CSIF insta al Consell a encontrar una solución legal para los interinos

VALENCIA. Una decena de representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó este lunes 3.500 firmas al Consell para instar a que la Generalitat aborde "de forma urgente y necesaria el proceso de búsqueda, negociación y adopción de medidas oportunas para reducir la alta tasa de temporalidad entre los empleados públicos de la Administración", que actualmente representan entre el 31 y 32%.

Junto al escrito, en el que trasladan al Ejecutivo valenciano la situación actual en la que se encuentra la administración pública, adjuntan la normativa que les rige y las plazas de especialidades y puestos básicos que en la sanidad pública ocupan una mayor tasa de interinidad.

Así, por ejemplo, los puestos de especialidades como biopatología o logopedia acumulan el 100% de "empleo precario" según la presidenta provincial de CSIF, Paula Breñas, ya que la totalidad de las plazas vacantes ofertadas han sido ocupadas por personal interino. Una situación de la que, según denuncia el sindicato, es responsable "la Administración por la falta de convocatoria de puestos de trabajo –oposiciones– y la tasa de reposición".

También sucede lo mismo con personal de puestos básicos -no especialistas- como los médicos de familia, de los cuáles el 24% son personal interino, o los enfermeros, que tienen una tasa del 36% de interinidad. Así como pedriatras (38%), técnicos de higiene (50%) o fisioterapeutas (35%).

No obstante, para resolver la problemática de estas altas tasas la solución no es sencilla. Si el Consell estudiaba en septiembre una vía extraordinaria para convertir a los interinos en funcionarios, los juristas ponían en duda la legalidad de cualquier tipo de procedimiento que no pasara por la convocatoria de oposiciones. Por lo que era complicado encontrar un margen legal para permitir que los 5.500 interinos accedieran a la condición de funcionarios.

Las tres alternativas que plantea CSIF

El sindicato planteaba este lunes posibles soluciones, entre ellas la opción de que no se realice examen de oposición, sino que se atienda tan sólo el mérito para convertir a los interinos en funcionarios, es decir, acceso sólo por concurso. Una salvedad que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) contempla pero que tan sólo es posible llevar a cabo si se crease una ley excepcional. Así, Les Corts deberían aprobar una norma que justificara la necesidad de aprobar este método. 

No obstante, es una opción que desde el propio sindicato entienden que podría no salir adelante "ya que la jurisprudencia en ocasiones ha considerado que con este método no se cumple con los principios de igualdad, mérito y capacidad requeridos en el acceso a la función pública". 

Sin embargo, no es la única solución que estudia la organización sindical. Existen otras dos vías extraordinarias como el concurso por oposición en el que piden que se tengan en cuenta tres factores; que en "la fase de concurso donde se repartan puntos, se tenga en cuenta la experiencia, que el examen sea de tipo práctico y que saquen el número de plazas suficientes para que pueda haber consolidación de los interinos", una alternativa que, según fuentes de CSIF, es legal y cumple con la normativa -requisito que les exige el Consell-.

Y, en tercer lugar, el acceso diferencial. Esto es, que si se convoca Oferta de Empleo Público con 300 plazas, 100 -por ejemplo- sean reservadas a interinos para que no tengan que competir con otros candidatos como las personas que acceden por carrera. No obstante, la Administración estima que no tiene encaje en la legalidad, aunque desde CSIF solicitan negociarlo para llegar a un consenso. 

Preocupación en el Consell

El pasado 8 de septiembre, el Consell ya mostró su preocupación al respecto tras el informe que realizaron los expertos para reformar la ley de Función Pública. En el citado estudio, detallaban que el 58,5% correspondía a funcionarios de carrera y el 6,2% a contratos laborales fijos, mientras que el 28,7% son funcionarios interinos y otro 5,7% son contratados laborales temporales. En definitiva, un 34% de la plantilla no es personal fijo en la Administración. 

Una preocupación compartida también por el envejecimiento del personal funcionario, con una alta tasa –casi el 40%– que supera los 54 años de edad y para la que el Consell ya planteó una posible solución: iniciar un programa de ayudas para fomentar la preparación de oposiciones con el fin de favorecer el acceso a la función pública de candidatos que, a pesar de tener un currículum destacado, no pueden destinar recursos económicos a emplear varios meses o años a esa ocupación.