Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El PPCV sigue en su carrera por presentar iniciativas en Les Corts Valencianes dirigidas a ganarse a los electores en un clima donde la inflación está disparada. La estrategia de aquí a elecciones se centra en prometer una serie de rebajas fiscales: primero, tomarán forma de propuestas de resolución en el Debate de Política General, que servirán para fijar la posición del partido en esta materia. Más tarde estas se registrarán como enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del año que viene, y al final, tal y como aseguran fuentes populares, aquellas que no se aprueben en el trámite parlamentario formarán parte del programa electoral.
Así, al compromiso de bajar los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la supresión del Impuesto de Sucesiones para la transmisión de empresas familiares, ahora se suman dos grandes clásicos en los que el Partido Popular ha hecho hincapié cada año cuando se acerca la tramitación de las cuentas de la Generalitat Valenciana: el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
A la rebaja validada hace dos años por los tres partidos que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem-, el PP quiere ir un poco más allá. En concreto, en el caso de Patrimonio los populares buscan que en el tramo autonómico el mínimo exento para pagar este gravamen sea de 700.000 euros. Es decir, 200.000 euros más de como se encuentra regulado ahora mismo.
Para ello, habría que modificar la ley 13/1997 para establecer que "la base imponible de los sujetos pasivos por obligación personal del impuesto que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros". La redacción actual fija la cuantía en 500.000 euros. Y en caso de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, el mínimo exento aumenta al millón de euros. Ahora bien, en el texto los populares añaden acto seguido que se bonifique el 100% del impuesto. Explican que, por ley, están obligados a fijar un mínimo exento, pero su intención última es evitar que nadie pague este gravamen.
El grupo parlamentario que dirige María José Catalá también propone modificar el artículo 13 de la misma ley para introducir nuevos porcentajes en caso de adquirir una propiedad. En términos generales, proponen un gravamen del 6% para aquellos que adquieran un inmueble que tenga un coste inferior a 250.000 euros, un 8% en caso de que la vivienda cueste menos de 600.000 euros. Y si fuera superior, el porcentaje subiría a un 9%.
En la actualidad, cualquier valenciano paga un 10% -independientemente del precio de la vivienda-, y un 8% aquellos que sean menores de 35 años.
Los populares, no obstante, bajan el impuesto aún más, al 3%, en determinados casos: si es de protección oficial y constituye vivienda habitual; si el comprador es menor de 35 años y la vivienda tiene un coste inferior a 150.000 euros; si se trata de una familia monoparental o numerosa y la casa cuesta menos de 180.000 euros; si se trata de una persona con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, o si es psíquico del 33% y busca adquirir su vivienda habitual de hasta un valor de 180.000 euros. Asimismo, también introducen la casuística de si la adquisición se hace por parte de una mujer víctima de violencia de género o si se trata de inmuebles situados en municipios en riesgo de despoblación.
El PPCV también busca que en Actos Jurídicos Documentados se establezca un gravamen del 1% y no del 2% conforme está definido actualmente, salvo para "primeras copias de las escrituras públicas que documenten adquisiciones de vivienda habitual" y "los documentos que formalicen la constitución y la modificación de derechos reales de garantía a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunitat Valenciana, del Institut Valencià de Finances y de los fondos sin personalidad jurídica", en cuyo caso se les seguirá aplicando un gravamen del 0,1% como actualmente recoge la ley.
