Rubén Martínez Dalmau y Rosa Pérez Garijo.VALÈNCIA. Unides Podem-Esquerra Unida (EUPV) se convirtió este martes en la segunda de las principales candidaturas que han presentado ya su programa electoral de cara a las elecciones autonómicas del 28 de abril. La primera formación en hacerlo fue el Partido Popular de Isabel Bonig. La confluencia entre Podem y Esquerra Unida eligió un espacio simbólico como el jardín del Botánico para hacer públicas sus propuestas electorales, en un acto protagonizado por el candidato de la coalición a la Presidencia de la Generalitat y representante de Podem, Rubén Martínez Dalmau, y la candidata y coordinadora general de EU, Rosa Pérez.
La intención del matrimonio electoral es "no solo" reeditar el acuerdo de izquierdas con PSPV y Compromís, sino "desbordar el Botànic, ir más allá y ser más valientes". Son palabras de Martínez Dalmau antes de insistir en que la coalición quiere formar parte del próximo Consell. Concurren con cientos y cientos de propuestas, algunas ya conocidas, otras menos, entre las que destacan, por ejemplo, la puesta en marcha de una Renta Básica Universal Valenciana, la creación de nuevas empresas públicas para el transporte y la energía, reversiones en educación y sanidad, así como la intención de limitar los mandatos a dos legislaturas. Resumimos algunas de las ideas que recoge el documento de 290 páginas:
- La transformación gradual de la Renta Valenciana de Inclusión aprobada esta legislatura por una Renta Básica Universal Valenciana individual, de carácter indefinido y suficiente. Inicialmente, la cuantía mínima sería equivalente al umbral mínimo de la pobreza que, según el INE, rondaría los 660 euros mensuales, y estaría ligada al crecimiento del IPC. A ella tendrían derecho todos los valencianos y valencianas inscritos en el SERVEF que no tuvieran ninguna prestación contributiva o por desempleo y aquellas personas cuyos ingresos mensuales fueran inferiores a la mencionada cifra. La función de la RBU sería completar los ingresos hasta los 660 euros.
- Nuevas empresas públicas. Por un lado, una sociedad de transportes que "concentre la mayor parte posible del transporte público y coordine la gestión de la movilidad pública", para unificar servicios y crear un bono de transporte universal de toda la Comunidad Valenciana. "La mayor parte de municipios no tienen una empresa pública de transportes y operan mediante concesiones", por lo que esta sociedad vendría a coordinar todos estos servicios, según el programa.
Por otro lado, se quiere implantar una empresa pública de energía, con capacidad para competir en el mercado y con fuentes plenamente renovables y energía propia generada en una red propia, en edificios públicos y la conexión del excedente proveniente del autoconsumo y las fuentes de generación de energía particulares. Las fuerzas de Dalmau y Pérez prevén que esta sociedad instrumental tendría beneficios a medio plazo. Respecto al ámbito de la energía y el transporte, Podem propone además implantar 10.000 cargadores de vehículos eléctricos hasta 2024.
- Límite de mandatos y salarios, y eliminar aforamientos y los privilegios a expresidentes. El programa electoral de la coalición propone restringir los mandatos a dos legislaturas, ocho años, tanto para el Legislativo, el Ejecutivo y los órganos dependientes. Además, se incluye limitar el salario a los cargos públicos y fijar un régimen estricto de incompatibilidades hasta un plazo de tiempo posterior a su ejercicio, con el propósito de que "no se puedan acumular puestos en diversas instituciones ni entrar en conflicto de intereses".
Asimismo, el programa propone eliminar los privilegios concedidos a expresidentes, como por ejemplo los gastos fijos, así como eliminar la condición de expresidente a condenados por corrupción. Y en la línea de un férreo control para evitar corruptelas, Podem y EU quieren reformar el Estatut y eliminar el aforamiento de los diputados de Les Corts y los miembros del Gobierno valenciano para que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios.
- Restringir los dedazos. La propuesta número 31 se centra en seleccionar todos los cargos de dirección -también los del sector instrumental- por convocatoria pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, limitando los nombramientos mediante el sistema de libre designación.
- Diputaciones provinciales. Apartado exclusivo merece el vaciado de las diputaciones, "entes administrativos caducos" mantenidos "por motivos más políticamente interesados que debido a la supuesta importancia de su función". El programa de la coalición propone transferir por completo sus competencias y recursos a la Generalitat y a las mancomunidades o municipios con un plan paulatino de cuatro años, e impulsar una Ley de Comarcalización para crear entidades administrativas que gestionen servicios y recursos de forma cooperativa entre los Ayuntamientos.
