Montero sigue sin pagar la deuda de 7 millones con el Ayuntamiento de València por el IVA de 2017

VALÈNCIA. La última sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno a pagar a Castilla y León 182 millones de euros por el reparto pendiente del IVA de 2017 ha vuelto a poner sobre la mesa la deuda que el Ejecutivo central mantiene con múltiples comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos de todo el territorio estatal. La Generalitat Valenciana dejó de percibir por este concepto 281 millones de euros, y al Ayuntamiento de València se le adeudan siete millones de euros.

Las diferentes administraciones esperan recibir tales montantes desde el año 2017, cuando el Ministerio de Hacienda, dirigido por el popular Cristóbal Montoro, implementó un cambio en la gestión del IVA que provocó que tanto las comunidades autónomas como los entes municipales dejaran de ingresar una mensualidad de las que les tocaba por la recaudación de este impuesto durante aquel ejercicio.

En 2019, el Gobierno, con María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda, buscó revertir el cambio de gestión a través de los Presupuestos Generales del Estado para devolver la mensualidad pendiente pero las cuentas no salieron adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro y dos diputadas Unidos Podemos. Tras aquello, Montero rechazó pagar esta deuda porque el sistema de financiación autonómico prevé que la liquidación sea a los dos años, es decir, en 2019, y hasta siete comunidades acabaron recurriendo el impago de la deuda -no así la Generalitat Valenciana-.

La deuda total con los ayuntamientos de toda España asciende a unos 750 millones de euros, según los cálculos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el caso de València, el consistorio no ha llegado a ir a los tribunales por este extremo. Por un lado, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha reivindicado el pago de los siete millones de euros en numerosas ocasiones, tanto en intervenciones públicas como en reuniones con responsables del Gobierno y del Ministerio que dirige Montero.

El año pasado, Montero confirmó que no iba a devolver a los ayuntamientos este dinero y se limitó a ofrecerles mecanismos de compensación para minimizar el impacto de este agujero en las arcas locales, como un poco de manga ancha con el gasto o un préstamo para poder pagar a los proveedores. El gobierno de la ciudad, que gestionan Compromís y PSPV, aprobó reclamar al Ejecutivo la incorporación de estos siete millones de euros en la liquidación del IVA de 2018, pese a que la ministra ya había mostrado su negativa.

El Partido Popular pidió también en febrero del año pasado acudir incluso a la vía judicial a reclamar esta deuda, si bien el equipo de gobierno rechazó la idea alegando que con la exigencia administrativa era suficiente. Más de doce meses después, pandemia mediante, la reclamación aprobada por el gobierno municipal no ha tenido mayor recorrido y el Ayuntamiento sigue sin percibir los siete millones de euros que le corresponderían.

Por ello los populares insistieron este mes de febrero con otra moción que el gobierno sustituyó por "continuar reclamando" el IVA pendiente de 2017 "adoptando para ello cuantas medidas resulten necesarias", sin mencionar tampoco la vía del contencioso-administrativo. En definitiva, el desfase sigue ahí. Pero ahora con una diferencia notoria: una sentencia que da la razón a Castilla y León por este motivo.

La noticia ha reavivado la reivindicación en la oposición. El PP critica duramente lo que considera falta de contundencia por parte del gobierno municipal; su portavoz, María José Català, lamentó que "la única respuesta" que haya obtenido desde hace más de un año "es que se seguirá reclamando". "Es momento que el alcalde de esta ciudad pase a la acción y deje de ser una comparsa de Sánchez", dijo Català, para apuntar que el pago de la deuda "se ha incumplido sistemáticamente, lo que demuestra que ni Compromís ni PSPV pintan nada en Madrid".

Asimismo, los populares han pedido en diferentes ocasiones las comunicaciones realizadas al respecto entre el Ayuntamiento y el Gobierno central para constatar que la reclamación administrativa se ha efectuado formalmente, si bien dicen no haber tenido respuesta. Por ello han llevado la cuestión al Síndic de Greuges, que ya indaga sobre la falta de respuestas al grupo municipal de Català. Más allá de eso, el PP presenta una moción de urgencia este jueves al pleno pidiendo presentar un contencioso-administrativo si el Ministerio ha rechazado la reclamación municipal.