Gabriela Bravo, durante su comparecencia. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, explicó este viernes los presupuestos de su cartera. Si bien Bravo defendió las bondades de estos con un incremento presupuestario de un 15%, en las réplicas admitió que las licitaciones de las obras previstas no han sido todo lo rápidas que le habría gustado.
El rifirrafe comenzó con la portavoz de Justicia del PP, María José Ferrer San-Segundo, que le espetó que, en 2018, a fecha ya 30 de septiembre solo ha ejecutado el 27,85% del presupuesto. "En 2016, un 29,16%, y en 2017, un paupérrimo 17%", añadió. Y prosiguió con el diputado de Ciudadanos Toni Subiela, quien le dijo que la herencia del anterior Consell en esta materia es "pésima", pero no ha mejorado mucho, con una Justicia caracterizada por la "lentitud, instalaciones insalubres, burocracia, desesperación y frustración", y afirmó que el plan de inversiones es más bien "un plan de hipotecas". Subiela concluyó: "Me preocupa su incremento de presupuestos porque tiene ingresos por un milagro. La Justicia es demasiado seria como para depender del milagro del señor Soler".
Ante estos ataques, Bravo no negó que las licitaciones "han ido más despacio de lo deseable" y, fue entonces cuando les dijo: "Si son capaces de licitar leyes más rápido les ofrezco la dirección general. Que soy lenta, de acuerdo, pongan a otra". ¿Le había dicho a Verónica López, directora general de Justicia, que iba a realizar ese ofrecimiento hasta en dos ocasiones al resto de grupos?
La consellera añadió que el presupuesto recoge gastos plurianuales porque este Consell "no hace como el PP, ir a los bancos a pedir un crédito y luego dejar deudas".
En cuanto a los presupuestos en sí, uno de los mayores pellizcos se lo ha llevado, como cada año, la justicia gratuita, con 45 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,85% respecto del año anterior. El resto de grupos, incluidos los socios de gobierno del PSPV, solicitaron que la Conselleria 'apriete' a los colegios de abogados para que realicen más formación, así como que sea la propia Conselleria de Justicia la que abone a los profesionales el dinero cuando a una persona se le deniega el servicio y sea la administración la que reclame el pago posteriormente.
La violencia de género y la atención a las víctimas fueron otros de los temas recurrentes durante la comisión. La consellera adelantó que destinará 1,2 millones de euros a la creación de nueve unidades comarcales de valoración forense integral, que facilitará a los juzgados informes para proteger a las víctimas de la violencia machista y que se sumarán a las tres provinciales que ya existen, y que pondrá en marcha el Portal de justicia abierta, con una partida de 315.000 euros. Además, indicó que en 2019 se crearán once oficinas de asistencia a víctimas del delito en los partidos judiciales que actualmente carecen de ellas.
Sobre la violencia de género, la diputada popular señaló que "es urgente extender las unidades de valoración de riesgos y que no estén solo en las capitales de provincia". "Y si ahora usted reconoce –como ha hecho hoy- que se tenía que haber hecho antes, le añado que debería haber sido una prioridad desde el principio del mandato. Porque si algo es necesario en violencia es que los gobernantes se anticipen y prevengan: es así como se pueden salvar vidas de mujeres en riesgo, y de sus hijos que cada vez lo están más," apostillaba Ferrer San-Segundo.
Ante estas críticas, Bravo le explicó que nadie los había solicitado, que "no ha sido hasta que se han hecho varios informes a raíz de reuniones con los profesionales que dicha demanda salió a la luz". Llegando incluso a explicar, que "algunos profesionales desconocían la existencia de dichos servicios".
En cuanto a la memoria democrática, llama la atención que se destina mucho más dinero a la parte teórica y de subvenciones a universidades y ayuntamientos con 1,1 millones para el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática y 540.000 para las subvenciones, mientras que a las partidas para encontrar restos y para la puesta en marcha de un banco de ADN que permita la identificación de las víctimas están dotadas con 450.000 y 350.000 euros respectivamente.
Por último, Gabriela Bravo también anunció que ejecutará las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, con la convocatoria de 4.000 puestos, mientras que San-Segundo le recordó que las del grupo A1 llevan pendientes desde el año 2015. Y recordó que, en materia de prevención, se renuevan los convenios con el Consejo General del Poder Judicial y las Universidades para que los miembros de la carrera judicial reciban una formación específica. El primero de ellos incrementa su cuantía en 70.000 euros y el segundo sube a 150.000 euros.
