Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Foto: GVAVALÈNCIA. Las obras de la nueva sede judicial de Alzira ya tienen una empresa adjudicataria oficial. La UTE Vías y Construcciones – CHM Obras e Infraestructuras será la encargada de construir este edificio de 10.982 metros cuadrados y cinco plantas en la calle Luis Suñer.
El proyecto de la compañía ha sido escogido por ser "el mejor valorado en relación calidad precio", según se indica en el anuncio de adjudicación. El presupuesto, de 19,2 millones de euros -impuestos incluidos- se invertirá en la obra principal y los acabados, así como en otras actuaciones como los protocolos de seguridad, la señalización, el mobiliario fijo, la fontanería, la electricidad, la gestión de residuos y el control de calidad.
Como ya avanzó Valencia Plaza, la empresa ganadora fue propuesta por la mesa de contratación como la mejor opción entre un total de seis solicitudes, entre las que se encontraban FCC-Edifesa, Grupo Bertolín-Becsa, Acciona Construcción-Crimsa, Torrescamara-Tecopsa y Dragados-Rover. En un principio hubo ocho aspirantes, pero finalmente dos fueron descartados por contar con "ofertas anormalmente bajas".
Así pues, gracias a los 89,89 puntos conseguidos, la UTE Vías y Construcciones – CHM ha podido encabezar la lista del concurso convocado por la Conselleria de Justicia. Dispondrá de 20 meses para llevar a cabo la ejecución, que se ubicará en una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento y también contempla la creación de un aparcamiento con capacidad para más de 60 vehículos.
Este avance acerca cada vez más la llegada de la nueva sede que tendrá un aforo de hasta 900 y cuyo expediente fue calificado como "procedimiento de urgencia"; una etiqueta que pone de relieve la importancia de iniciar las obras cuanto antes para dar respuesta a una reivindicación histórica.
"Permitirá subsanar la situación de los inmuebles judiciales del partido, con sistemas e instalaciones que han quedado obsoletas, con dificultades de accesibilidad y con dispersión de sus instalaciones, lo que redunda en una mayor acumulación de retraso en los distintos procesos, y por supuesto, en las consiguientes molestias a las personas usuarias". Así describían desde la Generalitat los beneficios que supondrá la construcción que los vecinos y vecinas llevan años esperando y que, si todo va bien, estará en funcionamiento en 2024.
Así pues, el edificio -con 41 salas y 49 despachos- implicará una mejora en el sistema con el fin de garantizar la "adecuada protección judicial de los derechos y libertades" del conjunto de la ciudadanía. Concretamente, el proyecto marcará un antes y un después en la comarca de la Ribera, puesto que afecta a 23 municipios y más de 138.000 personas.
