VALÈNCIA (EFE). El pleno del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) se ha pronunciado hoy sobre la Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana y si bien ha considerado necesaria su aprobación ha pedido que la misma tenga "mayor participación pública" y una adaptación de la norma autonómica a la estatal que, a su vez, trasponga la europea.
El pleno del CES-CV, celebrado este miércoles, ha elaborado el Dictamen a la Proposición de Ley para la Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana y ha hecho una serie de observaciones que se han aprobado por unanimidad, según han señalado fuentes de la entidad.
El Comité ha analizado la propuesta de ley que le fue remitida por la Presidencia de les Corts para su dictamen y que generó 18 observaciones generales y 42 observaciones a los preceptos y anexo de la ley.
Todas estas consideraciones se han planteado a partir del hecho de considerar precisa esta norma, con el fin de incorporar los criterios de economía circular en materia de política de residuos, impulsando la prevención y reducción de la generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de los mismos, así como su incorporación en el ciclo productivo, como ha manifestado este Comité en sus sucesivas Memorias Socioeconómicas de la Comunitat Valenciana.
El CES considera necesario diseñar una estrategia valenciana integral de economía circular, por lo que ve importante que la Proposición de Ley contemple medidas de impulso de nuevas actividades económicas y yacimientos de empleo que se pueden generar con la economía circular, así como medidas vinculadas a la formación, capacitación y reciclaje de trabajadores y empresas.
Por ello, vería oportuno que la administración favoreciera el fomento de acuerdos voluntarios entre los actores sociales y económicos para alcanzar los objetivos marcados.
El Comité considera que debería haberse promovido un mayor proceso de participación pública en la redacción de esta futura Ley y estima necesario implicar más a la sociedad, a los agentes económicos y sociales y a la ciudadanía.
Se ha dictaminado además que cabe la posibilidad de que la aprobación de la norma estatal y esta propuesta de ley se haga de forma casi simultánea, de forma que existan preceptos y obligaciones no armonizados que originen situaciones transitorias de inseguridad jurídica.
Por ello considera que la Proposición debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo para generar un marco normativo claro, que facilite su conocimiento y comprensión por la sociedad, dando así cumplimiento al principio de seguridad jurídica.
