De izquierda a derecha, Albert Girona, Vicent Marzà y Carmen AmoragaVALENCIA. El 25 de mayo de 2015, Valencia, su provincia y la Comunitat Valenciana se despertaban con la certeza de asistir a un cambio de gobierno en sus administraciones tras las elecciones del 24-M. De facto, llegaría el 13 de junio en el caso del Ayuntamiento, a partir del 29 en la Generalitat y desde el 14 de julio en la Diputación. Las industrias culturales, empíricamente más afectadas por la crisis económica que las del resto del Estado (como recoge el Pla Estratègic Cultural 2016-2020), alzaban sus expectativas para capitalizar los esfuerzos realizados por no desintegrarse durante los últimos ejercicios.
Por disciplinas, federaciones, asociaciones, lobbies y profesionales independientes se parapetaban para solicitar cita y ese ha sido, a lo largo de los primeros meses de gobierno, el rasgo diferencial destacado por los agentes culturales: la oportunidad de diálogo frente a los anteriores ejecutivos. No obstante, el mismo feedback parecía unificar el mensaje recibido en los encuentros: voluntad política por situar a la Cultura como un referente industrial, pero recursos escasos.
Es relevante la capacidad de escucha por diversos factores. El primero, porque estas industrias, siempre peculiares por su capacidad de influencia, se han sentido partícipes del cambio político en prácticamente todos sus modelos. El segundo, porque los programas políticos ganadores se autoexigían la participación ciudadana.
Al detalle, las respuestas son distintas según la administración, demandandante, bagaje e influencia. A su consecuencia, lo que cabe analizar es cuál (o cuánto) ha sido ese cambio y, pese a que todas esas administraciones han maquillado al alza el presupuesto, la Cultura sigue suponiendo una inquietud menor de la inversión.
La Cultura pesa un 0,46% en el presupuesto de la Generalitat, un 5,26% en el de la Diputación y algo menos del 4% en el del Ayuntamiento, aunque cabe diferenciar a las tres administraciones. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha supeditado su estrategia al lanzamiento de un plan estratégico para la legislatura precedido por un código de buenas prácticas, regenerando la capa de directores y subdirectores (ésta, pendiente) de su estructura e iniciando procesos legislativos propios. Con Albert Girona como secretario autonómico de Cultura y Carmen Amoraga como directora general de Cultura y Patrimonio, el conseller Vicent Marzà se ha enfrentado a conflictos de urgencia como el relevo de Paz Olmos al frente del Museu de Belles Arts San Pius V, la asunción del conflicto interno generado por la creación de CulturArts, el estado latente del Consorcio de Museos y la presión particular de las instituciones y grupos laborales con problemas enquistados.
En concreto, la Diputación de Valencia es la que -desde unas cuentas generales en superávit- más libre ha parecido mostrarse durante estos primeros meses de gobierno. Libre también para escoger a algunos de sus nuevos directores de museos de forma directa, ajena al citado código de buenas prácticas, como en el caso de el MuVIM o el Museu d’Etnologia, y libre para realizar encargos menores del ámbito, como el rediseño de la marca turística o la de la Institució Alfons el Magnànim, a diferencia del saneamiento en estos procesos del resto de administraciones públicas valencianas. En un asunto muy paralelo pero oportuno, el diputado de cultura Xavier Rius quiso que su primer acto público en el cargo sirviera para desagraviar a Romà de la Calle (recientemente integrado en a IAM).
Por su parte, el Gobierno local ha encontrado sus retos particulares en la reducción del 86% del presupuesto y el 26% del personal para Cultura durante la última década. Una realidad, con un handicap añadido: la creación de tres concejalías para repartir los exangües recursos. ¿La razón? El reparto político y la idiosincrasia insondable de las Fallas. El resultado: Patrimonio Histórico y Recursos Culturales, en manos de Glòria Tello (Compromís), Acción Cultural, en manos de María Oliver (València en Comú) y Cultura Festiva, en manos de Pere Fuset (Compromís). Un estado troceado de la cultura que, como peculiaridad añadidura, convive con un organismo autónomo que supera de lejos y en algún caso duplica el presupuesto de esas concejalías: el Palau de la Música.
Con todo, esta es la situación de la cultura valenciana que surge en torno a las administraciones públicas valencianas del arte, el audiovisual y la música. Mañana jueves, completarán el análisis las artes escénicas, libros y bibliotecas, fiestas y patrimonio.
