2021 arranca con el cierre de la instrucción de varias investigaciones pasados cinco años de las detenciones, a la espera un nuevo impulso a la macrocausa
VALÈNCIA. El 26 de enero de 2016, el PP valenciano sufría una importante sacudida con el estallido de la conocida como Operación Taula. Más de una veintena de cargos y excargos del partido detenidos, numerosos registros, cuentas bloqueadas y bienes embargados era el saldo de una primera jornada en la que trascendió la investigación de una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat). En términos generales, se trataba de la sospecha de una red trazada para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales. Los delitos a los que se apuntaba entonces eran prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. El principal confidente de todo ello, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
Con el paso de los meses, los hechos fueron concretándose en lo que se convirtió en la macrocausa de corrupción con más imputados en la Comunitat Valenciana (más de 100). Dirigida por el juzgado de Instrucción número 18 de València en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cumple un lustro desde los arrestos con el principal reto de que viva un nuevo impulso. La voluntad es que se traduzca en el final de la instrucción a lo largo de 2021 de la decena de piezas en las que se divide. La realidad, sin embargo, ha ido alterando los cálculos de plazos durante los últimos años aunque, efectivamente, algunas investigaciones han acabado.
La lentitud en las resoluciones debido a, entre otros motivos, los problemas de salud del titular del juzgado –sustituido por otra juez desde octubre– ha sido criticada por las defensas de muchos imputados, especialmente de la pieza A relativa al presunto blanqueo de capitales cometido en el grupo del PP en el Ayuntamiento de València. Esta investigación centrada en el llamado pitufeo ha sido la más mediática por sus protagonistas: 50 imputados –entre ellos nueve de los diez concejales de entonces y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster– habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habrían devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La Guardia Civil comprobó cómo una parte importante de los gastos eran pagados a través de una cuenta diferente bajo la titularidad del grupo municipal, pero fuera del control de cualquier órgano fiscalizador (puesto que la ley impide abrir una cuenta al margen del partido). En la conocida como cuenta opaca se ingresaba el dinero que recogía el supuesto recaudador del PP y que se sospecha que se trataba de Alfonso Grau. A ella también fueron a parar las donaciones de los ediles y asesores. Unos billetes cuya procedencia es precisamente una de las claves de la instrucción, ya que podría tratarse –sostenían en su momento los investigadores a la espera de las conclusiones finales– de las aportaciones de empresas y organismos.
Las indagaciones se ampliaron posteriormente a un supuesto delito electoral para las citas de 2007 y 2011, donde se habría recurrido a otras mecánicas para la financiación con dinero opaco o ilícito y en las que también se apunta a Grau. En la primera, se usó la agencia de comunicación Laterne, que habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.
De acuerdo con la UCO, se contrató a la agencia con el objeto de desarrollar determinados trabajos relacionados con la campaña. Pero este mecanismo fue empleado en elecciones posteriores, como las de 2011. En ese año, el Ayuntamiento de Valencia contrató con la empresa Trasgos, que llegó a recibir 2,6 millones de euros. Los pagos, recogidos en el libro de contabilidad de la exsecretaria de García Fuster, tampoco fueron comunicados al Tribunal de Cuentas.
Esta pieza, además de a los cargos 'populares' mencionados, salpicó a Rita Barberá, vencedora en dos de esas elecciones (hasta el cambio de gobierno en 2015). La exalcaldesa de València, referente político de la ciudad durante dos décadas, declaró 48 horas antes de su fallecimiento en el Tribunal Supremo. Cuatro años después, todavía no se ha resuelto el futuro judicial de los que fueran sus compañeros de partido. Aun así, una reciente providencia de la juez sustituta daba por acabada la instrucción, de manera que el siguiente paso tendrá que ser el auto el sobreseimiento de la causa o el procesamiento de los imputados.
La pieza B, en la que hay alrededor de 20 imputados, es la referida a los 'zombies' de Imelsa, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia que fue rebautizada como Divalterra tras los escándalos judiciales. Se trataba, presuntamente, de empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. Uno de los testimonios más relevantes fue desde el principio el de José Estarlich, considerado testaferro de Marcos Benavent y uno de los trabajadores arrepentidos que admitió los contratos ficticios.
Las declaraciones del autodenominado 'yonki del dinero' ante el juez también han sido llamativas a lo largo de este tiempo, como todas las que ha realizado. Señaló que durante sus siete años al frente de Imelsa (de 2007 a 2014) contrató "a 200 o 300 personas", la mayoría de las cuales "ni iba por allí" y que cumplía órdenes del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. La investigación acerca de estos hechos está finalizada desde hace tiempo y queda esperar al auto de procesamiento de los imputados, que podría ser uno de los próximos en dictarse.
En esta pieza permanecen como imputados excargos 'populares', aunque también socialistas, como el actual subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio. Queda por comprobar, sin embargo, si se realiza una distinción en el final de la causa entre aquellos que no acudían a trabajar o aquellos –como se cree que era su caso– que sí lo hacían pero realizaban tareas que no eran propias de Imelsa.
La pieza C indaga en la presunta operativa internacional de blanqueo de 1,8 millones de euros que Alfonso Rus pudo realizar a través de un entramado societario con sede en Brasil mediante compraventa simulada de acciones. La empresa central del asunto era Geneva, con filial en este país. El dinero que allí fue a parar procedía, sostienen los investigadores, de la adjudicación de contratos por suministros, obras o servicios durante su etapa de alcalde de Xàtiva.
