VALÈNCIA. La Plaza de Toros de Utiel se ha convertido en el escenario de un conflicto aún por torear. Se trata de una disputa entre el ayuntamiento y la Sociedad Taurina 'La Uteliana', propietaria del inmueble, por determinar cuál de las dos partes debe hacerse cargo de la reparación de la cubierta de la plaza que, en abril de 2020, quedó afectada tras unas intentas lluvias. Pese a que se trata de un espacio de carácter privado, desde 1992 su uso está cedido de manera oficial al consistorio.
Así, desde la Sociedad Taurina califican de "intensa y cordial" la relación con la administración pública desde que se hiciera efectivo el convenio por el que La Uteliana cedía el uso de la plaza y sus terrenos a cambio de un alquiler que ronda los 300 euros al mes, así como la exención del pago del IBI. Además, el acuerdo alcanzado en ambas partes, contemplaba el compromiso de la administración local "mentras dure la cesión, al mantenimiento de las dependencias en perfecto uso, así como la conservación de las instalaciones existentes".
Este acuerdo se renovó hasta en cuatro ocasiones, la última en 2013 por un periodo de 25 años, por lo que está en vigor hasta el 2038. Precisamente, en esta última renovación, se apunta a que "para llevar a efecto las adecuaciones previstas. [...] se vienen realizando proyectos de Escuelas-Taller", esto es, programas de empleo y formación financiados por el consistorio y la Generalitat Valenciana. Tal como consta en el documento, hasta aquel momento habían desarrollado tres proyectos y tenían previsto poner en marcha un cuarto, pero no lograron que se les adjudicara.
Este matiz es el que ha desatado la disputa sobre a quien corresponde hacerse cargo de la rehabilitación de la plaza de toros. Por su parte, la Sociedad Taurina interpreta que estas obras forman parte de la conservación del inmueble y que, por tanto, debe costearlas el ayuntamiento. "Cuando ocurrieron los daños les pedimos que tomaran medidas", explica un responsable de la entidad. "Coincidió con las restricciones de la pandemia y éramos conscientes de las limitaciones, pero les dijimos que, por lo menos, lo apuntalarán. Nos contestaron que se desentendían y que la interpretación que hacen del convenio es que no están obligados a hacer esas obras", cuenta.
Mientras que el consistorio considera que sus obligaciones solo se corresponden con el mantenimiento ordinario y que, como ya no disponen de los programas de Escuela-Taller, las obras mayores, como esta rehabilitación, deben correr a cuenta de los propietarios. "Una cosa es el mantenimiento ordinario que hemos hecho siempre, pero la rehabilitación de la plaza está condicionada a la obtención de Escuelas-Taller", señala el alcalde de Utiel, Fernando Benlliure.
En 2019, previamente a los daños causados en la cubierta de la plaza de toros, y con la intención de rehabilitarla, el consistorio le propuso a los socios de La Uteliana que les cedieran la propiedad de las acciones manteniendo ciertos privilegios como, por ejemplo derechos de entrada, pero perdiendo la propiedad del edificio y de los terrenos anexos. El objetivo del ejecutivo municipal, según han detallado, era que el inmueble fuese de carácter público y pudieran buscar otras vías de financiación para su recuperación.
"Hemos intentado buscar fórmulas para contar con una financiación adecuada. Por ejemplo, hemos recibido financiación europea para recuperar otro patrimonio local, pero los técnicos de la Generalitat nos advirtieron que si el inmueble no es propiedad del ayuntamiento, no era posible", asegura Benlliure. Sin embargo, llevaron la propuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas para debatirla y los propietarios la rechazaron por unanimidad. Así, la negociación quedó encallada hasta que las lluvias destrozaron la cubierta de la plaza de toros y la administración local se negó a hacerse cargo de la reparación ante las exigencias de La Uteliana.
Fue entonces cuando el equipo de gobierno puso el asunto en manos de un abogado, un cambio que los propietarios interpretaron como un paso atrás en el diálogo. "Hasta el momento nos habíamos sentado en una misma mesa con el alcalde o el regidor, nuestra sorpresa fue que el consistorio cortó cualquier contacto directo con la sociedad", argumenta uno de los directivos. Mientras que el ejecutivo local asegura que "fue para evitar que se tratara como una cuestión personal, ya que uno de los accionistas y directivo es el anterior alcalde del PP, José Luis Ramírez".
En esa nueva negociación, el abogado municipal reitera la propuesta de ceder la plaza de toros al ayuntamiento y añade la condonación de los costes por urbanizar los terrenos aledaños al inmueble, también propiedad de la Sociedad Taurina, que continuarían siendo de carácter privado. "La propuesta fue rechazada porque actualmente esos terrenos ya están reconocidos en el PGOU como edificables en una Unidad de Actuación, por lo que nada aportaba la oferta municipal, y porque no es el fin de la Sociedad convertirse en una promotora inmobiliaria", explican en un comunicado.
Los tira y afloja entre la administración local y la Sociedad Taurina, sin embargo, no han paralizado las obras de reparación de la cubierta de la plaza de toros afectada por el temporal, ya que el equipo de gobierno ha puesto en marcha el procedimiento de ejecución subsidiaria. Así, está previsto que en los próximos meses empiecen los trabajos de rehabilitación, por un importe de casi 190.000 euros, y que si los propietarios no se hacen cargo de ellos, lo hará el consistorio, pero deberán reembolsarlos posteriormente. "Es incomprensible que la administración responsable del mantenimiento del edificio, nos digan que como propietarios debemos hacerla nosotros", censuran.
Desde el ayuntamiento advierten de que se trata solo de las reparaciones iniciales y que los trabajos al completo incrementaría su coste: "debemos iniciar este procedimiento para garantizar que no se produzcan mayores desperfectos y conservar el inmueble. Esta primera actuación es solo el inicio, lo básico para restituir los daños más importantes de la cubierta y actuar a nivel estructural para que no se produzcan mayores desperfectos, pero todo lo que se tendría que hacer probablemente superara el millón de euros".
Por el momento, la Sociedad Taurina ha elevado esta situación al Defensor del Pueblo que, tal como han detallado, ha admitido a trámite la queda, así como a la Dirección de General de Patrimonio, a quien comunicaron la situación hace meses y, según señalan, no han recibido respuesta. Los próximos pasos, sin embargo, apuntan a la vía judicial: "hacen una interpretación equivocada de este contrato de cesión y alquiler, y el siguiente paso y el único que nos queda, es ir a un contencioso-administrativo con el consistorio", sentencia un responsable de la entidad.