Antes de abordar una a una la situación de las disciplinas, es importante resumir los objetivos de este plan autonómico. Impulsado por Marzà y elaborado durante el primer trimestre del año, su principal baza es operar bajo "criterios evaluables". Así lo anunció el representante de la Facultat d'Economia Aplicada de la Universitat de València, Pau Rausell, encargado de conducir el proceso "participativo" en el que se han tenido en cuenta "los programas y criterios de los partidos en el Gobierno". Dicho de otra forma por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "respira el ambiente del Pacto del Botánico". En un sentido político, según ella misma, pasar "de la ocurrencia a la estrategia".
El plan, desarrollado "mucho más rápido de lo que nos gustaría o estamos acostumbrados en el mundo académico", según Rausell, aspira a invertir más de 500 millones de euros en lo que queda de legislatura hasta alcanzar el 1% del último presupuesto de la Generalitat, el que corresponderá al ejercicio de 2019-2020. O sea, más que duplicar los recursos actuales para lo fines culturales. Sus "cinco ejes básicos" son la industrialización y consolidación de los sectores culturales y creativos, la territorialización, la cooperación interinstitucional, la internacionalización y la democratización y acceso a la cultura).
Entre los cambios de caras y procesos judiciales, los contenedores artísticos de la Comunitat Valenciana han sido noticia en estos meses más por su continente y estructura que por los fondos que atesoran. En este caso ha sido el Consorcio de Museos el último organismo en dar la bienvenida a su nuevo gestor, el crítico de arte y abogado José Luis Pérez Pont. Elegido a través de una convocatoria pública, siguiendo los parámetros del Código de Buenas Prácticas que en otros casos no se han aplicado, el alicantino toma el relevo de Felipe Garín con el proyecto ‘Apoyar el presente para construir el futuro’, plan seleccionado de entre los trece que optaban a la dirección, entre ellos, el de la gestora cultural Mayte Ibáñez, con quien se estuvo disputando la plaza hasta el último momento.
Pérez Pont coge el timón de una institución de la que él mismo ha sido crítico, un perfil combativo que genera filias y fobias y que lo ha convertido en una de las figuras más mediáticas del ámbito cultural valenciano. Hace años que pide una reorganización interna y la necesidad de una “participación real y efectiva” de Alicante y Castellón, además de una “transparencia” y apertura de puertas que ha querido plasmar el ‘Viaje al futuro’, la fiesta de ‘reapertura’ del Centro del Carmen tras su toma de posesión. “A partir de ahora la política del centro será participativa e incluyente. Los comisarios podrán presentar sus proyectos y no será necesario ser amigo del director ni de nadie de la institución. Las redes sociales o las afiliaciones políticas no les ayudarán a participar en la programación”, explicó a Cultur Plaza.
Es precisamente en Alicante y Castellón donde ha dado sus primeros pasos como gestor, anunciando medidas con las que pretende descentralizar el Consorcio y hacerlo atractivo de norte a sur. En resumidas cuentas: crear un proyecto común y no uno central que vaya de tournée. Con la mirada puesta en reconquistar estos dos terrenos, la tensión todavía no ha desaparecido con el Ayuntamiento de Valencia, un encuentro que se producirá en las próximas semanas. Fue la concejala del Partido Popular Mayrén Beneyto quien rompió la relación retirando la aportación de 150.000 euros que anualmente concedía religiosamente al Consorcio ante la “incompresión” de Garín. La sorpresa vino con la llegada de Glòria Tello al Consistorio. No solo avaló la decisión de la edil popular sino que urgió a la necesidad de cambiar un modelo que, sencillamente, no le resulta “interesante”.
“Lo que yo necesito no es lo mismo que el [ayuntamiento] de Alicante o la Diputación de Castellón […] Es inviable pagar tanto”, explicó Tello. Con la relación Ayuntamiento-Consorcio en stand-by, la política expositiva del Ayuntamiento de Valencia se ha reducido en estos meses a una convocatoria pública por la que la concejalía ofrece a artistas locales espacios como las Atarazanas, el Almudín, la Sala Municipal y la Galería del Tossal, una programación todavía por definir y que será confeccionada por técnicos, expertos y representantes de las instituciones. El proceso de selección, que se abrió el pasado mes de febrero, se cerró hace apenas una semana con más de un centenar de propuestas sobre la mesa. En palabras de Tello, esta acción ha supuesto “un cambio radical en la política expositiva del Ayuntamiento” que ha llevado a “democratizar” el acceso a las salas municipales.
