Manifestación contra el cierre de los juzgados de violencia de género de Xàtiva y Catarroja. Foto: VPVALÈNCIA. Han pasado casi dos meses desde que Xàtiva, Catarroja, Moncada, Quart de Poblet y Picassent perdieron su jurisdicción en violencia de género. Meses que han estado marcados por numerosas manifestaciones, mociones y quejas públicas por parte de la población, los ayuntamientos afectados y el sector de la abogacía, quienes alertaban de las graves consecuencias para las víctimas y exigían la suspensión del real decreto.
La Conselleria de Justicia insistía en que el objetivo de la reordenación de los juzgados es que los casos de violencia de género se traten en sedes especializadas y exclusivas para disponer de una mejor atención y recursos. No obstante, la distancia entre estas instalaciones y algunas de las localidades perjudicadas llega a superar los 30 kilómetros.
Las presiones de las administraciones locales y las reuniones mantenidas parecen haber causado efecto, pues el Gobierno valenciano ha comenzado a estudiar posibles alternativas que faciliten el mantenimiento del servicio de proximidad, aunque con algunos cambios.
"Respecto a la creación de un programa piloto para los juzgados de Catarroja y Xàtiva, comunico que estamos trabajando con la propuesta de un nuevo modelo de juzgado de violencia sobre la mujer con otras competencias, de manera que la carga de trabajo no sea un impedimento para la creación de unidades especializadas", ha respondido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a la pregunta registrada en Les Corts por la diputada de Compromís Mónica Àlvaro Cerezo.
"Se están extrayendo datos estadísticos para hacer un planteamiento al Ministerio de Justicia de creación de nuevas unidades judiciales. De momento este Ministerio no ha informado a las comunidades autónomas de cuántas unidades judiciales se crearán en 2023 ", ha añadido.
En un principio, según ha explicado el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, se les planteó la posibilidad de crear un juzgado de violencia familiar, una opción que parece haber quedado atrás al no recibir el consistorio más información al respecto y al ratificar la apuesta por la creación de un nuevo modelo de juzgado de violencia sobre la mujer.
