VALÈNCIA. La auditoría de cumplimiento de la legalidad de À Punt revela que el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, carece del correspondiente contrato de alta dirección, tal y como obliga el decreto que regula el régimen de los directivos del sector público de la Generalitat. La fiscalización del ejercicio 2018, realizada por la Intervención de la Generalitat y una firma de auditoría externa, alerta de esta incidencia se arrastra de ejercicios anteriores en los que ya advirtió de irregularidad.
La auditoría del ente público Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) también destaca otras deficiencias como que la sociedad, en el momento en que se realizó dicho informe, aún no tenía aprobada ni publicada su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ni tampoco autorizada la masa salarial correspondiente a 2018. Una incidencia que resolvieron en marzo de 2019 al enviar a la Conselleria de Hacienda la RPT del ente que, más tarde, en julio, validó Sector Público.
Los incumplimientos de la legalidad detectados llevan a los auditores a emitir una valoración favorable con salvedades de la gestión del personal por cuestiones como la abundancia de contratos laborales temporales que pueden dar lugar a su conversión en indefinidos no fijos por sentencia judicial.
Respecto a las indemnizaciones abonadas a los miembros del Consejo Rector en 2018, 500 euros por asistencia a cada reunión más los gastos de kilometraje, hospedaje y restauración, los auditores concluyen que las indemnizaciones satisfechas al Consejo Rector y el Consejo de Ciudadanía, 124.808 euros en total, se ajustan a los importes acordados.
Por otra parte, la fiscalización definitiva de la mercantil Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC), realizada por la Intervención de la Generalitat y la misma firma externa que audita a la CVMC, advierte también de que la persona que ocupaba en 2018 la Subdirección de la Unidad de Comunicación y Publicidad, un puesto de carácter directivo, había sido contratada sin un proceso selectivo que garantizase los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por el Consejo Rector. Josep Moreno abandonó este puesto el pasado mes de junio al fichar como jefe de Gabinete del alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor.
A ello se suma otra incidencia en materia de personal a la que la empresa sigue sin poner solución pese a que ya fue alertada en el pasado. Se trata de la omisión de los procedimientos de selección con publicidad y concurrencia que debieron haberse aplicado en la contratación de la Directora de Informativos, el Director de Explotación e Ingeniería y el Director de contenidos y Programación de la SAMC.
La auditoría también destapa se deficiencias e incumplimientos en los procesos de contratación de servicios de la SAMC. Así, la Intervención alerta que en catorce contratos seleccionados como muestra existe un posible fraccionamiento contractual para reducir el importe y poder encargarlos de forma directa.
"La existencia de diversos contratos menores, tramitados simultánea o consecutivamente" para prestaciones análogas "puede ser un indicio de que se ha fraccionado un contrato indebidamente", concluye la fiscalización.
Enrique Soriano. Foto: EVA MÁÑEZ