- Tasa turística y tasa al azucar. El programa incluye una de las demandas de la formación morada durante esta legislatura, la tasa turística. Sería una tasa autonómica finalista con tramos municipales. Por otro lado, con el propósito de implementar una "fiscalidad saludable", la coalición quiere implantar un impuesto a las bebidas azucaradas, y en ese mismo sentido quiere aplicar exenciones y reducciones tributarias a establecimientos de comida saludable.
- Reversiones educativas y sanitarias. En educación, el programa pretende revertir los conciertos y no ceder terreno público para centros privados. El documento explica que "la existencia de la privada-concertada plantea una situación muy grave: la financiación con fondos públicos de un ideario que no es el de toda la sociedad, que contribuye a que el conocimiento científico quede sometido a principios o creencias religiosas y al proselitismo que, más que unir, segrega y separa".
Mismo planteamiento para los departamentos de salud que funcionan bajo el llamado modelo Alzira. Podem y EU quieren continuar con la reversión de la colaboración público-privada en Sanidad y cumplir con el anuncio del Consell de hacerlo con el departamento de Denia. Además, recoge la no renovación de la concesión del departamento de Torrevieja cuando finalice el contrato en 2021. En ese sentido, se quiere también completar la reversión de las resonancias magnéticas.
- Remunicipalización de la gestión del agua. El programa pretende devolverla al sector público en colaboración con los Ayuntamientos proveyéndoles de asesoramiento y ayudas. La intención es realizar un estudio del estado, la capacidad y la posibilidad de remunicipalizar determinadas depuradoras en las zonas rurales de la Comunitat.
- Aprobación de una Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular y creación de la Agencia Valenciana de Residuos. En esta normativa se incluiría también el impuesto al depósito en vertedero municipal y la recuperación de los tipos de gravamen para el impuesto a la incineración que cambiaron en 2018. La mencionada Agencia tendría entre sus pilares de actividad la gestión de las infraestructuras, por lo que la empresa pública Vaersa dejaría de ocuparse de ello.
- Iglesia y religión. En las primeras páginas aparecen propuestas dirigidas a eliminar la financiación pública a instituciones religiosas, suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos públicos y espacios de titularidad pública, así como revisar los acuerdos existentes entre la Generalitat Valenciana y la Iglesia Católica para actualizarlos de manera que "no sean lesivos para las administraciones públicas".
Dos de las cuestiones fundamentales en la última legislatura valenciana han sido la nonata reforma de la ley electoral y la reivindicación de una mejora en la financiación autonómica de la Comunitat Valenciana. Dos puntos que el programa también recoge.
La Ley Electoral debería ser, a juicio de la coalición, una Ley de Participación Política que incluyera una rebaja en el umbral mínimo de firmas necesario para tramitar una Iniciativa Legislativa Popular o la posibilidad de realizar referéndums sobre cualquier materia de competencia autonómica o municipal, entre otros asuntos. También incluye el distrito electoral único, listas desbloqueadas y cremallera, la eliminación de la barrera electoral del 5% y la aplicación de una fórmula de escaños proporcional.
La coalición reivindica también un sistema de financiación autonómica justo y equitativo, que respete los criterios constitucionales de la suficiencia para la prestación de servicios públicos y la solidaridad territorial. En esa línea, exige acabar con la deuda histórica que arrastra la Comunitat: "De nada serviría un nuevo reparto de recursos si no se empieza por corregir los problemas derivados del mal funcionamiento de los modelos anteriores".
Rubén Martínez Dalmau comentó que al Govern del Botànic, el conformado por PSPV y Compromís con el respaldo parlamentario de Podem, "le ha faltado valentía" a la hora de "llevar adelante" propuestas como las planteadas por esta última formación. "Podem ha marcado el ritmo estos cuatro años pero sus propuestas no han sido suficientemente aceptadas por parte del Consell", ha lamentado.
Así, ha asegurado que el de Unides Podem-EU para el 28 de abril es un "programa de continuidad" en "muchas" de estas medidas y ha citado como ejemplo "la tasa turística" cuya aplicación ha defendido con "dos tramos, uno local y otro autonómico" y otras iniciativas como "la apuesta por las medianas y pequeñas empresas" y el "comercio de proximidad" frente a "los macrocentros comerciales".
