VALENCIA. El marcado acento europeísta y económico del III Seminari de Govern que se ha celebrado en Sagunt este fin de semana se aprecia desde la primera de las 50 medidas comprometidas por el Ejecutivo que lidera Ximo Puig. Así, en el apartado de Presidencia de la Generalitat que encabeza el documento, se refleja el objetivo de reestructurar la Fundación Comunidad Valenciana Región Europeo y el Consejo Valenciano de Asuntos Europeos para ampliar la participación de la sociedad civil y las universidades valencianas.
Además, se especifica que se impulsará la creación de unidades de asuntos europeos en todas y cada una de las consellerias para "mejorar la coordinación y reforzar la acción de la Generalitat en las instituciones europeas". Un objetivo que ya se deslizaba este sábado, tal y como informó Valencia Plaza, y que va dirigido a mejorar la interrelación con las autoridades europeas y, por supuesto, a lograr la mayor cantidad de fondos, proyectos cofinanciaciados e información de por dónde "respira" Bruselas, tal y como señalaron fuentes del Consell a este diario.
No obstante, si atendemos a las medidas estrella de cada uno de los departamentos, en Presidencia se anuncia una que es fundamental para los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana: "Elaboración de un Decreto por el que se convoque el procedimiento de constitución de una bolsa de trabajo para la provisión con carácter interino de puestos reservados a funcionarios y funcionarias de la administración local con habilitación nacional de la sub-escala secretaría-intervención. Una medida para dar respuesta y proveer de personal esencial a alrededor de 200 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tienen en dichos puestos personal acumulado, accidental o interno". Una iniciativa que, según fuentes del Consell, implicará un importante alivio en materia de personal para los consistorios.
En Hacienda, conselleria dirigida por Vicent Soler, además de impulsar un inventario de patrimonio procedente de empresas públicas, se anunció la culminación del proceso de reestructuración de la SGR con la aprobación de un decreto ley incluido. Sin ser una iniciativa estrella, ya que es una medida legislativa para resolver un asunto técnico dentro del proceso de rescate de la sociedad, es destacable dar un paso adelante en la desactivación de una de las mayores 'bombas' que se encontró el nuevo Consell a su llegada en 2015.
Siguiendo con Hacienda, es llamativa la ausencia del decreto de asunción de deuda de Feria Valencia. Se trata de un proceso similar al de la SGR, ya que obliga al Consell a legislar para completar el plan de viabilidad del recinto. Uno de los primeros pasos de ese plan, presentado en mayo, era la aprobación de un decreto de asunción de deuda mediante el cual se exime a Feria Valencia de devolver las subvenciones del Consell. El planteamiento era aprobar este decreto antes de que acabase 2016, pero el hecho de que no se haya incluido como objetivo para el primer semestre 2017 indica que el proceso se retrasará.
En cuanto a la cartera autonómica de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que lidera Gabriela Bravo, el principal compromiso de los anunciados en Sagunt va dirigido a elaborar "un plan de infraestructuras judiciales" para la Comunitat. Un proyecto del que no se ofrecieron más detalles desde el Gobierno valenciano pero que, según fuentes del Consell, será "profundo" y "ambicioso". Por el momento, la ley de Función Pública que tanto revuelo ha causado entre PSPV y Compromís, sigue atascada.
En la Consellería de Economía que capitanea Rafa Climent, posiblemente la iniciativa más destacada es el decreto de cláusulas salariales en la contratación pública. Como ya hicieran con la inclusión de cláusulas sociales, con esta medida buscan que las empresas que quieran trabajar con la administración se comprometan con un nivel retributivo mínimo. Esto también sería de aplicación en los procesos de subcontratación.
Por otro lado, se aprecia que en este departamento se ha levantado el pie del acelerador: en Morella fueron ambiciosos con tres leyes y dos decretos y la realidad les ha, por así decirlo, atropellado al no terminar de sacar adelante ninguno de ellos. Quizá por eso ahora se contienen las promesas legislativas y la acción de gobierno se centra en planes.
Por otro lado, desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que dirige la socialista Carmen Montón, además de un plan de prevención contra el suicidio, se comprometen a impulsar un nuevo decreto de Selección de Personal y provisión de plazas de personal estatutario.
