La Fiscalía pide prisión para exdirectivos del Banco de Valencia por invertir en una empresa "inviable"

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta cuatro años de prisión para tres exdirectivos de Banco de Valencia (BdV) a los que atribuye un delito continuado de administración desleal por unas operaciones que, según el FROB (Banco de España), causaron un perjuicio a la entidad de más de 29 millones de euros.

Se trata de la inversión en la empresa Acuigroup-Maremar, que era propiedad del exministro Antonio Asunción y el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Társilo Piles, que según el fiscal nunca debió haberse producido de acuerdo con un informe encargado por el propio Banco de Valencia. Los responsables de la inversión fueron, según el escrito, el entonces consejero delegado del banco, Domingo Parra, y el director del Departamento de Participadas, Juan Carlos Zafrilla.

Según el fiscal Anticorrupción, Zafrilla encargó un Informe Económico Financiero a la entidad ALTER VÍA Procesos de Gestión, que fue emitido el 12-6-2007 con una opinión "desfavorable" para todas y cada una de las sociedades que debían fusionarse en una sola (Acuigroup Mare-Mar SL, Acuicultura del Mediterráneo, SA, Cultivos Marinos Crimar SA y Cultivos Marinos Costa Blanca SA). Las causas esenciales de tal opinión radicaban, entre otras, en la "ausencia de libros contables oficiales...", en que las cuentas no estaban depositadas y en la práctica imposibilidad de pronunciarse con rigor sobre las existencias.

A pesar de ello, y a través de la sociedad Inversiones Valencia Capital Riesgo SCR, SA (IVSCR), Parra y Zafrilla acordaron invertir en la sociedad, que valoraron en 30 millones de euros, con un desembolso de 6 millones de euros, 3 millones en metálico para Asunción y Piles y otros 3 millones mediante una ampliación de capital con la que IVSCR alcanzaría un 20% de participación. La operación quedó condicionada a la finalización de la due diligence.

Según Anticorrupción, tal due diligence no consta fuera efectivamente realizada, ni antes de la firma del contrato de 8-8-2007 denominado "compromiso de adquisición de participaciones sociales y de suscripción de ampliación de capital", firmado, por un lado, por los vendedores (Antonio Asunción y Társilo Piles), y, por otro, por el comprador (el acusado J. Carlos Zafrilla en nombre de IVSCR), fecha en la que eeste entregó al citado Asunción un cheque del BdV por importe de 3.000.000 euros, ni tampoco antes de la escritura pública 21-12-2007 en la que el BdV desembolsa otros 3.000.000 euros como ampliación de capital de Acuigroup Maremar, SL, denominación de la mercantil surgida tras la fusión".

Además de la ausencia de la due diligence, la información suministrada para la aprobación de la operación en la sesión del Consejo de Administración del Banco de Valencia "resultó, amén de escasa, sesgada en cuanto al fondo, incluso con base en el propio informe encargado por el BdV", según el fiscal.

"Previsión desorbitada", "extravagancia de cálculo"

El fiscal habla de "previsión desorbitada" de los ingresos de la piscifactoría y de "extravagancia en el cálculo" de la tasa interna de retorno (TIR) para destacar la falta de fundamento de la inversión. "Consecuencia del proceso descrito, que condujo a la entrada totalmente indebida del BdV en Acuigroup Maremar SL", fue que Zafrilla "pasara a formar parte, en representación de IVSCR, del Consejo de Administración de aquella, en el cual se mantuvo hasta octubre de 2008, cuando fue sustituido por el acusado Celestino Aznar", prosigue el fiscal.

Respecto a la gestión de la piscifactoría, Anticorrupción destaca que la compañía no tuvo los resultados esperados, circunstancia que fue ocultada por los representantes de IVSCR al Consejo de Administración del BdV o disfrazada de unas previsiones de recuperación que no se cumplieron. 

La 'solución' que adoptó el banco para intentar salvar la empresa es otro de los argumentos de la Fiscalía para sostener su acusación. La entidad decidió inyectar más fondos y aumentar su participación al 68%, cuando, según el fiscal, lo que tenía que haber hecho es adoptar "medidas drásticas, la más plausible la venta de la participación del 20% en una sociedad prácticamente inviable".

Asegura el fiscal que "el citado incremento no fue llevado para su explicación y eventual aprobación al Consejo de Administración del BdV, procediéndose únicamente, en la Junta General de IVSCR de 20-7-2010, en la que Domingo Parra representaba a dicho Banco, a acordar un aumento de capital de la sociedad inversora en 5.000.000 euros, pero sin referencia alguna al destino de tal cantidad, que, además, suponía contravenir los propios Estatutos de la sociedad instrumental inversora, que establecían unos porcentajes generales de participación entre un mínimo del 10% y un máximo del 30%".

Fue en ese momento cuando Asunción y Piles fueron apartados de la gestión y se presentaron sendas demandas cruzadas, del Banco contra los dos expolíticos y de estos contra el banco, que fueron desestimadas por el juez y por la Audiencia Provincial en sentencias en las que cuestionaban la racionalidad de la inversión del BdV. Según una de estas sentencias, "a la hora de decidir la inversión ..., la sociedad demandante (BdV) se pudo guiar por intereses o relaciones personales", y añade que “...se ignoran las razones por las que la sociedad demandante decidió invertir 5 millones de euros más en una sociedad que ya sabía que no era rentable", y que "todo ello son indicios de un comportamiento negligente de la sociedad demandante".

Para el fiscal, es delito

Anticorrupción considera que este comportamiento negligente tiene indicios de delito de administración fraudulenta o desleal por el perjuicio causado el banco, que cifra en 29,1 millones de euros. De ellos, 17,62 millones fueron inyectados en el grupo acuícola cuando el banco ya estaba intervenido por el Banco de España y administrado por el FROB, que vendió el BdV a Caixabank. Posteriormente, Caixabank vendió las instalaciones de la piscifactoría ubicadas en Puerto de Sagunto a la familia canadiense Cooke, mientras que la sociedad Acuigroup Maremar fue a liquidación.

Por ello, solicita para Domingo Parra una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño, de hecho o de derecho, de las funciones de administrador de cualquier entidad financiera, mientras que para los directores de Participadas, Zafrilla y Aznar, solicita tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño, de hecho o de derecho, de las funciones de administrador de cualquier entidad financiera. Además, pide que solidariamente indemnicen con 29,1 millones de euros a Caixabank, la entidad que compró por un euro el Banco de Valencia, como sucesora universal de esta entidad.