VALÈNCIA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a través de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que anulaba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Desde la Administración valenciana consideran que la decisión del alto tribunal valenciano es "gravemente dañosa para el interés general" y, por ello, presenta este recurso de casación con la voluntad de que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre el fondo del asunto.
La norma, aprobada por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018, buscaba "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística". No obstante, desde el primer momento generó malestar entre el sector promotor valenciano y diferentes administraciones locales, que interpusieron diversos recursos. Finalmente, la sala de lo contencioso-administrativo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) aceptó el de la empresa de Torrevieja TM Grupo Inmobiliario y anuló la norma hace tan solo unas semanas.
En su sentencia, los magistrados consideraron que el texto carecía de informes clave para su desarrollo, como el económico, medio ambiental y de género. Entendían que no existía en el expediente un estudio económico que reflejara los costes de su implementación ni la repercusión que suponía para las propiedades afectadas. También apuntaban a una omisión de los preceptivos informes en materia de género, infancia y adolescencia, y familia. Además, sostenían que no se había sometido el plan a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica, con la falta de la evaluación de las distintas alternativas posibles.
Una resolución que para la Generalitat sienta una doctrina "gravemente dañosa para los intereses generales", puesto que "conlleva una situación de incertidumbre para los propietarios y agentes públicos, determina la parálisis de la Administración no solo autonómica sino también municipal, conlleva la desprotección de todo el litoral de la Comunitat Valenciana y la posibilidad real de su destrucción", argumenta la Abogacía de la Generalitat en su recurso de casación, al que ha tenido acceso este diario.
También discrepa sobre la anulación en su totalidad del Pativel, cuando lo que se cuestionan son "defectos formales", que a juicio de la Abogacía podrían, en todo caso, llevar a "una aprobación parcial" del plan, porque esta invalidez total conlleva "una indefensión real y efectiva de los derechos que con el mismo se tratan de garantizar".
En concreto, respecto a la memoria económica, el equipo jurídico de la Generalitat defiende que en este caso no sería necesaria, dado que se trata de un instrumento que "protege el suelo, pero no lo transforma" y, por tanto, "no implica gasto ni incidencia sobre situaciones urbanísticas". "No se entiende qué concreta evaluación del 'coste de ejecución de la actuación' y de 'las fuentes de financiación de la misma' -elementos que deben analizarse en el Estudio Económico de un Plan- se puede realizar en un instrumento de planificación territorial que, como es el caso de nuestro Pativel, se limita a ordenar usos y actividades permitidas en unos suelos, para los cuales se explicita que no son necesarios costes públicos algunos ni instrumentos financieros para su aplicación", justifican.
Por lo que concierne a la evaluación ambiental, la Abogacía señala que la decisión del TSJCV "exige un contenido concreto que no lo demanda la normativa ni la propia sentencia señala cuál es, además de alterar el verdadero concepto y finalidad de la evaluación ambiental, sustrayendo a la potestad normativa sobre planeamiento su carácter discrecional".
En relación con los informes de género, infancia, familia y adolescencia, el recurso sostiene que se debe revisar si la normativa pública puede ser neutra o nula en cuanto a sus efectos en la igualdad de género, protección a la familia y menores o si es suficiente con que los informes incorporados en el expediente puedan limitarse a constatar dicha circunstancia. "La doctrina establecida por la sala del TSJCV es especialmente perjudicial por cuanto los poderes públicos no podrán implantar ninguna actuación o política pública que, siendo necesaria e indispensable en cualquier ámbito material, no resulte compatible con la implantación de nuevas medidas específicas de impacto positivo", expresa el recurso.
Pese a esta anulación del Pativel por parte del alto tribunal valenciano y a la espera de un pronunciamiento del Supremo, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, subrayó que "la normativa que comprende el Plan continúa en vigor y nuestras playas y costas están protegidos". "Este instrumento de ordenación y protección sigue estando vigente y continúa dando cobertura a nuestras costas", recalcó en atención a los medios de comunicación este viernes.
El conseller indicó que la sentencia del TSJCV "no entra en el fondo del Plan sino que aborda solo cuestiones formales", por lo que confía en que esta herramienta del Consell para la protección y preservación del litoral pueda recuperarse.