El proceso de selección, aplaudido por muchos y defendido a capa y espada por la edil, fue puesto en duda cuando desde el área se instauró un doble rasero para la concesión de ayudas. Con 20.000 euros del área de Cultura y 15.000 más de la concejalía de Turismo y Alcaldía, el Ayuntamiento de Valencia quiso sumarse a la Generalitat y Diputación para financiar el festival de artes escénicas Tercera Setmana, un procedimiento que fue ampliamente criticado por el sector cultural al no haber actuado a través de una convocatoria pública. A la espera de conocer si el volumen de proyectos presentados corresponde con la calidad de los mismos, la reunión Tello-Pérez Pont sigue pendiente, un encuentro clave que determinará el futuro del organismo aunque, según parece, la solución no pasará en ningún caso por que el Ayuntamiento vuelva a aportar una cantidad de la que no están dispuestos a desprenderse.
El puesto del nuevo director del Consorcio de Museos está marcado por un triángulo de mujeres: la propia Tello; la Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y, también, Consuelo Císcar. El alicantino es considerado por muchos el archienemigo de la malograda exdirectora del IVAM, ahora investigada por su gestión del museo. Del blanqueo de billetes de 500 euros a la investigación sobre si Císcar favoreció desde el Instituto Valenciano de Arte Moderno a su hijo artista, la urgencia del nuevo director del museo, José Miguel G. Cortés, por “finiquitar” el pasado no cala, máxime con las críticas que recibió por mantener a Raquel Gutiérrez, investigada en el caso, en su equipo.
“No hay caso IVAM, hay caso Consuelo Ciscar y eso lo dirán los jueces", urgió Cortés a los medios de comunicación en su intento por alejar de una vez por todas el museo de la polémica. De la sección de tribunales a cultura. Ese proceso depurativo pasa también por la nueva ley, anunciada por conselleria para el primer semestre de este año, y que prevé dote a la pinacoteca de una mayor independencia del poder político y mejorar su fiscalización económica. Sin embargo, desembarazarse del peso mediático de Císcar les será difícil, sobre todo porque, a pesar de la investigación, sigue vinculada a la administración.
Aunque desprovista del título de directora honoraria del IVAM, Consuelo Císcar sigue siendo parte del Consell Valencià de Cultura (CVC), una plaza que no está dispuesta a perder. Esta misma semana rechazaba comparecer en Les Corts para justificar su silla porque podría interferir con “la legítima defensa” de su honor y “la permanente honradez” de sus acciones, adució. Lo cierto es que ni ella se va ni el CVC puede echarla, puesto que el reglamento solo contempla la expulsión de uno de sus miembros en caso de que exista una condena “por sentencia firme”. Esto la pone en una situación tan inusual como que, en tanto que parte activa del CVC, participará de la creación de la nueva Ley del IVAM.
El año de las nuevas oportunidades, como la de Francesc Tamarit al frente del Museu d'Etnología, y, también, de los retornos. Es el caso de Romà de la Calle, que vuelve a la administración para dirigir las colecciones de arte de la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, tras ser cesado en 2010, y el de Rafael Company, que tras 14 años vuelve a la dirección del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM). Este último promovió la que se ha convertido en una de las exposiciones de la temporada: La modernidad republicana en Valencia. Innovaciones y pervivencias en el arte figurativo (1928-1942), en la que ha sacado a relucir 280 piezas, muchas de ellas guardadas durante años.
Por su parte, el Museo de Bellas Artes San Pío V ha querido en los últimos meses renovar su cáscara, con la ejecución de parte de las obras de modelación, y su discurso, a través de la creación de un ambicioso plan museológico. El proyecto, aunque con el rechazo de la Academia de San Carlos que acusó a la dirección de tratar a la institución como a un “inquilino molesto”, ha servido para repensar el espacio, aunque de momento no se trata más que de una lista de buenas intenciones hasta que se resuelva el concurso anunciado por la conselleria hace meses para encontrar sustituto al actual director en funciones, José Ignacio Casar.
