisional adecuada para el TSJ. El inmueble elegido fue el edificio que un día albergó la conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás de Valencia donde el TSJ se trasladó entre el 8 y el 19 de julio de 2019”.

La sede del Tribunal Superior ocupa la antigua Real Casa de la Aduana de Valencia, que es un edificio de 263 años de antigüedad. Ha servido, –además de para lo que fue concebido en tiempos de Carlos III– como fábrica de Tabacos desde 1828 y, desde hace más de un siglo (1914), como Palacio de Justicia. Está catalogado como Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural.