El PP denuncia ante el juzgado las facturas de la fundación de Orengo y le acusa de lucro personal

VALÈNCIA. El PP ha presentado ante el juzgado una denuncia sobre las facturas para la puesta en marcha de la Fundación Cical, impulsada en 2016 por el que fuera número tres del PSPV, José Manuel Orengo. El ente se constituyó ese año, aunque finalmente quedó en nada tras la polémica sobre su financiación debido a que la previsión era que en 2017 ingresara 1,4 millones de euros públicos, casi la mitad de la Generalitat y la Diputación de Valencia. 

El escrito, firmado por el presidente de los populares en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, relata que Orengo puso en marcha la fundación "con el único y determinado fin de lucrarse a costa del dinero público y aprovechando las influencias que obtenía por haber sido jefe de gabinete del Presidente de la Diputación y por encontrarse contratado bajo la categoría profesional de jefe de servicio en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias". 

En mayo de 2016, señala, se firmó un convenio de colaboración entre Divalterra –la empresa pública dependiente de la corporación provincial– y la FVMP para el desarrollo de ente. El fin era realizar los estudios previos al inicio de las actividades de Cical. En la cláusula tercera se establecía que la primera realizaría una aportación económica de 120.000 euros de carácter finalista para colaborar en los trabajos de investigación conforme al informe de necesidad. 

También se especificaba que "la no realización de todas o parte de las actuaciones previstas minorará la cantidad resultante a satisfacer al contratista" y que "la aportación se pagará previa certificación de los trabajos realizados, mediante factura que incluirá informe con detalle y justificación de los trabajos ejecutados". El pago de las facturas, añadía, "requerirá de aprobación expresa del órgano de contratación". 

Posibles irregularidades

En julio de ese mismo año, la Federación emitió una primera factura de 40.000 euros con el concepto "elaboración del primer anteproyecto, preparación del convenio, adaptación de la idea original, primer borrador Cical. Contactos científicos, institucionales y académicos". Ésta llegó al registro de Divalterra el día 19, pero, como ha informado Valencia Plaza, el director jurídico de la empresa, José Luis Vera, la validó en un escrito de cuatro líneas un día antes. 

Ya en abril de 2017, un informe del directivo de Divalterra Miguel Ángel Ferri daba cuenta de que el importe global a imputar al acuerdo de colaboración era de 106.958,43 euros y de que se habían emitido cinco facturas por parte de la FVMP, una de las cuales ya había sido abonada. 

La denuncia del PP aporta las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude, que consideró irregulares todas esas facturas y determinados gastos de personal y que los pagos no habían tenido la suficiente justificación. También las del auditor interno de Divalterra, que apuntó a lo mismo. 

Todo ello resulta, a juicio de los populares, constitutivo de los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.