La reserva del 40% de vivienda VPO para jóvenes caducará si no se vende en seis meses

VALÈNCIA. El nuevo decreto de la Generalitat Valenciana para regular la vivienda de protección pública, anteriormente conocida como VPO, pone el foco en dar una solución a la emergencia habitacional actual, con especial atención a los jóvenes. Tanto es así que una de sus principales novedades es la creación de una calificación de VPO exclusivamente para menores de 35 años, así como la obligatoriedad de dedicar el 40% de los inmuebles de cualquier promoción de viviendas de protección para ellos.

No obstante, esa reserva podrá 'caducar' si en el plazo de seis meses si las viviendas no se han adjudicado y no ha habido demanda. Entonces, se podrá ofrecer a a otros posibles adquirentes. De igual modo, en el caso de las promociones de viviendas calificadas en 'régimen especial de vivienda joven', si pasado el mismo periodo de seis meses no se ha completado su reserva, el promotor podrá cambiar su calificación y pasarla al régimen general, es decir, que podrá acceder cualquier persona siempre que cumpla con los requisitos de acceso a una VPO.

Así consta en el proyecto decreto publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Un texto cuyas líneas generales fueron anunciadas hace una semana por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Vivienda, Susana Camarero, y que ahora sale a información pública para abrir el periodo de alegaciones con un plazo de diez días dada la urgencia para su aprobación. Tras este trámite, deberá recibir el visto bueno de diferentes organismos públicos como el CJC o el CES para su posterior aprobación en el pleno del Consell.

De esta manera, el texto publicado en el DOGV entra en el detalle de algunos de los ejes presentados por el gobierno valenciano, como es la reserva del 40% de viviendas de una promoción de protección pública a jóvenes y familias monoparentales. Esta obligatoriedad será extensible tanto a proyectos promovidos por el sector público como privado, pero se fija un periodo para hacerlo efectivo con el objetivo de que esos inmuebles no queden vacíos. 

En este sentido, la regulación explicita que en el segmento de la compraventa "si transcurridos seis meses desde la calificación provisional, no se hubiera podido adjudicar la totalidad de la reserva de viviendas para jóvenes menores de 35 años y/o familias monoparentales, el promotor podrá solicitar autorización al Servicio Territorial competente para el ofrecimiento de las viviendas no adjudicadas a otros posibles adquirentes". El plazo será de tres meses en caso de inmuebles para alquiler con opción a compra, una vez esté la calificación definitiva.

De igual modo, el Consell ha creado una nueva calificación y categoría de vivienda protegida con el apellido 'para jóvenes' de manera que ahora la Comunitat Valenciana contará con viviendas VPO con la calificación general, para cualquier público, y este nuevo régimen especial de vivienda joven, destinada a este colectivo y a familias monoparentales. Sin embargo, como en el caso anterior, si pasan seis meses y no se completa la totalidad de la reserva, se podrá modificar la calificación a régimen general.

El objetivo de esta limitación temporal es evitar que las promociones no se completen o que por inseguridad jurídica, los promotores no saquen proyectos al mercado al estar limitada la oferta a un colectivo concreto. Con esta flexibilidad, lo que se garantiza es que se promueva vivienda para menores de 35 años, pero en el caso de no existir demanda, esos inmuebles puedan ir destinados a otros colectivos vulnerables.

Estas viviendas de protección pública de régimen especial de vivienda joven tendrán, según la normativa, una superficie útil máxima de 60 metros cuadrados, con un trastero y una plaza de garaje, mientras que las de régimen general contarán con una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. No obstante, "como máximo el 4% de las viviendas de un mismo edificio podrán tener una superficie superior hasta el límite de 120 metros cuadrados útiles", apostilla el texto.

Por otro lado, la norma también promueve la reserva de VPO para familias numerosas, en cada promoción. "En estos supuestos podrán adjudicarse a una sola familia numerosa dos o más viviendas en la misma promoción siempre que horizontal o verticalmente puedan constituir una sola unidad", explicita. También se tendrá en cuenta la accesibilidad en los proyectos para favorecer la inclusión de personas con discapacidad. 

¿Quién podrá acceder a una VPO?

El nuevo reglamento también incrementa el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años. De esta forma, se amplía el límite para acceder una VPO con el objetivo de aumentar el número de beneficiarios. En este sentido, la norma recoge que para acceder al uso de una vivienda de protección pública será necesario que los ingresos de la persona, unidad familiar o de convivencia no superen en 14 pagas 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de que sea una VPO de régimen general y de 5,5 veces el IPREM en las viviendas para jóvenes. 

A los efectos de este decreto, se considerará unidad familiar o de convivencia "al grupo de personas físicas que, teniendo una relación de parentesco o sin ella respectivamente, convivan de forma habitual y permanente en la misma vivienda". Por tanto, y teniendo en cuenta que el IPREM anual este año se sitúa en los 8.400 euros en 14 pagas, en el caso de los jóvenes, el límite de renta máximo se situará en cerca de 46.200 euros anuales, mientras que en el resto de casos estará en los 54.600 euros de renta anual en la unidad familiar o de convivencia.

Eso sí, habrá excepciones. En este sentido, los límites máximos de ingresos se incrementarán de forma acumulada atendiendo a la situación específica de cada hogar. Así, aumentará en 0,5 veces el IPREM por cada persona integrante de la unidad familiar o de convivencia que tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, en grado de absoluta o gran invalidez, para realizar una actividad laboral.

También, subirá en 0,2 veces el IPREM por cada persona menor de edad, siempre que se trate de un descendiente en primer grado o de una persona en acogimiento familiar, y en personas mayores de 65 años. De igual modo, se suavizará la exigencia en 0,5 veces el IPREM por cada persona mayor de 18 años y menor de 35 años, integrante de la unidad familiar o de convivencia.

Pero, además, otro de los ejes principales de la norma, y que ya se desveló durante la presentación de esta nueva regulación, es la subida del precio máximo del módulo de los 2.200 euros el metro cuadrado útil a los 2.400 euros que fija la nueva normativa del gobierno autonómico del PP. Eso sí, se ha creado un módulo dinámico' por el que cual ese precio se irá actualizando tanto al alza como a la baja en función del avance de los costes de construcción, la demografía del municipio y el precio de la vivienda libre en la zona. 

También, el nuevo decreto elimina la calificación permanente de este tipo de viviendas para las de promoción privadas y solo la mantiene en las de titularidad pública. Así, el periodo de protección será de 30 años para las promociones en suelos calificados para vivienda de protección pública, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven. 

Con todo, el objetivo es garantizar el derecho al disfrute de una vivienda "digna y adecuada" para "atender la creciente demanda de vivienda asequible para las familias con menos recursos", expone el preámbulo de la norma. Y más teniendo en cuenta que en los últimos años se ha producido un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda, provocando un crecimiento insostenible de los precios del alquiler y de compra de más del 90,5% y 48,7%, respectivamente.

"El nuevo decreto pretende favorecer que la vivienda de protección pública sea una opción posible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos que demanden una nueva residencia. Queremos corregir la situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana tras años de inacción en esta materia", subrayó Mazón durante la presentación del decreto.