Foto CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Desde que se reabrió la instrucción que evalúa (vía personal investigado) la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el caso de los abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada, el juez encargado de la investigación y la vicepresidenta han empezado a cruzarse mensajes. El titular de Instrucción 15 usa sus preguntas a las funcionarias investigadas y sus escritos de providencias y la también consellera lo hace a través de sus declaraciones a los medios y también en Les Corts. Combina el papel de víctima de una "cacería" de la ultraderecha pues todas las acusaciones del caso son de ese entorno y el de 'abogada defensora' de su equipo y de ella misma para dejar claro que no se va a amilanar. Habrá que ver cómo le sienta al juez.
Este mismo viernes, Oltra asumió implícitamente y con naturalidad que puede acabar como investigada (en este caso el instructor debería elevar el caso al TSJCV al ser aforada y el tribunal decidir). "No tendría ningún problema (en declarar). Lo he explicado tantas veces que una vez más no pasaría nada, lo tengo tan memorizado que casi lo puedo hacer sin notas. Nada de lo que pueda decir no está dicho ya", afirmó. De hecho, ni cerró la puerta a pedir declarar voluntariamente. "Estoy a lo que haga falta, pero eso no se ha tratado en el Consell y es algo muy personal", apuntó.
En sus minuciosos interrogatorios, el instructor ha mostrado su asombro por el mal funcionamiento que, al menos en este caso, tuvo el departamento de Oltra. En el mejor de los casos, el flujo de la información era más que deficiente ha venido a decir. En eso ambos coinciden. En eso no hay debate porque la líder de Compromís ha asumido en varias ocasiones como un error no haber mejorado antes la falta de protocolos para estas situaciones.
Pero el viernes 4 de marzo, los mensajes empezaron a subir de tono. El juez empezó a apretar en el auto que citaba como investigados a otras cinco personas de su Conselleria, tras haber empezado a tirar hacía arriba los anteriores la orden de iniciar un expediente informativo sobre el caso. "Se quiera admitir o no, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo ya en ese momento por el juzgado y debe ser esclarecido el motivo", señaló en su auto. El lunes le llegó la contestación a sus 'dudas'. "Ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz. Puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta (...) Hay quien le busca los tres pies al gato, no lo hay. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado", señaló Oltra. Fue el ya famoso "Me quieren a mí, me tienen a mí".
Pero hubo otros mensajes. El primero lo ha ido repitiendo una y otra vez: que todo lo dijo en su comparecencia en Les Corts del pasado 21 de abril. "No me remito a la comparecencia por descortesía sino porque allí está todo dicho", señaló. El segundo, más sutil. "Todo eso se averigua en un informe, en un expediente informativo, que es como se hacen las cosas en la administración”, deslizó. No hay artículo del código penal que prohiba eso, sostienen desde la Conselleria.
El instructor apenas tardó unas horas en girar el 'acuse de recibo'. En una providencia requirió al Instituto Espill la cantidad facturada por un informe que se incluyó en ese expediente; pidió al gabinete de prensa del TSJCV un resumen de las informaciones publicadas y a un medio el audio de las mismas. Pero también fue un paso más allá y puso negro sobre blanco la interpretación de que el expediente en cuestión "no se orientó a ninguna de las finalidades" que había expuesto Oltra.
También a eso respondió la vicepresidenta, que se mostró convencida de que el juez está haciendo su trabajo que es "investigar de una manera diligente, como se está haciendo, y minuciosa para que no quede ninguna duda". Igualmente le adelantó que todas las afirmaciones que hizo respecto al objetivo del informe "tienen detrás soporte documental".
Oltra se dejó para su comparecencia del jueves en Les Corts una última carta. En sus interrogatorios, el juez habría presentado a algunas funcionarias una copia de la imposición de una orden de alejamiento al exmarido de Oltra que al parecer había llegado a la Conselleria el 28 de julio de 2017. Eso podría hacer dudar del relato de la consellera de que ella se enteró de todo por una notificación en su casa el 4 de agosto y que el resto de la dirección del departamento no sabía nada. Las defensas, todas ellas vinculada a la extrema derecha, hablaron de bloqueo de las investigadas al ver el papel y de vuelco en el caso.
"El sello es del Ayuntamiento no de la Conselleria", aseguró Oltra en sede parlamentaria. Su equipo mostró imágenes que confirmarían que no era el que usa la Generalitat. El documento se trataría de la copia que en estos casos hay que hacer llegar a la Policía Local del municipio donde reside la posible víctima. Desde su departamento siempre han sostenido que el envió por fax no llegó porque hubo un error de transmisión y que el requerimiento físico llegó el 8 de agosto. De momento eso no ha tenido respuesta pero, como tarde, la habrá cuando dentro de diez días vayan a declarar los nuevos investigados.
