La Audiencia expulsa definitivamente a Rosa Pérez del 'caso Taula' por estar investigada

VALENCIA. La diputada provincial de Izquierda Unida, y denunciante del caso Taula, Rosa Pérez, ha sido expulsada definitivamente como acusación popular por estar imputada (ahora investigada) en la causa. En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia afirman que "la cuestión suscitada de nuevo ante este tribunal ha sido resuelta en distintas resoluciones que ponían fin a anteriores recursos, en el sentido de excluir a Rosa Pérez como acusadora popular en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción Número 18, dado que ‘aparece como investigada’ en la causa principal".

Los magistrados hacen referencia a que han tenido que emitir varias resoluciones sobre el mismo tema por una discrepancia con el criterio del juez instructor, que ha llevado a que Pérez haya tenido que ser expulsada de una pieza y después de otra, hasta ahora. 

Con este auto, los tres jueces de la Audiencia Provincial dejan claro cuál es el criterio que hay que seguir: "Contrariamente al criterio del juez instructor, mantenemos que se trata de una única causa, y que las distintas piezas separadas poseen un carácter instrumental que es innegable que contribuyen decisivamente a la facilidad de manejo, la agilización, simplificación y activación del procedimiento".

Por el momento no hay fecha para que Pérez preste declaración ante el magistrado y el fiscal Anticorrupción sobre las acusaciones que pesan sobre ella en la pieza de los zombies de Imelsa. Tal y como ya publicó Valencia Plaza, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asevera en su informe que Pérez y Emili Altur de Compromís "solicitaron los asesores porque averiguaron que el resto de grupos tenían uno". Es más, algunos de los asesores que debían trabajar para Imelsa "ocupaban un tiempo reducido de su jornada laboral, llegan incluso en ocasiones a no realizar servicio alguno relacionado con Imelsa".

Respuesta de Rosa Pérez

La diputada respondió a última hora de la tarde del miércoles con un comunicado en el que, tras haber tenido conocimiento de la decisión de la Audiencia Provincial, afirmaba sentirse "perseguida". Pérez explicó que, a diferencia del juez instructor y de la propia letrada, los magistrados de la Audiencia consideran que se encuentra "investigada en la pieza principal".

Pérez calificó esta decisión judicial de "nueva traba" para que no pueda ejercer la acusación particular en una causa, el caso Taula, que no existiría de no ser por el trabajo de denuncia que hizo Esquerra Unida y que cristalizó en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 30 de junio de 2014.

La diputada provincial de EUPV criticó a los investigadores al asegurar que "ejercer la acusación popular significaría mantener este firme compromiso con la persecución de los corruptos, garantizando que sean investigadas cuestiones muy graves que ya se incluyeron en la denuncia inicial y que a fecha de hoy no están siendo investigadas ni por la Guardia Civil ni por la Fiscalía". 

La diputada de izquierdas añadió que "parece ser que la razón de mantenernos en un limbo jurídico después de demostrar que el asesor que fue imprescindible para la fiscalización de Imelsa realizó efectivamente su trabajo no era más que mantenernos alejados de la investigación". "No nos parece casual que se investigue si se podía tener asesores o no, mientras que se obvian cuestiones como las LED o los modificados de obras del área de Carreteras con informes contrarios del oficial mayor", concluyó.

'Pitufeo'

Por otro lado, este miércoles comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la instrucción de la causa por blanqueo de capitales, más conocida como la pieza del pitufeo contra el diputado autonómico del PP Miquel Domínguez, que está acusado de haber hecho un ingreso de 1.000 euros que presuntamente después le fueron devuelto en dos billetes de 500 por la cajera del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster.

La instrucción comenzó con la declaración de tres de los cuatro testigos de la causa. Todos ellos volvieron a explicar lo que en su día ya relataron ante la UCO y ante el magistrado de la operación Taula. De los relatos de los testigos, el más comprometedor es el de una asesora de alcaldía que explicó que "el asesor de Domínguez, Julio Valero, fue la persona que me pidió que blanqueara", y según ella para conseguir que lo hiciera le dijo: "Lo hemos hecho todos los asesores y todos lo concejales". Una frase que, según fuentes de toda solvencia, es bastante perjudicial para la defensa de Domínguez.

Por su lado, la defensa de exconcejal de Rita Barberá, intentó desvincular de los hechos al ahora diputado del grupo municipal. Para ello utilizó la baza de que Domínguez tenía su despacho en la avenida del Cid y no en la plaza del Ayuntamiento y que, además, en esas fechas estaba cuidando a un familiar enfermo. Sin embargo, el intento pronto se fue a pique ya que, según diversas fuentes, todos los testigos declararon que Domínguez tenía un despacho en el edificio principal del Ayuntamiento de Valencia al que iba con mucha regularidad, de hecho, casi a diario.

La próxima declaración se prevé que sea la del acusado, pero todavía no tiene fecha.