La casa (de alquiler) por el tejado

Resulta que una de las medidas estrella de la futura ley estatal de la vivienda, el recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas desocupadas, ya la introdujo Aznar la Ley de Haciendas Locales en 2002, con mayoría absoluta, pero casi ningún municipio la aplica. De hecho, los alcaldes no pudieron implementarla hasta diciembre de 2018 porque ni Aznar ni Zapatero ni Rajoy se molestaron en completar la norma con la definición de qué podía considerarse una vivienda desocupada a efectos de poder aplicarle el recargo. Y no era tan difícil, a la vista de la solución con forma de balón al córner que encontró Sánchez: que fueran los propios ayuntamientos o comunidades autónomas los que especificaran cuándo un piso está desocupado.

Es solo una prueba de que en el lío que se ha montado por el anuncio de una nonata ley, ni presentada y de la que se han dado cuatro pinceladas, hay más postureo político que debate mientras la reflexión brilla por su ausencia. Empezando por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con su paseo impostado por los jardines de La Moncloa después de un pacto ‘a lo presidente’: “digo que sí, y luego ya veremos”. Ya lo hizo con Bildu cuando el PSOE firmó el compromiso de "derogación íntegra" de la reforma laboral del PP a cambio de su voto en la investidura y luego rectificó. El PSOE ya anda matizando el alcance de las medidas anunciadas pero a Yolanda Díaz, como a Bildu en su día, le da lo mismo que Sánchez le engañe porque tienen lo que buscaban, una victoria política que llevarse al zurrón. La ministra competente en acceso a la vivienda es Raquel Sánchez, del PSOE, pero la medalla se la pone Unidas Podemos.

Una vez más, lo poco que se conoce de la ley son normas elaboradas en despachos del interior de la M-30, donde el problema del alquiler es gravísimo, que se proyectan para todos con los parámetros de Madrid sin tener en cuenta que en la mayoría de los municipios de España no hay zonas "tensionadas", tal como las denomina el Gobierno. No es lo mismo cobrar 23.725 euros de sueldo en la capital que en un pueblo de Extremadura donde tampoco los precios del alquiler son los mismos. El bono joven será para unos una limosna y para otros una bicoca, incluidos entre estos últimos los pícaros arrendadores que puedan subir el precio para llevarse parte de la ayuda.

El alza de precios y la escasez de oferta de alquiler es un problema de grandes capitales o ciudades de renta media alta. Las medidas deberán ser aplicadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los competentes, los que están a pie de calle, los que lidian directamente con el problema. Y resulta que no se les ha consultado a los alcaldes ni a los presidentes autonómicos, o eso parece, vista la reacción de algunos de ellos.

Da la impresión que se ha empezado la casa por el tejado, aunque el campeón de la precipitación en este asunto ha sido Pablo Casado con su anuncio de recurso ante el Tribunal Constitucional –ahora que lo tiene muy de cara–, cuando ni siquiera se ha aprobado el proyecto de ley que deberá pasar por el Congreso y el Senado, donde el PP podrá presentar sus enmiendas.

Tampoco se han presentado estudios sobre los efectos que tendrá cada una de las normas anunciadas, sobre los que hay controversia. El ejemplo de Berlín tantas veces citado no sirve porque el mercado inmobiliario de la capital alemana, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda, no tiene nada que ver con el de ninguna ciudad española.

Otro ejemplo recurrente es el de Barcelona, pionera en España en la limitación de los precios del alquiler, de cuya eficacia tenemos opiniones contrapuestas. Y no saber cómo ha funcionado es una pena. En leyes como estas, de resultados inciertos, habría que incluir junto a los cambios normativos el encargo a organismos independientes de un estudio de seguimiento para que evaluasen la eficacia de las medidas. Lo que no funcione, fuera, y lo que sí, que se traslade a municipios de similares características y que se teste ahí también, porque ninguna ciudad es idéntica a otra en lo que al mercado inmobiliario se refiere. Pero eso es demasiado pedir. Si contratan algún estudio, se lo encargarán a dedo al amiguete de turno cuyas conclusiones no harán más que confirmar sus postulados ideológicos.

El Ayuntamiento de València ya aprobó hace dos años un recargo del 30% en el IBI de viviendas de grandes propietarios desocupadas, de acuerdo con la ley de Aznar, pero no lo ha podido aplicar porque le faltaba la norma autonómica que definiera qué se considera gran propietario y qué es un piso desocupado. El Consell lo aprobó el pasado 1 de octubre y el Ayuntamiento ya puede aplicar el recargo, que es del 30% pese a que la ley de 2002 permite que sea de hasta el 50%. La nueva ley anunciada por el Gobierno eleva el límite hasta el 150%.

El simple anuncio del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ya estará afectando negativamente al timorato mercado del alquiler, pese a que tardarán meses o incluso años en poder aplicarse y a la mayoría ni siquiera le afectará. Más del 90% de la oferta de alquiler en España está compuesta por pequeños propietarios, muchos de ellos pequeños empresarios o particulares con uno o dos pisos en los que invirtieron para complementar el sueldo o la pensión. Algunos darían por buenas las limitaciones de precio a cambio de mayor seguridad frente a inquilinos morosos y okupas, que eso también limita la oferta y lleva a muchos a exigir anticipos y garantías inasumibles para los jóvenes.

El anuncio también puede retrasar algunas inversiones por falta de seguridad jurídica, lo que para algunos será una buena noticia porque no quieren que los fondos de inversión inviertan en ‘ladrillo’ para alquiler, el llamado build to rent, lo que es un contrasentido porque si las administraciones públicas no promueven vivienda de alquiler –a las pruebas me remito en la Comunitat Valenciana–, alguien tendrá que hacerlo para que aumente la oferta.