El audiovisual valenciano contiene la respiración a la espera de la reactivación del servicio público de radio y televisión, toda vez que los informes han demostrado la devastadora dependencia laboral del sector con el organismo: de 2012 a 2015, el número de empleados pasó de 6.792 a 1.085. Limitando el análisis a lo que parte de las administraciones públicas, la valenciana es única comunidad autónoma con lengua propia que carece del servicio, mientras aguarda los tiempos y trata de resolver el enjambre administrativo y judicial al que está supeditada su reapertura.
Con los extrabajadores -a los que Vidal, Alto Comisionado entonces, dejó un mensaje en septiembre, en uno de tantos debates celebrados- a la espera de conocer el marco laboral para su readmisión -en todo caso, parcial-, la nueva RTVV tendría un presupuesto anual de unos 50 millones de euros a partir de 2017. Para este curso, cuenta con una previsión de 29 millones de los cuales 5 se destinarían a relanzar técnicamente los servicios, 15 para la compra de programas de continuidad, documentales, películas, series y animación y 9 más para la contratación de personal y funcionamiento.
Entre las claves de fórmulas y tiempos (la ley debería aprobarse en junio y el Consejo Rector que lo gestione iniciaría contrataciones y compras en julio), cabe destacar que la primer plantilla que reactivaría los servicios sería contratada eventualmente. El Consell plantea promover un proceso de oposiciones, para el cual se abriría una horquilla temporal que, como pronto, tendría ganadores para el segundo semestre del próximo año, sin delimitar el peso de los extrabajadores para la misma. Eso sí, por lo firmado en el proceso de ERE con la antigua plantilla, fuentes del Gobierno valenciano han asegurado a este diario que se mantiene la idea de priorizarlos entre los primeros contratados para la reactivación. La cifra sigue siendo pura elucubración, aunque la más repetida oscila entre los 200 y 300 trabajadores en su renacer con mano de obra “temporal”.
Por otro lado, el ejecutivo saca pecho de los 15 millones de euros destinados a la producción, abriéndose a contenidos preexistentes y de nueva creación: “es la mayor inversión realizada en este ámbito por ningún gobierno anterior en la Comunitat”. En el momento de la redacción de este artículo las productoras valencianas ultiman la presentación de proyectos que la secretaría autonómica de comunicación espera “a cientos”. Su recepción es meramente consultiva, para no incunmplir con la legalidad que impera previa a la ley. ¿La razón? Que el Consejo Rector escoja entre todo lo recabado con tal de acelerar el proceso final de reapertura que se espera esté operando antes de la finalización de 2017 (según sus propias previsiones).
Otro instrumento fundamental es Cinema Jove, certamen internacional del audiovisual cuya coordinación no ha mejorado precisamente tras este primer curso (aunque sí su presupuesto). A la sombra de la Mostra de Cinema del Mediterráni hasta su desaparición, la escalada de recortes durante los últimos acabó por determinar que su producción saliera a concurso. La salida a concurso este año de ese aspecto fue denunciada por una de las candidatas y un recurso administrativo acabó por paralizar su producción, tal y como avanzó Valencia Plaza. ¿La solución? La pericia del recién llegado director de CulturArts, Abel Guarinos -el “marrón” le cayó en las manos la primera semana de mandato-, para convencer a los trabajadores del Institut Valencià de la Cinematografia (IVAC) de que habrá que “sacar adelante la edición como sea”.
Con este plan y una serie de contrataciones menores por servicios, habituales también otros años, Cinema Jove afronta su trigésima primera edición como un match ball, operando en poco más de un mes. Detrás de todo el asunto continúa su director, Rafa Maluenda, que para este año ha incorporado una sección de webseries, ha celebrado el aumento global de su presupuesto (algo más de 100.000 euros por curso) y no parece sentirse apelado por la decisión por parte de la conselleria de sacar su plaza a concurso durante los próximos años. La información también la publicó este diario, para un cambio de dirección que llegaría como pronto para su próxima edición y como tarde para antes de la trigésimo tercera.
La administración autonómica, la provincial y la local han irrumpido además en el festival interdisciplinar Mostra Viva. La joint venture que recogió el nombre del certamen público ahora cuenta con diferentes dotaciones directas de estos organismos (20.000 euros por parte de la Diputación y 20.000 por parte del Ayuntamiento), con una ayuda por determinar por parte de la Generalitat. Además, colaboran con la cesión de espacios como el IVAM, el MuVIM o el Palau de la Música, entre otros. Hasta la fecha contaba con tres ediciones, todas ellas, incluida la última, orquestadas como previas del festival (cine, música, poesía, escena y arte) que ambiciona ser. Por los recursos y el apoyo institucional, se espera que este 2016 (del 7 al 16 de octubre) muestre el potencial de dicho proyecto.
