Foto: CARLOS LUJÁNVALÈNCIA (EFE). La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado su intención de "avanzar en la creación de un marco jurídico asociado y adecuado para los promotores y gestores de vivienda en alquiler a precios asequibles", con el fin de "profesionalizar la actividad del arrendamiento" en España.
Sánchez ha afirmado que la colaboración público-privada es la "asignatura pendiente del mercado español de alquiler" y ha apuntado que quiere "reforzar" el nuevo papel de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) "incorporando al sector privado".
La ministra se ha referido a este asunto en la presentación de un convenio de colaboración con Sepes, sociedad inmersa en un proceso de relanzamiento con el encargo de activar el máximo suelo público urbano posible para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible.
Según ha explicado, están "hablando con todas las entidades, con el sector privado, con entidades del tercer sector y cooperativas de promoción de alquiler asequible" y viendo los diferentes modelos de participación que hay.
Uno de ellos -ha apuntado-, "podía ser a través de los derechos de superficie, es decir, poner a disposición un suelo y, a través del derecho de superficie, que pueda ser un agente privado, la entidad del tercer sector, la que pueda promover, construir y realizar la gestión de ese alquiler".
"Hay consenso con el sector, hay ganas y hay que cubrir una necesidad que existe de vivienda en alquiler a precio asequible", ha señalado la ministra en declaraciones posteriores.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho este jueves que espera que la Ley por el Derecho a la Vivienda se apruebe en el Congreso "en pocas semanas". En declaraciones en el Ministerio, ha afirmado que "me gustaría antes de fin de año, pero no me voy a comprometer con una fecha en concreto".
Sánchez, que ha presentado un convenio con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible, ha hecho hincapié en que, si no es antes de que acabe el año, confía en que la ley salga adelante "pronto".
"Soy razonablemente positiva y creo que podremos alcanzar el compromiso de tenerla, si no antes de finalizar el año, pronto", ha recalcado.
Tras apuntar que prefiere ser "prudente", ha asegurado que las negociaciones que se llevan a cabo en el parlamento están "avanzando" y que esta ley "no ha estado bloqueada ni paralizada en ningún momento".
Según la ministra, "se están manteniendo reuniones últimamente y se están aproximando posturas", lo que no significa -ha aclarado- que se haya producido un "acelerón" de las negociaciones, sino que se continúa un proceso en el que se han transaccionado 400 de las más de 800 enmiendas presentadas por los grupos.
"Estamos culminando un proceso que espero que llegue a su fin en las próximas semanas", ha reiterado.
El Gobierno se comprometió con Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a aprobar esta ley en el tercer trimestre de 2022.
Tras incumplir este compromiso, se marcó el objetivo de que viera la luz antes de fin de año.
Pero sigue siendo un escollo la regulación de precios de los alquileres, ya que Unidas Podemos y los partidos de izquierdas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez siguen demandando que, en las zonas que se declaren tensionadas, la limitación de las rentas se aplique a todos los arrendadores, no solo a los grandes propietarios.
