Foto: INICIATIVA-COMPROMÍSVALÈNCIA (EFE). La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís ha aprobado una propuesta con medidas que puede adoptar el Gobierno de España para el abaratamiento del precio de la electricidad, como modificar la tarifa del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor incluyendo un porcentaje de precio fijo a futuro compensable con previsiones de bajada reales y aumentar el descuento del bono social.
Esas propuestas recogen aprobar ya el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y, en el caso del bono social, aumentar el descuento del 40 al 60 % mientras los precios estén por encima de 45€/Mwh y refinanciar el déficit de tarifa, que reduciría en 3.000 millones el coste anual.
Asimismo se plantea que se impulse el autoconsumo con medidas administrativas y económicas y la producción de renovables. Según Iniciativa-Compromís, en el contexto actual el autoconsumo eléctrico se erige como la alternativa que permite a los consumidores domésticos, pymes e industrias obtener una independencia de los precios de la red eléctrica, a la vez que producen energía limpia y evitan ser fuentes contaminantes.
Aún con la desaparición a finales de 2018 del impuesto al sol establecido por el gobierno de Mariano Rajoy, siguen vigentes trabas hacia los pequeños productores que continúan lastrando su capacidad de producir energía limpia y barata desde sus propios tejados y para acabar con esta situación se propone establecer un sistema de autoconsumo dinámico que acerque los valores de intercambio con las eléctricas y que permita a los partícipes intercambiar sus excedentes puntuales, en función de coeficientes variables; permitiendo a su vez que los excedentes puedan ser cedidos a autoconsumidores cercanos.
Otras medidas son simplificar los trámites burocráticos para la instalación de autoconsumo y eliminar las barreras y las trabas que las grandes distribuidoras imponen a las cooperativas locales en el momento de proceder a una instalación.
También que las concesiones hidroeléctricas reviertan a empresas públicas preferentemente locales y creación de una entidad pública con capacidad de intervención que evite la descompensación de precios en el futuro, así como llevar a cabo la modificación de la estructura de la tarifa eléctrica, reduciendo al máximo el precio de los tramos fijos.