En esta pieza se incluye, de hecho, la supuesta financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva. En uno de sus últimos informes, la UCO desgranó pagos al club de un total de 23 empresas que, mientras tanto, recibían adjudicaciones del consistorio. Las 'mordidas' habrían llegado a los cerca de los dos millones de euros. El período temporal abarca del año 2003 al 2016 y los pagos llegaron a ser superiores a 12.000 euros en un ejercicio concreto, según los agentes. Las comisiones de Rus habrían comenzado pocos meses después de entrar en la presidencia del Olímpic en agosto de 2006. Y la dinámica que predomina durante todo este tiempo, concluye la Guardia Civil, es "la existencia simultánea de relaciones comerciales de las empresas con determinadas administraciones públicas o entes vinculados" al excargo 'popular', "ostentando este una indudable capacidad decisoria".
La pieza D se centra en el supuesto amaño del contrato de dos millones de euros del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación. Éste fue a parar a Servimun, una empresa relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López, el cual, según la Fiscalía, recibió cerca de 200.000 euros de forma velada (que blanqueó) por mediar en la contratación fraudulenta. Al igual que en el caso de los 'zombies' de Imelsa, la instrucción está finalizada y todo apunta a que el auto de procesamiento de los imputados se dicte próximamente.
La pieza E consta de todo lo relacionado con los contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València dirigida por María José Alcón (fallecida en 2018). La investigación apunta, una vez más, a 'mordidas' en la adjudicación de trabajos. Concretamente, para la rehabilitación de las Torres de Quart, de los puentes de Serranos y Trinidad o varias ediciones de La Mostra. Recientemente, el juzgado recibió nuevos informes periciales al respecto.
El juez decidió archivar la parte de la investigación relativa al contrato de construcción y explotación de La Rambleta en 2017. Sobreseyó, de este modo, las actuaciones por cohecho contra el empresario Jose Adolfo Vedri, de Engloba, quien resultó imputado tras las conversaciones telefónicas intervenidas en las que se le podía escuchar junto a Marcos Benavent y María José Alcón hablar de las supuestas comisiones.
La pieza F es la referida a otros 'zombies', esta vez en Ciegsa, la empresa pública dependiente de la Generalitat destinada a la construcción de centros educativos. El magistrado, en uno de sus autos, señaló que Alfonso Rus y Máximo Caturla –exresponsable de Ciegsa– ordenaron la contratación de personas con cargo al presupuesto de la empresa "sin observancia de los requisitos administrativos que venían establecidos en la normativa aplicable y sin que en realidad dicha contratación, y la remuneración correspondiente, estuviera justificada por la prestación de servicios efectivos". Hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
La pieza G se centra en todas las actuaciones que tuvieron lugar desde Ciegsa y dibuja, posiblemente, las de mayor gravedad debido al uso de un dinero público que debería haber ido a parar a la construcción de colegios. El juez indaga en la adjudicación de contratos sin respetar los principios de "legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad" con la finalidad de "favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida". Esas irregularidades ubicadas temporalmente entre 2003 y 2007, indica el magistrado, podrían tener una finalidad de lucro personal de los principales imputados –Máximo Caturla, Marcos Benavent, Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete Emilio Llopis y su exnúmero dos en la Diputación Juan José Medina– y de financiación ilegal del PP tanto a nivel regional como provincial, todo lo cual provocó sobrecostes en las construcciones.
La UCO considera en su informe completo sobre Ciegsa que en el desvío de fondos jugó un importante papel el en ese momento vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos. La persona que, afirman, "habría manejado importantes cantidades de dinero en efectivo, las cuales habrían sido entregadas por empresarios adjudicatarios de contratos públicos y cuya finalidad era financiar al PP". Una tesis que defienden con la mención de varias grabaciones telefónicas y declaraciones que vendrían a evidenciar los métodos de recaudación para desviar el dinero al partido.
La pieza H se abrió en 2018, desgajada de la anterior, después de que el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa declarara ante la Fiscalía Anticorrupción. Una comparecencia en la que implicó en los pagos de 'mordidas' para financiar al PP a través de Ciegsa al empresario alicantino Enrique Ortiz y a la constructora Rover Alcisa. Se trataría de entregas de dinero para la campaña electoral de 2007.
Las dos piezas abiertas más recientes son la I y la J. La primera, del pasado octubre, fue para imputar a Máximo Caturla por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales después de que la UCO concluyera en un informe que el que también fuera secretario autonómico de Educación usó una mercantil para deshacerse de su patrimonio al saber que estaba siendo investigado en Taula. Su objetivo habría sido el de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial. Según los agentes, decidió realizar estas acciones con anterioridad al inicio de la práctica de diligencias para "alejar la posibilidad de adoptar medidas cautelares" contra sus bienes.
La Guardia Civil describió en una exhaustiva cronología cómo entre 2014 y 2015 –un periodo muy corto de tiempo– concentró patrimonio en la mercantil "Estilo Kikí" –dedicada a la elaboración de tomate frito artesano– en perjuicio del suyo personal. Todo al mismo tiempo que donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos. Sin embargo, sostiene la UCO, "mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma".
Por último, la pieza J fue abierta el pasado diciembre y ha sido la primera con procesados. Concretamente, diez personas –entre excargos del PP, empresarios y funcionarios– por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. En el auto conocido hace pocas semanas se desgrana una operativa de contratación del Ayuntamiento de València a través de la cual acabaron desviados unos 190.000 euros de dinero público. En el centro de todo ello, la firma Thematica Events, administrada por Rafael García Barat y tras la cual se encontraba Benavent. Éste, desde su puesto en Imelsa, habría utilizado la firma para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
Al margen de esta decena de piezas, se encuentra la denominada causa principal, en la que se continúa la investigación sobre otros contratos relacionados con Benavent en su etapa en Imelsa.