El Provincial de Castellón asesta a Montón el segundo varapalo judicial en seis meses

CASTELLÓ. Seis meses después del varapalo judicial que supuso para Sanitat que la Fiscalía de Castellón decretara el archivo de las diligencias de investigación penal, a raíz de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la facturación del Hospital Provincial, este lunes el departamento que dirige la consellera Carmen Montón ha sumado un nuevo contratiempo legal al conocerse la anulación, por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, de todos los despidos contemplados en la decisión del Consejo de Gobierno del Consorcio celebrado en octubre del 2016.

Este acuerdo de la dirección del Hospital tenía como objetivo crear un total de 109 nuevas plazas de naturaleza estructural y la amortización de otros tantos puestos de difícil cobertura al ser de carácter funcionarial, lo que hizo que el Consorcio prescindiera del personal que hasta entonces estaba desempeñando esta labor, contratos 'en fraude de ley' que se iban prorrogando de manera automática durante años. En total se prescindieron de 17 trabajadores. Entre ellos había personal de farmacia o los técnicos que realizaban las pruebas de detección precoz de la ambliopía ocular entre los escolares, lo que se conoce como ojo vago, entre otros numerosos servicios.

Esta decisión le valió a la Conselleria fuertes críticas por parte de CCOO, el sindicato con mayor representatividad en el centro y, sobre todo, desde el gobierno de la Diputación, en manos del PP y ‘copropietaria’ del centro hospitalario.

Nada más conocer la sentencia, que será recurrida por parte de Sanitat, según se anunció desde la gerencia del propio hospital, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, celebró que la justicia finalmente “haya frenado el intento de desmantelamiento del Hospital Provincial que la consellera Montón inició y la han obligado a retrotraerse al inicio de este mandato, antes de que se tomara ninguna de estas decisiones”.

La situación que se genera ahora viene a añadir mayor incertidumbre en la actual plantilla y pone en tela de juicio, por segunda vez en menos de un año la política que la consellera de Sanitat ha venido realizando en el Hospital Provincial de Castellón, como así se le recuerda tanto desde el PP como de Ciudadanos.

En el pasado mes de noviembre, la Fiscalía de Castellón emitió un decreto en el que se archivaban todas las diligencias abiertas a consecuencia de las denuncias expuestas por la Conselleria, que había trasladado miles de facturas emitidas durante los gobiernos del PP sobre presuntas irregularidades en el periodo entre 2003 y 2015 y que tendrían un importe de más de 33 millones de euros. El Ministerio Público entendió entonces que, en todo caso, habría que hablar de irregularidades administrativas y contables pero en ningún caso de delitos imputables a los responsables del centro.

La propia consellera fue la encargada de anunciar sus sospechas sobre el Hospital Provincial a pocos días de celebrarse las elecciones generales del 2016, de ahí que desde las filas populares se tachara su actitud de electoralista y se le acusó de “pretender desmantelar el centro”. Desde Sanitat por su parte, se ha señalado en todo momento que su objetivo ha sido la de resolver las irregularidades que había encontrado en la contratación laboral y los servicios que habían detectado. Pero la justicia, de momento, no lo ve así.