El alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El debate jurídico acerca del uso de los ahorros municipales sigue vivo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refrenda la postura del Interventor del Ayuntamiento de València sobre el uso de los remanentes del consistorio del ejercicio pasado para gasto corriente, buena parte del cual se ha dedicado a ayudas a empresas y autónomos y a sostener las finanzas de las empresas públicas municipales por el impacto de la crisis del coronavirus.
La postura de ambas partes, tanto la AIReF como el Interventor, es clara: pese a los anuncios del Gobierno central y las notas informativas emitidas por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, no hay ninguna norma que recoja expresamente el desbloqueo de los ahorros locales y, por tanto, la ley sigue impidiendo sobre el papel que estos se empleen para este tipo de partidas.
La cuestión ha generado cierta disensión sobre el marco jurídico con el que se sustenta la decisión del Ayuntamiento de València, como muchos otros, de emplear los ahorros locales para lo que deseen tras años de limitaciones por la llamada Ley Montoro. Esta normativa sólo permite gastar los ahorros de años anteriores en pagar la deuda con los bancos, con los proveedores y hacer frente a inversiones financieramente sostenibles. Con motivo de la pandemia, el Gobierno central suspendió las reglas fiscales y dijo que, con ello, se desbloqueaba el uso de este dinero, ampliando presuntamente los fines a los que se podían dedicar.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no modificó ningún aspecto de la mencionada normativa para regular sobre el papel este cambio. De esta manera, aunque el Ejecutivo ha estado informando a los ayuntamientos de que pueden emplear los remanentes libremente, lo cierto es que el marco jurídico es el mismo. Y es eso sobre lo que advierten tanto la AIReF como el Interventor del Ayuntamiento de València, no sólo al consistorio, sino también al Gobierno para que ejecute las modificaciones legales precisas.
"La suspensión de las reglas fiscales, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, supone que la actuación de todas las Administraciones Públicas deberá seguir orientándose a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo", asegura el organismo encargado de vigilar la estabilidad presupuestaria de la administración, para añadir más tarde que las consecuencias de la "cláusula de escape" activada por el Gobierno -el desbloqueo de los remanentes- "deberían encontrarse reguladas de forma expresa en la normativa".
En este sentido, la AIReF, preguntada por el Partido Popular sobre su criterio en relación a la ya manifestada por el Interventor municipal de València, insistió el pasado 9 de septiembre en que "hasta el momento" las implicaciones de esa suspensión de las reglas fiscales "sólo han quedado recogidas en un documento de carácter informativo que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su página web" y que en ningún caso tiene carácter normativo para las corporaciones locales.
En València, el montante total de remanentes acumulados hasta pasado el año 2020 ascendían a 57 millones de euros y este año el gobierno local, que dirige Joan Ribó y cuyo edil de Hacienda es Borja Sanjuán, decidió destinar 12,6 millones de euros del total a ayudas sociales, a comercios y entidades, y a planes de empleo, y a amortiguar el impacto de la covid en las cuentas de organismos públicos. Algo que, atendiendo únicamente a la legislación en vigor, no se podría hacer porque no se ha modificado.
De hecho, el Interventor ya mostró su desacuerdo con esta decisión al considerar, como publicó Valencia Plaza, lo que ahora viene a confirmar la AIReF: que las aclaraciones del Ministerio de Hacienda en sus notas informativas "no tienen naturaleza de fuente de Derecho y tienen la consideración de dictámenes y opiniones que como tales pueden ser comentadas y contrastadas" y que, por ende, los remanentes podrían usarse libremente "siempre que se plasme en la correspondiente norma legal que expresamente lo indique". Esto, por ahora, no ha ocurrido.
"Ante la gravedad de esta situación", los populares han presentado una moción al pleno municipal instando al alcalde a solicitar un informe detallado a la AIReF para verificar si se ha cumplido o no la Ley Montoro en las modificaciones presupuestarias aprobadas en el Ayuntamiento de València durante este año con los informes del Interventor municipal en contra. En la iniciativa, el grupo municipal que dirige María José Català, subraya "la falta de soporte legal" de estos cambios presupuestarios a la luz de las posturas tanto de la AIReF como del habilitado nacional del consistorio.
