El Consell aprueba "separar" a Rodríguez-Piñero del Puerto y ella recuerda que dimitió hace dos meses

Según ha explicado, la determinación tiene que ver con la información que trascendió la semana pasada de que la condición de Piñero como diputada del Parlamento Europeo era incompatible con la de vocal del consejo de Valenciaport y con la percepción de cualquier remuneración pública al margen del puesto europeo.

"Estaba previsto hacer cambios en el consejo de administración del Puerto, pero estos acontecimientos han precipitado un poco la decisión porque consideramos que son lo suficientemente graves como para apartar a Inmaculada Rodríguez-Piñero cuanto antes. Y la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado que el momento era ahora", ha expuesto Merino en su comparecencia semanal tras la reunión del gobierno valenciano.

La eurodiputada contradice esta versión. "Como mucho habrán aceptado mi dimisión, que presenté a la consellera Salomé Pradas hace dos meses. Mi dimisión es del 25 de septiembre. No he asistido a ningún Consejo desde ese día, casi dos meses antes de que se pusiera en cuestión mi compatibilidad", ha afirmado. 

El Consell, de hecho, ya nombró a varios relevos en los consejeros del Puerto en septiembre. Uno de ellos era el de la propia Rodríguez-Piñero. Se trataba del eurodiputado del PP y exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. 

La polémica de este asunto viene dada por que la Abogacía de la Generalitat concluyó en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal del Consell en el consejo de administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig, y hasta el pasado septiembre. Durante este periodo cobró 40.000 euros brutos.

La eurodiputada lamentó "profundamente" esta situación, que aseguró que era "absolutamente desconocida" para ella y que contradice su "comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público", al tiempo que afirmó que "sin lugar a dudas" atenderá "cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa".