La UCO registra Turismo Valencia en busca de pruebas de malversación del PP de Valencia

VALENCIA. Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este martes las oficinas de la sede de Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) en busca de los contratos firmados entre TVCB y la empresa Laterne Product Council (LPC) durante los años 2006 y 2007.

Según ha podido saber Valencia Plaza, los miembros de la UCO están buscando las pruebas que acrediten que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su grupo municipal, utilizaron fondos públicos para financiar su campaña electoral en el año 2007.

Al parecer la Guardia Civil va en busca de las pruebas que acrediten que, como en su día denunció la concejal del PSPV Ana Botella, los contratos firmados entre ambas empresas serían “contratos ficticios” por trabajos o bien no realizados, o bien con un coste muy inferior al contratado.

Los miembros de la UCO han estado desde las once de la mañana y, según las mismas fuentes, durante más de cuatro horas, pidiendo todos los contratos que puedan vincular en una trama corrupta de financiación irregular y malversación de caudales públicos a la empresa LPC, a Turismo Valencia, al grupo municipal del PP y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

Este registro se produce tres meses después de que este periódico entregara en la fiscalía las facturas originales, con el coste real, de la campaña de Barberá para las municipales de 2007. Ese año, el primer teniente de alcalde Alfonso Grau firmó un contrato con la empresa LPC por 150.000 euros aunque, según los papeles de LPC, el coste final de la campaña fue de 3.000.000 de euros, 20 veces más de lo declarado.

Coincide con su homenaje

El registro en las dependencias de Turismo Valencia coincidió con el homenaje organizado este martes por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ese acto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ensalzó su "extraordinaria" labor al frente del Ayuntamiento: "Rita era una persona buena, decente, trabajadora y siempre intentaba resolver los problemas de la gente".

El presidente del Ejecutivo cree que Barberá fue "una de las grandes personalidades" que ha habido en España tras la transición española. E incidiendo en que fue una "extraordinaria" alcaldesa durante más de 20 años, Rajoy ha destacado que Barberá consiguió que la ciudad fuera "más atractiva" y que se "modernizara".

Por otra parte, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible y presidenta de la Fundación Turismo Valencia, Sandra Gómez, manifestó la plena disposición del gobierno municipal con la justicia para que se aclaren cuanto antes todos los hechos relaciones con la supuesta financiación irregular del PP y aseguró que "lamentamos que una vez más noticias relacionadas con la gestión del anterior equipo perjudiquen la imagen de los valencianos y valencianas". Y apostilló que “no descartamos tomar medidas legales a través de la fundación en el caso de que se evidencie que se utilizó con otros fines que no fueran lo relacionados con su actividad”.

Además, quiso remarcar que frente al "pasado plagado de sospechas" el actual equipo de Gobierno está "trabajando para recuperar la reputación de los valencianos y la imagen de Valencia". Con este objetivo, ha recordado que la Fundación Turismo Valencia ha presentado el nuevo plan estratégico de turismo.

#RitaGate

Dentro de los delitos que la UCO investiga destaca la malversación de caudales públicos, cuya prescripción penal es de diez años. Tal y como publicó en exclusiva Valencia Plaza, los papeles de Laterne acreditarían que el grupo municipal del Partido Popular de Valencia utilizó dinero de TVCB, una empresa pública, para la campaña. Las aportaciones de Turismo Valencia para que Barberá revalidara la alcaldía fueron dos. La primera de 100.000 euros y una segunda de 431.000, siempre según los papeles de Laterne.

La UCO está investigando dentro de la pieza A o pieza del pitufeo, las donaciones de empresas con contratos con el consistorio y empresas públicas para la campaña de la exalcaldesa en el año 2007.

El conocido como #RitaGate muestra los papeles y las facturas en las que las empresas con contratos con el consistorio valenciano pagaron la campaña, una campaña 20 veces superior a lo que el grupo Municipal firmó (150.000 euros), y como se amañaron las facturas para evitar que el presunto delito electoral fuera detectado.

Entre los supuestos ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada, se encuentran Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).

Con dichas donaciones, según las facturas de LPC, en actos electorales el Grupo Municipal se gastó más de 665.000 euros, a los que hay que sumar otros 450.000 euros en medios de comunicación y cientos de miles de euros más en conceptos tan variados como grabar spots publicitarios, merchandising o comidas. La imagen de Rita Barberá y sus propuestas llegaron a todos los valencianos a través de radio, televisión, periódicos, internet, autobuses, marquesinas y vallas publicitarias. No quedó un barrio de Valencia sin su cartel. Los eslóganes Tu Valencia con Rita y Rita, que Valencia no pare llegaron hasta el último rincón de la ciudad. 

Nuevas declaraciones

Justo 24 horas después de que la UCO registre las oficinas de Turismo Valencia, dos de las principales imputadas por el blanqueo de capitales o pitufeo tendrán que volver a rendir cuentas delante de un juez. Tanto la secretaria del Partito Popular de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, como la exconcejal de Cultura y ‘pitufa’ confesa María José Alcón están citadas en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para ser interrogadas dentro de la investigación abierta contra el diputado autonómico Miquel Domínguez, actualmente investigado por blanqueo.

Además de la cajera del PP y de Alcón, también están citadas a declarar una de las testigos que se negó a blanquear dinero y la asesora de comunicación, Helena Rodrigo, que aseguró que cometió el delito engañada por el asesor de Domínguez.