Foto: KIKE RINCÓN/EPVALÈNCIA. La Inspección de Trabajo de la provincia de Valencia ha considerado ilegal que la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) descuenten una parte de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, destinadas a jóvenes doctores e investigadores, para sufragar la cuota patronal, el importe que una empresa paga a la Seguridad Social mensualmente por cada empleado a su cargo. Según consta en las notificaciones emitidas por la Inspección tras una denuncia presentada por el sindicato STEPV-Iv, esta práctica “resulta ilegal por prohibirlo la normativa de aplicación específica”.
Las ayudas Margarita Salas, ideadas para financiar estancias de jóvenes doctores en España o en el extranjero, y las María Zambrano, pensadas para atraer investigadores hacia centros españoles, fueron creadas en 2021 por el Ministerio de Universidades en el marco de un programa financiado con fondos europeos. Su presupuesto se distribuyó a las universidades en función de varios criterios, y cada una de ellas se encargó de elaborar su propia convocatoria de ayudas y de definir su relación contractual con los beneficiarios.
Como en muchos otros centros de España, las universidades valencianas contemplaron que la cuota patronal fuera deducida del importe bruto mensual que reciben los beneficiaros de estas ayudas, por lo que su salario neto se ve aún más reducido. En el caso de las becas Margaritas Salas, y según ha explicado a Valencia Plaza una de las personas afectadas, de los 2.800 euros brutos a percibir por un doctor que realiza una estancia en un centro universitario español, tras descontar el pago a la Seguridad Social y el resto de deducciones, se perciben unos 1.700 euros netos. Si la residencia se efectúa en el extranjero, de los 3.500 euros de la ayuda inicial se pasaría a alrededor de 1.900 euros.
Ante esta situación, el STEPV-Iv denunció a las cinco universidades públicas valencianas a la Inspección de Trabajo, al entender que esta práctica vulneraba la normativa de la Seguridad Social. Las primeras comunicaciones, emitidas por la Inspección de la provincia de Valencia en relación a las actuaciones practicadas en la UV y la UPV, dan la razón al sindicato, por lo que se ha procedido “a practicar acta de infracción y a levantar las pertinentes actas de liquidación”.
La Inspección de Trabajo señala además que tal actuación empresarial produce un “perjuicio económico en los profesores-doctores afectados”, dado que se da “una merma retributiva en las cantidades que tenían derecho a percibir en contraprestación” por su trabajo. Del mismo modo, indica que este escenario supone una “infracotización” con repercusión en la Seguridad Social que también afecta a los beneficiarios “y a sus períodos de carencia para el cálculo de las prestaciones que puedan actualizar en función de la obligatoria contribución al sistema”.
Desde la Universitat de València, fuentes consultadas por este diario han afirmado que se recurrirá, de forma coordinada con otras universidades como la Politècnica de València, el documento de la Inspección dado que existe “jurisprudencia favorable al respecto”. A su vez, desde el STEPV-Iv han asegurado que se van a iniciar los procesos de reclamación pertinentes una vez se ha pronunciado Trabajo.
Tanto el sindicato como los afectados inciden en que la práctica de descontar la cuota patronal del salario bruto a percibir por las ayudas Margarita Salas y María Zambrano se da en muchas de las universidades españolas. Una excepción en este sentido sería la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que reservó una partida adicional al margen de la concedida por las ayudas para sufragar este gasto. Además, en supuestos como el de la Universidad del País Vasco (UPV) el centro también se hace cargo porque la cuantía a percibir por los becados no podía ser inferior a la estipulada en su convenio colectivo.
Por otro lado, y en el caso de la Universitat Politècnica de València, algunos de los afectados han censurado que la redacción de la convocatoria era ambigua en cuanto a la cuota patronal, y que por este motivo se dieron casos de beneficiarios que descubrieron cuál era la situación cuando ya habían rescindido sus anteriores contratos y reorganizado su vida laboral en base a un salario que resultaba ser inferior al previsto.
En cuanto a las Margarita Salas en concreto, algunos de los beneficiarios critican también que, pese a realizar sus estancias laborales en universidades españolas o extranjeras distintas a aquella en la que obtuvieron el doctorado, esta última es la que figura como su empleadora dada la naturaleza de las ayudas. Por tanto sería esta, según los afectados, la propietaria de la propiedad intelectual y los trabajos que se realicen en los centros de destino, una situación que ha causado igualmente problemas con algunos de ellos.
