VALÈNCIA (EP). La Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat cerró 2018, su primer año completo, con un total de 31 reclamaciones, 53 sugerencias y tres consultas, de las que la gran mayoría (88,5%) fueron por discriminaciones lingüísticas hacia el valenciano, aunque todas se han resuelto satisfactoriamente salvo una.
Así lo recoge la memoria anual del órgano --que arrancó su andadura a finales de 2017 y no tiene potestad sancionadora--, presentada este martes por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, a los seis grupos políticos de Les Corts y a Delegación de Gobierno.
De las 87 solicitudes tramitadas en 2018, un total de 77 se presentaron en valenciano y diez en castellano, por lo que el departamento destaca la "diferencia abrumadora" ante "los valencianohablantes que consideran que se han vulnerado sus derechos lingüísticos".
Por temas, la mayoría (40,2%) estaban relacionadas con internet y redes sociales, hasta un total de 34; otras 22 con la rotulación y la toponimia (24,1%), 16 con escritos (18,4%), 12 con la atención oral (13,8%) y tres en otros ámbitos. Los principales motivos de las incidencias tenían que ver con el respeto a la toponimia, las notificaciones en una sola lengua o el etiquetado de productos.
Entre las situaciones que repasa la oficina están la atención a personas valencianohablantes en las estaciones de Renfe de las ciudades de València y Xàtiva (Valencia), la atención "deficiente" a una consumidora en una sucursal bancaria de València o la "reiterada actitud hostil" de una médica con varios pacientes.
Prácticamente, todas las solicitudes tramitadas en 2018 están finalizadas, a excepción una pendiente al Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), para que la rotulación esté disponible en valenciano. El centro, gestionado por una empresa privada en régimen de concesión, ha emitido una respuesta que la oficina "no considera satisfactoria".
De las que afectaban a la Generalitat, 20 tenían como destinatarias a varias consellerias, una con la Agencia Valenciana d'Avaluació i Prospectiva --por pedir un currículum en castellano-- y otra con el Consell Jurídic Consultiu (CJC) --por el idioma de la doctrina disponible en su web--.
La mayoría, hasta un total de ocho, tenían que ver con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la atención oral de pacientes, la rotulación deficiente en valenciano o la dispensación de recetas solo en castellano.
Ante esta situación, la oficina subraya que "las personas se sienten, con independencia de la lengua hablada, especialmente vulnerables en la sanidad pública", algo que advierte que "se agrava en el caso de encontrarse con actitudes hostiles por parte del personal médico y de atención sanitaria en cuanto al uso de la lengua propia".
En cuanto al resto, la de Educación sumó seis peticiones, la de Vivienda otras cuatro y tanto la de Agricultura como la de Justicia tuvieron una cada una.
Por parte de los ayuntamientos, tres consistorios valencianos recibieron reclamaciones en 2018. Uno de ellos, de "una gran ciudad" que la oficina no especifica, recibió una queja porque la información de actividades navideñas que proporcionaba la Oficina de Turismo solo estaba en castellano. Otro ciudadano se quejó de que en otra localidad no le facilitaron la prueba en valenciano en una bolsa de auxiliares administrativos.
En cualquier caso, la gran mayoría de las incidencias a nivel local, hasta 29, estaban relacionadas con el contenido de las páginas web institucionales, sobre todo con los perfiles en Facebook y Twitter, ya que la información solo figuraba en castellano.
A nivel estatal, siete quejas iban dirigidas al Ministerio de Fomento por rotulación o toponimia de carreteras, tres a AENA por el mismo motivo en aeropuertos y otras dos a Renfe por una atención oral a usuarios que no respetaba sus derechos lingüísticos.
También hubo una reclamación al Boletín Oficial del Estado (BOE) porque la legislación consolidada en la web no estaba en valenciano, otra a la Tesorería de la Seguridad Social por pedir a una ciudadano que hablara en castellano por teléfono y una última al Registro de la Propiedad de Nules (Castellón).
En general, de las 31 reclamaciones, 23 correspondían a derechos lingüísticos de personas que hablan valenciano y ocho a castellanohablantes, mientras que todas las 53 sugerencias eran relativas al valenciano. En cuanto a las tres consultas, dos tenían que ver con el castellano y la tercera con el valenciano.
La mayor parte de las solicitudes estaban relacionadas con el ámbito público, hasta 75 de 87 (86,2%), mientras que solo nueve se dieron a nivel privado (10,3%) y otras tres en un espacio indeterminado, por lo que no se han tramitado.
Por sectores, 25 reclamaciones tenían que ver con el ámbito público: 12 con la administración de la Generalitat, seis con la administración local, cuatro con el sector instrumental o institucional del Gobierno central, dos con el sector instrumental o institucional de la Generalitat y una con la administración general del Estado.
De las 47 sugerencias a nivel público, hasta 29 se dieron en la administración local, ocho en la de la Generalitat y cinco tanto en la general del Estado como en su sector instrumental o institucional. Y de las tres consultas públicas, dos a nivel local y una autonómico.
En el ámbito privado se presentaron tres reclamaciones en 2018, todas dirigidas a personas jurídicas: una a un colegio profesional, otra a una federación deportiva y una última relacionada con la gestión del ciclo del agua. También se interpusieron seis sugerencias a personas jurídicas, cada una en los sectores de comercio, seguros, transporte, bancario, colegios profesionales y construcción.
Por zonas, la mayoría de la solicitudes, hasta 76 de las 87, se presentaron en la provincia de Valencia, seguida de Alicante con seis y de Castellón con cinco. Esta distribución coincide con el lugar donde se produjeron los hechos: Valencia con 49 incidencias, Alicante con 21 y Castellón con 16.
En general, la mayor parte de solicitudes fueron presentadas por personas jurídicas (asociaciones cívicas, ayuntamientos o sindicatos), hasta el 62,1% (51 de 87), mientras que las 36 restantes (37,9%) las interpusieron personas físicas. Por sexos, los hombres fueron más activos al aglutinar el 75,8% de las peticiones (27) frente al 24,2% de las mujeres (nueve).
A la hora de resolver las peticiones, el 26,4% fueron competencia de la administración de la Generalitat y su sector público, con un total de 22; el 59,8% a otras administraciones públicas, hasta 50; el 10,3% a personas jurídicas privadas con nueve solicitudes, y el 3,4% a destinatarios indeterminados (tres).
De cara al futuro, el titular de Política Lingüística ha avanzado que la Conselleria de Educación y la Delegación de Gobierno estudian un acuerdo para "garantizar los derechos lingüísticos en la administración del Estado" y evitar "algunos casos de vulneración".
El 'president' de Les Corts, Enric Morera, ha destacado el papel de la oficina cuando este jueves, 26 de septiembre, se celebra el Día Europeo de las Lenguas en un contexto especial, con la conmemoración del 20 aniversario de la Carta Europea de los Derechos lingüísticos. "Tenemos que procurar que ningún valenciano pueda ser discriminado por razón lingüística", ha reivindicado.
La Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo da a conocer las funciones que tendrá este órgano y que se activará el próximo año
