Foto: SHAYNEVALÈNCIA (EFE). El debate en torno a las condiciones de acceso al bono social de la luz por parte de las familias numerosas, para las cuales, por lo general, no existía un criterio de renta hasta ahora, ha obligado al Gobierno a trabajar a contrarreloj para reformar su diseño a fin de primar el apoyo a las más vulnerables.
De acuerdo con la última estadística del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 757.410 títulos de familias numerosas en vigor. De ellas, más de 396.000 serían potenciales beneficiarias del bono social en este 2023, según las previsiones de coste realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, sólo un 47 % de ellas tendrían consideración de consumidores vulnerables severos, única categoría para la que sí se tienen en cuenta los niveles de renta, al recibir un mayor descuento en la factura eléctrica.
Para determinar si cumplen o no este criterio, la Administración recurre al IPREM, un índice empleado en España como referencia a la hora de conceder ayudas, subvenciones o subsidios por desempleo, como antes lo fue el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Sin embargo, al crecer a un ritmo menor que el SMI, el IPREM permite canalizar estas ayudas hacia las economías más necesitadas.
El bono social eléctrico es un mecanismo puesto en marcha por el Gobierno el 1 de julio de 2009 para proteger a los consumidores vulnerables.
Tienen derecho a él las personas que tengan contratada con su comercializadora de referencia una tarifa regulada o PVPC, es decir, con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW), y cumplan con varios requisitos personales, familiares y de renta.
Será consumidor vulnerable y recibirá un descuento del 25 % -que, de forma excepcional, alcanza el 65 % hasta el próximo 31 de diciembre- aquel cuyo nivel de renta de la unidad de convivencia sea igual o inferior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros al año).
Si la unidad de convivencia está formada por más de una persona, el multiplicador se incrementará en 0,3 por cada miembro de más mayor de edad y 0,5 por cada menor de edad, y, adicionalmente, por 1 si tiene una discapacidad igual o superior al 33 %, es víctima de violencia de género o del terrorismo.
Como ellos o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), también entran en vulnerables quienes posean el título de familia numerosa, aunque en este último caso no se establece ningún otro criterio adicional.
Lo contrario ocurre con la categoría de consumidor vulnerable severo, sobre la que se aplica un 40 % de descuento -o de un 80 % hasta finales de año con motivo de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis energética-.
En este caso, si se tiene el título de familia numerosa, la unidad de convivencia debe percibir una renta anual igual o inferior a dos veces el IPREM de 14 pagas, 16.800 euros.
Al margen de éste se encuentra el bono social térmico, un programa de ayudas creado en 2018 para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.
Son beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, quienes ya percibían el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior o hubiesen obtenido una resolución favorable a su solicitud antes de esa fecha.
La polémica sobre el bono social ha estallado después de conocerse que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, recibe, precisamente, este bono social térmico por tener tarjeta de familia numerosa, algo que ve "perfectamente ético".
Horas después se sabía que la líder de Más Madrid, Mónica García, también había recibido esta prestación, un hecho por el que ha pedido "disculpas" y ha asegurado que intentará devolverlo, si bien ha precisado que no lo solicitó, sino que es un pago "automático" en el caso de las familias numerosas.
En mitad de la polémica, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, anunció el miércoles que se cambiará la regulación actual.
Esta misma mañana, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha admitido que el Ejecutivo estudia establecer límites máximos de rentas para el acceso de familias numerosas al bono social de la luz, para evitar que lo tengan "personas que no lo precisen" y con "ausencia de ética".
En este sentido, la ministra Ribera ha asegurado que la reforma que se estudia será sencilla y ha indicado, a modo orientativo, que el nivel de renta máximo para percibirlo será ligeramente superior al establecido para las unidades de convivencia de 4 ó 5 miembros, que es de alrededor de 25.000-26.000 euros anuales.
En su opinión, hay que "incorporar a esa categoría a las familias numerosas", aunque reforzando a partir del tercer hijo con un factor multiplicador "un poquito más grande" para que puedan beneficiarse.