El certamen que aterriza en Valencia es el festival DOCS, “un balón de oxígeno para el sector audiovisual valenciano y para la oferta cultural en nuestra ciudad, dado que se trata de una iniciativa ya testada con una década de éxito desde que se está celebrando en Ciudad de México”, aseguraba la concejal delegada de Cultura, Glòria Tello. El mismo, impulsado por valencianos, contará con una ayuda directa de 20.000 euros por parte del Ayuntamiento de Valencia “porque de otra forma no se podría celebrar”, aseguró la concejal a este diario, y por la ya citada generación de empleo. Una generación que Tello vincula al área del audiovisual entendida como producción de contenidos.
Aunque se desconocen las fechas exactas para su primera edición en Valencia, se adelantó que estas serían en el mes de noviembre “para poder ser presentado después en el IDFA de Amsterdam”, el festival de documentales más importante de Europa. De ser así podría solaparse con el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina, que ese mes celebrará su novena edición en Valencia.
El doble rasero en las ayudas de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en el área de Cultura, justificadas cara a cara con los agentes culturales que admitieron sentirse ofendidos por la situación, han marcado una parte de la relación en este primer año. Pese a que Tello y Oliver han negado que exista esa doble vara de medir, lo cierto es que por sus criterios algunos proyectos han recibido esa ayuda directa -en el caso del festival de escénicas Tercera Setmana por ser "una decisión del equipo de gobierno"- mientras que a otros se les ha invitado a competir por 150.000 euros cuya convocatoria se abrió recientemente.
Con la continuidad del programa de fomento de la creación y producción, de la financiación, de la formación, el de las opciones formativas de excelencia para el sector de los videojuegos y el programa educativo para la alfabetización en la producción (todos ellos incluidos en el Plan Estratégico), las principales novedades son estas, con la alargada sombra de Canal 9 operando sobre todos estos planes.
También ha supuesto este año para el audiovisual la reactivación de la Valencia Film Office. Con la eliminación de tasas para rodar en la ciudad de Valencia y el trabajo, de la mano de las asociaciones profesionales, para crear una ventanilla única que facilite la comunicación con el Ayuntamiento, el proyecto para convertir al cap i casal en el plató urbano de Europa está tomando vuelo. Los primeros resultados de 2016 ya dejaron ver la incidencia de las políticas municipales, pues el volumen de solicitudes recibidas por la Fundación Turismo Valencia para rodar durante el primer trimestre ya superó los datos de los últimos cinco años.
El propio Plan Estratégico del conseller Marzà celebra en su redacción haber escuchado a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) para resolver sus históricas demandas. Así, la hoja de ruta menciona su objetivo para la “coordinación e interlocución unificada para resolver las demandas de la FSMCV”. Entre otros detalles, contempla implementar el enseñamiento reglado de la música de transmisión oral valenciana como especialidad, crear “alguna estructura administrativa para coordinar el carácter poliédrico y transversal de la cultura tradicional”, además de un centro educativo y pedagógico de referencia para coordinar la red asociativa que se deriva de esta realidad cultural.
El Palau de les Arts, lejos de verse afectado por el carácter elitista de sus propias producciones y de la creación musical y escénica que se deriva de la ópera, ha visto reforzado el apoyo por parte de la Generalitat Valenciana. Hacer viable y reducir sus precios ha supuesto una inversión extra de 2,4 millones de euros, reforzando el vínculo de la Conselleria con el coliseo valenciano que dirige Davide Livermore. En este ámbito, el principal enfrentamiento laboral sigue abierto -aunque solventado verbalmente- con el Cor de la Generalitat. Este cuerpo artístico ha de integrarse en la reestructuración de la administración que les obliga a cobrar -o figurar como tal- a partir de titulación, pero los profesionales no poseen el equivalente al que CulturArts pretende exigir.
Del conflicto también avanzó la información y su posible solución este diario, mientras, tal y como publicó en exclusiva el fin de la inyección económica por parte del Ayuntamiento de Valencia en concepto de entradas y palcos. 240.000 euros esenciales para las citadas ayudas directas y los proyectos sin ánimo de lucro culturales.
