VALÈNCIA. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) da marcha atrás en su decisión de desalojar a 245 familias de Torrent y Alfafar de sus viviendas. La compañía ha decidido finalmente renovar a estos vecinos sus contratos de alquiler frenando así el plazo de un mes que les había dado para abandonar los inmuebles. De esta forma, los inquilinos podrán seguir viviendo en sus actuales domicilios.
Así lo confirman fuentes de la firma que preside Jaime Echánove a este diario, después de que trascendiera que la firma había solicitado a estas familias el desalojo de sus viviendas para venderlas en el mercado libre. De hecho, tanto el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, como los alcaldes de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y Torrent, Jesús Ros, habían pedido a la Sareb renovación de los contratos, muchos de los cuales vencían esta misma semana.
En total, eran 245 las familias afectadas, 125 de Torrent y 120 de Alfafar. En ambos casos, las viviendas, distribuidas en tres edificios en régimen VPO, fueron construidas por la promotora Urbimetro. S.L, filial del grupo Crein Inmobiliaria, que acumulaba una importante deuda con la Sareb. Tras varios impagos y por decisión judicial, la compañía se quedó con las tres fincas, acogidas al régimen general del Plan Estatal 2005-2008 de Protección a 30 años y en régimen de alquiler a 25 años.
Precisamente, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha lamentado que la Sareb intentase en algún momento rescindir los contratos cuando los inquilinos habían firmado con la empresa anterior un convenio a 25 años. Es decir, que según el acuerdo inicial, las familias tenían derecho a permanecer en las viviendas hasta el año 2034. Además, el primer edil también añade: "Estamos hablando de viviendas que se levantaron en el año 2009 con el objetivo de dar una solución habitacional a menores de 35 años. Es decir, estaban orientadas a un colectivo que ya de por sí tiene muchas dificultades para acceder a su primer hogar", matiza al respecto.
Y ha sido precisamente la situación de vulnerabilidad de las familias lo que ha llevado a la Sareb a ceder. "Entendemos que pueda haber casos de necesidades sociales y, por eso, hemos decidido renovar los contratos", explican. Una decisión que encaja perfectamente con las peticiones tanto de la Conselleria como de los ayuntamientos implicados, puesto que esta era la opción favorita de las instituciones a la hora de resolver el problema, al menos en el corto plazo: "Consideramos que lo mínimo que podía hacer la Sareb es no traicionar los convenios y los plazos que los inquilinos habían firmado inicialmente", señala el alcalde de Alfafar, al considerar que ellos no tienen ninguna culpa del cambio en la propiedad.
Ahora que la situación se ha salvado en el futuro más inmediato, la Sareb ya ha empezado a buscar otras soluciones que puedan satisfacer a ambas partes tanto en el medio como en el largo plazo. Así, buscará algún tipo de acuerdo con la Generalitat o con los ayuntamientos para ver si puede pactar la cesión o compraventa de los inmuebles, puesto que su política actualmente va encaminada a reducir su cartera de activos en el mercado del alquiler.
"Queremos dar un mensaje de tranquilidad a las familias. Uno de nuestros compromisos es ayudar a ampliar el parque público de viviendas de las administraciones y con la Generalitat Valenciana y ayuntamientos valencianos hemos firmado muchos acuerdos. Por eso, vamos a renovar los contratos, pero tendremos que decidir el futuro de estos inmuebles", puntualizan desde Sareb.
La entidad, participada al 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del FROB, fue creada en 2012 con una vigencia de 15 años con la misión de gestionar y desinvertir la cartera de activos financieros e inmobiliarios de las nueve entidades financieras que recibieron apoyos públicos: BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia, Banco Gallego, Banco de Valencia, BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS.
Ahora, nueve años después, se encuentra en un proceso de venta de sus activos, para ir rebajando su cartera, especialmente en el mercado del alquiler. Y es que, según explican, con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos se amplían a 7 años si el arrendador es una persona jurídica, como es su caso, lo que supondría extenderse más allá del 2027, cuando la Sareb está abocada a extinguirse.
"La Sareb tiene un mandato por ley y le quedan unos años. Por eso, estamos en una estrategia de desinversión muy clara que pasa por ir reduciendo nuestra cartera de alquileres para venderlos", explican desde la compañía. Eso sí, en el ámbito social buscan acuerdos con las administraciones y eso es lo que harán en este caso renunciando a su venta.
No obstante, una situación similar se da también en el municipio de Riba-roja de Túria, donde el futuro de 20 familias todavía está en el aire. Según explican desde el ayuntamiento, los residentes han recibido un aviso de expulsión por parte de la Sareb pero, esta vez, todavía se está trabajando en la solución. No hay consenso.
En esta ocasión las viviendas no son de protección oficial, pero, de igual modo que en los casos anteriores se encuentran en un edificio cuya promotora dejó varios pagos a deber. Así, todo el inmueble fue absorbido por la Sareb a través de una subasta judicial, y ahora quiere recuperarlos. En este sentido, y según explican desde el consistorio, el pasado 16 de noviembre, tras ser avisados por la empresa y posteriormente por el Juzgado número 3 de Llíria, los vecinos afectados "aportaron toda la documentación que acredita la validez de los contratos de alquiler con la misma". Una versión que no encaja precisamente con la de la Sareb, quien sostiene que los contratos no son válidos porque no están debidamente notificados en el registro de la propiedad.
Así, y según se desprende de los documentos presentados ante los tribunales, la entidad considera que los contratos "son fraude de ley" y que los inquilinos "no tienen derecho a permanecer en la vivienda". Del mismo modo, también alega que los precios no se corresponden con el mercado actual e incluso lamenta que los inquilinos se negaron a entregar documentación cuando se hizo la primera visita rutinaria al edificio como método para comprobar que todo estaba en regla, lo que les obligó a acudir al juzgado.
Por su parte, los vecinos niegan esta acusación y mantienen que los contratos "sí que son legales". Además, también han presentado ante los tribunales documentación que acredita su versión, tales como certificados de empadronamiento, las mensualidades al día, y contratos como el de la luz y el agua. Ahora, se encuentran a la espera de la decisión judicial.
Por el momento, el ayuntamiento ya ha iniciado conversaciones con la Sareb para lograr una mediación y soluciones al problema, pero denuncia que por el momento no ha obtenido ninguna respuesta favorable para los intereses de las familias. La Conselleria de Vivienda, por su parte, también se ha interesado por la situación y visitará el miércoles Riba-roja para conocer la realidad de primera mano y estudiar medidas.
"No está justificado que se quiera echar a gente de su casa, cuando muchos inquilinos aceptarían comprar los pisos si la Sareb lo propusiera. Entendemos que la empresa tiene instrumentos y responsabilidad como para que encontrar una solución, pero si fuera necesario la Generalitat estará ahí", explica César Jiménez, secretario autonómico de Vivienda. Además, a su juicio, "no tiene sentido" que la firma tenga convenios de cesión de viviendas con el ayuntamiento y en este caso, en lugar de buscar una solución similar, "quiera expulsar a personas de sus casa". Por tanto, espera que se pueda resolver el problema.
Desde la Sareb aseguran que están a la espera de conocer la decisión judicial antes de tomar cualquier resolución. En cualquier caso, se muestran dispuestos a negociar y afirman que ya han establecido contactos con el consistorio y la administración autonómica.