Los estibadores anuncian movilizaciones contra el decreto que acaba con su monopolio

VALENCIA (VP). El sindicato mayoritario de los estibadores, Coordinadora, ha anunciado este viernes "movilizaciones y acciones sindicales" en los puertos españoles en respuesta al decreto ley que próximamente aprobará el Gobierno para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que le obliga a acabar con el régimen de exclusividad en la contratación de los trabajadores portuarios. Horas después de que el Ministerio de Fomento les expusiera sus planes, la formación ha calificado de "autoritaria" la actitud del ministro Íñigo de la Serna y ha criticado el "error" que supone esta "norma impuesta que desestabiliza un sector y destruye puestos de trabajo".

El anuncio confirma el temor que se comenzó a extender este jueves por los recintos portuarios españoles sobre próximas movilizaciones  de los estibadores, quienes este viernes han celebrado asambleas informativas en varios puertos para analizar la situación creada.

Previamente, el Ministerio de Fomento ha desvelado algunos detalles de la reforma, forzada por la urgencia de evitar una segunda sentencia por el incumplimiento reiterado del fallo original, ya que en este caso debería afrontar multas superiores a 21 millones de euros.

La reforma pretende acabar con la obligación de las empresas de tener que contratar a los trabajadores de las sociedades de estiba, unas mercantiles en cuyo accionariado también están obligadas a participar. Tras el nuevo decreto, que elimina las sagep y las sustituye por centros portuarios de empleo, se podrá contratar libremente, pero se establece un transitorio de tres años. Los trabajadores podrán subrogarse a las estibadoras o bien pasar a estos nuevos centros de empleo.

El líder del sindicato mayoritario de los estibadores, Antolín Goya, ha asegurado que, una vez "roto el diálogo" se iniciarán movilizaciones con el objetivo de "exigir de las empresas la culminación del esfuerzo de negociación desarrollado", ya que en los últimos meses se ha intentado llegar a un acuerdo con la patronal de las emrpesas estibadoras, Anesco, que no ha fructificado.

También pretenden exponer su postura a los grupos parlamentarios, a quienes se pretende convencer de que se opongan al Gobierno en el Congreso en el momento de convalidar el decreto ley. "No vemos otra salida. Somos miles las familias que vivimos de este sector, miles los trabajadores que hemos logrado construirlo para que arrojen cifras que baten récords año tras año y no permitiremos que nos erradiquen de la ecuación, sólo para que se enriquezcan los pocos a los que obedecen los gobiernos, a costa de trabajo en condiciones indecentes”, lamentan en su comunicado.

Los estibadores también afean al ministro actual que, al contrario que su antecesora Ana Pastor, haya optado por reformar el sistema portuario español "de forma unilateral". Para Coordinadora, esta decisión ministerial es "una sorpresa absoluta que contradice el compromiso adquirido por su antecesora, Ana Pastor, que solicitó el consenso de todos los agentes del sector para hacer la reforma", obligada por la sentencia del TJUE.

Ante esta petición del Gobierno, Coordinadora, UGT y CC.OO. "acordaron con Anesco un documento de Bases para la reforma" que la semana pasada fructificó en un preacuerdo con la asociación empresarial "que contenía el desarrollo pormenorizado que contaba con el apoyo de los grandes operadores nacionales e internacionales de los principales puertos españoles", relata Coordinadora.

"La decisión de ruptura del ministro, en la primera y única reunión convocada al efecto, frustra el ejercicio de flexibilidad y entendimiento con los empresarios de los puertos que permitía una salida acordada", prosigue el sindicato, que afirma sentirse "engañado".

“El ministro pone a España al dictado de los funcionarios de la Comisión porque, según dice, España no puede legislar en materia portuaria sino en los términos que le autoricen en Bruselas, incluso, incluyendo restricciones a la negociación colectiva que, aunque no la consideran necesaria, es una exigencia del gusto de los funcionarios comunitarios", sostienen.

Más duro de lo que marca la sentencia

Coordinadora, que recuerda haberse reunido con la comisaria europea de Transportes, sostiene que el planteamiento que hace ahora el Gobierno español "es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia". "Se trata pues, de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia que no es eso lo que exige", añaden.

El sindicato asegura que De la Serna les transmitió que cuenta con un amplio apoyo de los grupos parlamentarios para que se apruebe el decreto ley. "Sin embargo tanto PSOE como PNV, con el que Coordinadora se reunió en enero, desconocen el documento y, hasta ayer, no se habían reunido con el Gobierno", subrayan los estibadores.