No obstante, en materias como la música popular, desde la Generalitat se han autoimpuestos unos criterios llenos de ambición, como por ejemplo alcanzar los 2,5 millones de espectadores de música en vivo o llevar la cifra de los 4.900 conciertos hasta los 10.000 a final de legislatura. Además, quiere impulsar una feria bianual de la música en valenciano en torno a TROVAM, generar una etiqueta de calidad para la música en vivo, aliviar cuestiones burocráticas y de transparencia para músicos y compositores y crear un catálogo de espacios públicos y privados para la música en vivo.
Por último, en el ámbito Generalitat y aunque con no menos repercusión, queda la canción protesta entondada por la escena musical valenciana al son de la gira ‘presidencial’ de Raimón: 90.000 euros de financiación directa para 17 conciertos por toda la Comunitat, con el recital Raimón a casa, que parten con la idea de ser cofinanciados por diputaciones provinciales y Ayuntamientos (según el diputado del Partido Popular, Luis Santamaría, hasta los 270.000 euros). Voces consolidadas de la escena musical valenciana como las de Senior u Óscar Briz alzaron la voz, aproximando la distancia de las cifras con la precaria situación de muchos músicos valencianos.
Buena parte del debate lo recogió el diario Levante EMV, pero la gira promovida directamente desde Presidencia de la Generalitat no ha matizado ni una coma de su plan. Casualidad o no, Raimón ha vuelto a los escenarios (su concierto en el Principal de Valencia todavía resuena de emoción entre quienes asistieron), pero también y en apenas unas semanas Silvio Rodríguez o Paco Ibáñez, en un entorno de aproximaciones y coincidencias de interés poco casuales.
La Diputación ha reconducido in extremis (por fechas) el certamen Sona la Dipu. Llegó a cambiar de nombre de manera extraoficial (Resona La Dipu), dejó atrás su certamen de Dj’s sin más explicación que la de las decisiones técnicas y, finalmente, ha dado la vuelta a su propuesta enfocando buena parte de sus recursos a la proyección de los grupos ganadores en la colmena de festivales internacionales que operan desde España. No se fabricarán más CD’s y se tratará de poner el foco en que los ganadores, ahora escogidos por un jurado profesional y cuyos nombres se conocen, se enrolen en la escena nacional. Con la misma voluntad política pero distintas trazas presupuestarias, la Diputación también ha impulsado dos giras al estilo de la de Raimón: la de Pep Gimeno el Botifarra y la de Dani Miquel. Ambas prosiguen durante estos meses; la primera, a razón de 3.000 euros de caché cofinanciados con los municipios (se propusieron 10, pero la cifra ya se ha superado y solo la detendrá la demanda o el fondo de armario presupuestario); la segunda, sin que se hayan concretado el número de conciertos, un tanto a la expectativa de agenda y posibilidades del propio Miquel.
Por su parte, en el Ayuntamiento de Valencia la principal baza vinculada a la música -además de la activa programación que se deriva de centros financiados con dinero público como el Teatre el Musical, Espai Rambleta o Las Naves- es la Feria de Julio. El primer curso político de Pere Fuset, titular de Cultura Festiva, hizo que la gestión de las fiestas de Navidad y, esencialmente, sus primeras Fallas, se comieran el tiempo operativo para que la Feria de Julio se convierta en lo que el concejal asegura ha de ser. ¿El objetivo? Coordinar esfuerzos con Conselleria y Diputación, que los conciertos se extiendan por la ciudad, especialmente los de mediano y pequeño formato, y que el cartel aspire a competir por artistas internacionales que en esa época están de gira en Europa. El cartel de esta temporada, con ligeros matices, bien podría haber sido el de cualquiera de los últimos años (y también sus precios y distribución por días).
Los promotores valencianos aguantaron el envite, aunque finalmente mostraron públicamente su queja por los tiempos. Fuset admitió los retrasos y se escudó en las limitaciones en recursos humanos para su gestión, aunque el plan para que la Feria de Julio pase a operar como un atractivo para giras internacionales importantes y se alie con factores económicos como el turismo es una asignatura de obligado cumplimiento. El presupuesto del próximo curso en el consistorio también pesará y mucho en sus posibilidades.
Por último, el Ayuntamiento lanzará en cuestión de semanas un plan de apoyo -vía ayuda directa- para la producción de música de grupos valencianos. Desde el equipo de trabajo de Tello se trata de concretar la fórmula para que perdure a lo largo de la legislatura, pero por el momento se desconocen plazos y detalles.
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