Carlos Prades, presidente de FVET VALÈNCIA. Malestar e indignación. Eso fue lo que sintió la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (Fvet) cuando este pasado mes de julio el alcalde de València, Joan Ribó, se opuso a un acceso norte al puerto por carretera para defender uso ferroviario con el argumento de que no había que "derrochar cientos de millones en una infraestructura para camiones, cuando dentro de 15 años estos vehículos serán una especie en extinción".
Unas declaraciones que no sentaron nada bien a los empresarios del transporte que las consideraron "una declaración de intenciones contra una profesión que genera trabajo a unas 15.000 familias" y que, a su juicio, denotan "un desconocimiento total" de lo que supone el sector. "A mí me pareció que desconoce totalmente lo que es el sector del transporte por carreteras. Me da igual la ideología que sea. Esto son temas estructurales y cuando hablamos de la extinción de un sector me parece que aquí no hay ideología. Hablamos de un millón de familias viviendo de esto, de profesionales que trabajan para comer y cenar todos los días y poder llegar a final de mes", asegura el presidente de la patronal del transporte, Carlos Prades, en declaraciones a este diario.
Fue entonces cuando Fvet solicitó un encuentro con el primer edil de la ciudad para intentar suavizar posturas y abordar el tema. "Un tren para llevar las mercancías a Sagunto tendría que tener seis líneas y estar todo el día llevando contenedores y aun así no transportaría todo lo que va a suponer el acceso norte por carretera", puntualiza. Por el momento, la petición no ha sido atendida y ante este silencio, pidieron un encuentro con la vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, que se producirá esta próxima semana.
"Solo queremos trasladarles lo que es el sector y explicarles de lo que estamos hablando", asegura el empresario que este pasado viernes mantuvo un encuentro de trabajo con el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, para abordar la situación del sector y trasladarle algunas de sus reivindicaciones como la necesidad de párkings para vehículos pesados o más dotación de personal para resolver cuestiones administrativas que les afectan en el día a día.
El encuentro estuvo marcado por la actualidad y principalmente se centró en la polémica surgida sobre la idoneidad del acceso norte al recinto portuario para camiones y la exigencia de la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, de una nueva declaración de impacto ambiental para el proyecto de la ampliación norte, que implica una inversión público-privada de 1.400 millones de euros. La patronal de los empresarios del transporte no solo defendió la importancia de ambos proyectos por la generación de empleo y riqueza para la ciudad, sino que no quiso perder la oportunidad de sacar pecho de la importancia de un sector como es el transporte de camiones por carretera que mueve el 85% de las mercancías en España.
"El alcalde de una de una capital como València no puede gratuitamente decir que en 15 años no vamos a existir. Podrá decirnos que nos tenemos que reconvertir, que tenemos que ser menos contaminantes, aunque somos un sector que solemos ser pioneros en ese tipo de cosas, pero no eso. Demuestra una falta de conocimiento total", incide.
El empresario no solo defiende la importancia de ambas inversiones, sino que pide altura de miras a la clase política más allá de una ideología y así se lo trasladó al conseller España. "Nuestra petición es que quienes nos gobiernan tengan sentido común. Lo que hemos intentado transmitirle es que hay obras que afectan a la ciudad y trascienden las ideologías. Hay cosas que son más importantes que los colores de los partidos y la ampliación del puerto es una oportunidad que no se debe desaprovechar para que el puerto llegue a convertirse en uno de los más grandes del mediterráneo", subraya.
Además, advierte de la incertidumbre que puede suponer para la empresa que opta a la construcción y explotación de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte, en este caso el gigante naviero MSC a través de su filial TIL, las críticas a un proyecto de esta envergadura. "Qué una empresa de este calibre apueste por la ampliación, cuando seguramente tendrá ofertas de otros puertos del mediterráneo, se encuentre con la oposición al proyecto sorprende muchísimo", afirma Prades. Su petición al conseller, por tanto, fue una comunicación fluida y plena disposición para conseguir que estos proyectos prosperen.
Otro de los temas que también abordaron los empresarios con el titular de la cartera de Obras Públicas en la Comunitat fue la liberalización de la AP-7 que en la actualidad explota Abertis y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre. Al respecto su posición es clara: la autopista debe ser gratuita y no se debe pagar por el uso de las autopistas. También muestran su rechazo al desvío obligatorio de camiones por las autopistas de peaje.
"Tenemos una regulación que nos asfixia con un gasoil que siempre amenazando y nuestros mayores lo único que saben hacer es gravar con impuestos. Entendemos que ya se hemos pagado millones por las vías por las que circulamos", puntualiza y, en este sentido, considera que la AP-7 "está pagada y suficientemente amortizada". "Ya hemos pagado más que de sobra por el mantenimiento de las autopistas", insiste.