Algunas de las directrices serán la creación de una comisión de carácter permanente para tal efecto, carácter anual de las ofertas de empleo público y modificación de la proporción del peso de las puntuaciones del concurso-oposición, fijándose en el 40% el concurso y 60% la oposición.
En Agricultura, la medida más destacada posiblemente es la concesión de ayudas a agricultores y ganaderos para la mejora de sus instalaciones mediante inversión en activos. En cuanto al plan de envases retornables SDDR que Agricultura incluyó expresamente en sus compromisos de Torrevieja el pasado verano destaca que haya desaparecido la referencia explícita a este proyecto en sus planes para los próximos seis meses. En concreto, el departamento que dirige Elena Cebrián continuará tramitando la Ley de Protección Adicional del Territorio y el Medio Ambiente, la normativa con la que estaba previsto que se regulase el SDDR, pero no se concreta si esa ley se basará en un sistema de depósito, devolución y retorno de envases como sí se explicitó en Torrevieja.
La Conselleria de Vicent Marzà sigue arrastrando una genérica Ley Valenciana de Educación. todavía por concretar, pese a que ya se mantuvieron reuniones con el presidente Puig a principios de este curso. En el documento de compromisos de Sagunt se sitúa en primer puesto de las medidas, pero no se habla de su promulgación durante el semestre, sino de la apertura del “proceso de participación para la redacción”. Esto quiere decir que será ahora cuando se prepare el borrador. El texto promete englobar “los diferentes campos y vertientes de la enseñanza para dotarlos de cohesión y hoja de ruta compartida”, lo que por deducción implica que será un paraguas de los decretos anteriormente aprobados, como el de plurilingüismo o el de conciertos, y de los nuevos por llegar, como el de inclusión educativa.
La segunda gran pata de esta Conselleria es Cultura, de cuya lista de asuntos pendientes ya informó Valencia Plaza, haciendo referencia al escaso cumplimiento de buena parte de sus compromisos. Ahora se incide en el Plan de Inversiones en Patrimonio Cultural, asegurando que durante los primeros meses de 2017 se concretará la planificación de los más de 4 millones euros con los que se piensa dotar al sector. También se menciona la Modificación del Decreto de Entidades Deportivas, necesitado de una actualización desde 1998, para regular situaciones como las de las federaciones.
El departamento a cargo de la vicepresidenta Mónica Oltra trabajará este semestre en estrecha colaboración con los ayuntamientos de la Comunitat para la puesta en marcha de “un nuevo modelo de servicios sociales generales en la red básica municipal”. Esto es, coordinar esfuerzos con las entidades municipales, mejorando las ratios y las zonas de atención. Como conselleria también se apuesta por agilizar los expedientes de dependencia y empezar la negociación del concierto social con el tercer sector, algo que en la práctica podría dilatarse y conllevar dificultades al determinar en qué condiciones se concierta.
Otro trabajo esencial será la consabida mapificación, que permitirá urdir un Plan de Infraestructuras para reducir listas de espera en centros de diversidad funcional y elaborar un nuevo sistema de acogida residencial infantil y adolescente.
Es el momento del Plan RENHATA, que viene a promover la rehabilitación de viviendas mediante ayudas para la reforma interior, además de acompañarse de órdenes de ayudas para el alquiler social y el fomento de la rehabilitación edificatoria. El área de la socialista María José Salvador ha demostrado ser cumplidora con los plazos, lo que le ha permitido llegar a esta tercera cita sin tareas pendientes. Durante los seis primeros meses de 2017, además, la conselleria va a establecer criterios sociales para el proceso de adjudicación y alquiler de las promociones de VPO propiedad de EIGE.
En el departamento de Manuel Alcaraz andan revueltos por el pulso de Gabriela Bravo, pero eso no les impide seguir con su hoja de ruta. La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación trabajará en el programa 'Ayuntamientos y transparencia' para mejorar el cumplimiento de la normativa vigente, pero para ello será necesario destinar medios a los recursos tecnológicos y formar a técnicos en la materia. También se plantea la creación de una suerte de protocolo, calificado de sistema de alertas para la prevención de malas prácticas e irregularidades, aunque solo en una primera fase.
DOCUMENTO DE COMPROMISOS
