La Justicia a pedales

VALÈNCIA. Se preguntaba Pedro Viguer en voz alta el otro día si realmente nuestros gobernantes tienen interés que el sistema judicial funcione. Lejos de ser una pregunta retórica —es obvio que la respuesta es no—, el asunto tiene muchos matices, empezando por si esa respuesta negativa se refiere a simple desinterés porque, como diría Rajoy, "hay otras prioridades" o hablamos de que algunos tienen interés en que la Justicia siga yendo a pedales en la España del AVE. Lo primero es obvio desde hace 40 años, lo segundo es una sospecha cada vez más extendida.

Volviendo la pregunta del revés, llegamos al clásico qui prodest y nos encontramos con que los únicos beneficiarios del retraso tecnológico y por ende de la lentitud de la Justicia son los morosos y los delincuentes. Los delincuentes de verdad, ni siquiera los presuntos, porque entre los presuntos hay inocentes y, por tanto, perjudicados por la absolución tardía.

Lo fácil sería suponer que el Gobierno actual, formado por un partido procesado por corrupción, con corruptos ya condenados y con decenas de imputados por presunta corrupción, no tiene interés en modernizar la Justicia, pero lo cierto es que ni Felipe González ni Aznar ni Zapatero destacaron por encima de Rajoy en su esfuerzo por mejorar este servicio público. Además, la modernización en lo personal y material corresponde más a las comunidades autónomas que al Estado, que es el responsable de organizar la estructura judicial que padecemos. 

Ahí está el primer fallo, el reparto de competencias entre administraciones y poderes del Estado es muy mejorable. Además, es la excusa perfecta para que unas y otras administraciones se echen la culpa, cuando lo cierto es que ninguna demuestra en sus presupuestos un verdadero interés por mejorar las cosas.

No obstante, no todo es achacable a que los sistemas informáticos no estén conectados, a los procedimientos decimonónicos o a los desequilibrios entre las dotaciones de los juzgados y su carga de trabajo. Cuando la falta de medios es evidente, el empeño de jueces, fiscales y funcionarios por hacer útil la Justicia se hace más necesario, porque demasiadas veces las sentencias llegan tan tarde que tienen más de epitafio que de resolución.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula la amnistía fiscal de Montoro es un ejemplo más, ni el primero ni el último, de mal funcionamiento de la Justicia, en este caso no ordinaria. El TC, donde acaban importantes asuntos de la justicia ordinaria, no es más rápido que cualquier juzgado saturado, con el agravante de que sus resoluciones pueden ser de tan largo alcance como las del Supremo. 

Hagamos memoria: el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal se presenta en 2012, la posibilidad de echar el guante a los evasores que gracias a Montoro blanquearon su dinero en la mismísima Agencia Tributaria prescribió en noviembre de 2016 y la sentencia del TC llega siete meses después, vaya por dios. Como resultado de esa tardanza, la sentencia no tiene ninguna consecuencia aunque dijera cosas que harían dimitir a un ministro de un país normal, como que el perdón a los evasores "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". La publicación de la sentencia cinco años después supone la abdicación del Constitucional ante su obligación de hacer que sus sentencias sirvan para algo más que una comparecencia del ministro en el Congreso.

Otro lamentable caso que afecta igualmente al interés público es el de la sentencia sobre el edificio de Tabacalera en València, que declaró ilegal la demolición de varias naves protegidas y por extensión del mayor pelotazo urbanístico habido en la ciudad. Igual que en la sentencia de la amnistía fiscal, la argumentación de los magistrados era tan contundente como inútil: "La descatalogación, pérdida y demolición de las naves se ha realizado contraviniendo el interés público de conservación de un conjunto industrial protegido y con el único objetivo de generar suelo para una operación especulativa". Habría que preguntar a los magistrados que en su día rechazaron la suspensión cautelar de los derribos si no se contravino entonces el interés público, dado su indudable efecto irreversible.

Se podría escribir un libro sobre las dilaciones indebidas en los casos de corrupción, que benefician precisamente a políticos que no han puesto los medios para que la Justicia vaya más rápida. Políticos que llevan años poniendo parches legales que nunca van acompañados de la necesaria dotación económica. "Leyes avanzadas con medios tercermundistas que no permiten aplicarlas", como lamentaba Viguer en la conferencia que pronunció en el aniversario de Tomarial.

Pero más que en la penal, es en la jurisdicción contencioso-administrativa donde se dan los casos más sangrantes, entre ellos los urbanísticos. Un último ejemplo: miles de padres han matriculado estos días a sus hijos en colegios públicos y concertados que están organizando sus niveles de aprendizaje de Infantil según el modelo del decreto de plurilingüismo que en pleno período de matriculación suspendió cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El atasco en la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal valenciano debe de ser importante y quienes están a la espera de que se resuelva su caso no entenderán que se dé prioridad a uno que acaba de plantearse, pero tampoco se entendería que cuando empiece el curso escolar en septiembre no esté resuelto el recurso contra el decreto de plurilingüismo. Y para ello quedan cinco semanas, porque en agosto el contencioso-administrativo cierra por vacaciones.

Esto, entre otras miles de causas, es lo urgente. Lo importante es una reforma en profundidad de la Justicia con su correspondiente dotación económica, pero se ve que sigue habiendo alguien a quien no le interesa.