Un estudio de la Complutense desmiente la conexión entre colaboración público-privada y aumento de mortalidad evitable
29/05/2024 -
VALÈNCIA (SERVIMEDIA). Un estudio llevado a cabo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a partir del análisis de 500 artículos científicos publicados en toda Europa, la investigación más profusa y completa hasta la actualidad sobre la materia, concluye que no existe una conexión entre la subcontratación a proveedores privados y el aumento de la mortalidad evitable. Unas conclusiones que contradicen las afirmaciones realizadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien en sede parlamentaria había señalado la existencia de estudios que relacionaban la colaboración público-privada con un incremento de la mortalidad evitable.
La investigación, titulada 'Revisión bibliográfica de la Colaboración Público-Privada en Sanidad: impacto en los indicadores sanitarios' y realizada por la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM, señala entre sus conclusiones que, a nivel general, no se demuestra evidencia de que en los modelos de colaboración público-privada se obtengan ni mejores ni peores resultados en los indicadores sanitarios que en modelo de gestión pública tradicional en España y otros países europeos. Y destaca que existen gran diversidad de factores que determinan el funcionamiento y los resultados de los modelos de colaboración público-privada, entre ellos la capacidad real del gestor, la personalidad jurídica, el entorno administrativo e institucional, la cultura del centro, las condiciones del contrato y la adecuada supervisión por parte del financiador de la calidad del servicio prestado por el gestor.
El estudio de la UCM subraya también la necesidad de disponer de más y mejores datos para realizar análisis concluyentes, señalando que muchos de los estudios existentes no permiten generalizar sus conclusiones debido a limitaciones en los datos disponibles.
El análisis realiza además una revisión de los polémicos artículos mencionados por la ministra Mónica García, en particular el artículo de 'The Lancet' sobre el sistema británico y el del Journal of Epidemiology an Community Health sobre Italia, indicando que los datos utilizados en dichos estudios no permiten establecer una conexión concluyente entre la privatización de servicios y un aumento de la mortalidad evitable.
El estudio concluye también que los hospitales de gestión privada en modelo concesional presentan los mejores resultados en mortalidad. El análisis compara diversos indicadores de los hospitales públicos y aquellos gestionados por operadores privados, demostrando que estos últimos presentan mejores resultados de eficiencia y atención al paciente en la mayoría de los indicadores analizados.
En el caso de la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo, y como indicador relevante en el ámbito principal del estudio realizado por la UCM, en el índice agregado de mortalidad, cuatro de los cinco hospitales públicos gestionados por un operador privado (Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Villalba y Fundación Jimenes Díaz) presentan los mejores índices de toda la región, con un Ratio de Mortalidad Estandarizada (RME) inferior a 1, es decir, por debajo de lo esperado. El quinto hospital, Torrejón, presenta un RME de 1.
Además, las auditorias de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana sobre los departamentos de Manises y Torrevieja concluyen que estos son de los más eficientes de la región y generan un ahorro significativo en el gasto sanitario público, logrando índices de consecución de objetivos superiores a la media de los hospitales de la Comunidad Valenciana. En Torrevieja, la tasa de mortalidad para todas las edades y todas las causas por 100.000 habitantes ajustada a la población es de 822, mientras que la media autonómica se situó en 911 en el año 2015, por debajo de la media de la Comunitat Valenciana.
Para ASPE, tales afirmaciones han tratado de menoscabar el modelo colaborativo que la privada brinda en auxilio de la sanidad pública, tal como permite la Ley General de Sanidad vigente desde 1986, y de esta forma avalar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuyo trámite parlamentario ha sido recientemente anunciado, y que busca acabar con los conciertos sanitarios y otros modelo de colaboración público-privada, a pesar de las graves consecuencias que tendría en salud ciudadana y coste económico.