La rama valenciana de Nóos

Vaya por delante que siempre consideré que en la rama valenciana del caso Nóos había pazguatería de nuestras autoridades ante la cosa real más que latrocinio. No era como los casos Gürtel, Imelsa, Brugal, Feria Valencia –el decreto de archivo de este caso sigue siendo secreto– o Valmor, asuntos en los que uno aprecia que alguien se lo llevó calentito, con permiso, cuando no connivencia, de nuestros gobernantes. 

En el caso Nóos las apariencias mostraban que alguien le dijo a un jeta real que aquí se compraban eventos mundiales sin reparar en el precio, y el jeta vino a vender el suyo. Los aprovechados vendieron a precio de oro unos congresos a mayor gloria de Camps y Rita Barberá, cuyos subalternos adivinaron sus deseos –para ellos eran órdenes– y se saltaron algunos trámites con tal de darles rápido cumplimiento. Pagaron lo que hiciera falta a Urdangarin y Torres no con el objetivo de enriquecerlos, sino de satisfacer a sus amados líderes. Como mucho podrían haber sido acusados de prevaricación administrativa, lejos de los ocho años de cárcel que pedía para ellos –y todavía pide en su recurso– el fiscal estrella Horrach.

A las magistradas de la Audiencia Provincial de Palma también les debió parecer una locura la pena que pedía Horrach –si condenaban, tenía que ser por los delitos que decía la acusación– y decidieron absolver a los cinco acusados de la llamada rama valenciana. Donde quizás no estuvieron demasiado acertadas fue en la búsqueda de argumentos para justificar su decisión.

De ahí que se preguntasen, en el banquillo, qué hago yo aquí que no me he llevado un euro, con todo lo que se ha robado

Lo fácil habría sido dejarlo en la frase más demoledora de la sentencia, esa que dice: "En la actualidad resulta palmario que la actuación desplegada se hallaría al margen de la legalidad, pero en aquel momento lo cierto es que la administración se conducía del modo descrito, aprovechando ciertas antinomias legales", por lo que "siempre existirá una alternativa razonable que explique la creencia de los acusados de que podían hacer lo que hacían". Es decir, los acusados habían visto conducirse a los gobiernos de Zaplana y Camps con tanta liberalidad, que descuidaron los detalles. De ahí que se preguntasen, en el banquillo, qué hago yo aquí que no me he llevado un euro, con todo lo que se ha robado.

Pero sus señorías optaron por lo difícil, tratando de reforzar sus tesis metiéndose donde no les llaman, mostrando gran desconocimiento de la realidad valenciana de aquellos años en los que fuimos la envidia de España.

Para empezar, esa idea de que tras hablar con Urdangarin de los Valencia Summit, Barberá y Camps no transmitieron a sus subordinados sus deseos, sino que estos actuaron por libre y contrataron lo que sus jefes querían por mera coincidencia. 

El objetivo, ciertamente, no era enriquecer al Duque de Palma ni a ellos mismos, tampoco financiar ilegalmente al PP, sino enriquecer el ego de la alcaldesa y el presidente. Solo desde ese punto de vista se puede compartir con las magistradas que los Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 que costaron 3,6 millones de euros cumplieron su función. No conozco a nadie cuando saltó el escándalo se acordara de estas cumbres, no hay rastro en internet, no hay un documento, casi no hay fotos de aquel evento mundial, no queda nada del humo que fue aquello.

Las magistradas no consideran acreditado que Camps leyera una carta de Urdangarin que llegó al Palau de la Generalitat

Además, decir, como dice la sentencia, que a "la persona de D. Ignacio Urdangarin" no se le contrató por ser vos quién sois, Alteza, sino "por su posición social y el área de influencia a la que tenía acceso, dada su condición de ex deportista de élite", es no saber que cuando Rita Barberá olía el perfume de la Casa Real doblaba el espinazo hasta casi tocar la frente con el suelo y se le llenaba la boca de "majestades" y "altezas" en discursos no aptos para diabéticos. O que su devoción por los borbones era tal que junto a Camps llenó València de homenajes en forma de palaus Reina Sofía, centros de investigación Príncipe Felipe –quien ya tenía un muelle en el puerto– y marinas reales Juan Carlos I.

A ello se añaden detalles como que las magistradas no consideran acreditado, por ejemplo, que Camps leyera una carta de Urdangarin dirigida a él sobre los Valencia Summit que llegó al Palau de la Generalitat. Suponen que el presidente recibía mucha correspondencia y que la carta de D. Ignacio Urdangarin era una más porque él es un ciudadano más, como ha quedado acreditado con su libertad condicional en Suiza, sin fianza y sin retirada del pasaporte.

No obstante, a pesar de todos los puntos débiles del fallo judicial que han permitido a Horrach recurrirlo ante el Tribunal Supremo, no le auguro al fiscal ningún éxito en lo que a la rama valenciana se refiere. Porque apenas hay caso, comparado con esos otros escándalos en los que tanto se ha robado.

La Comisión de Bankia, con ventilador

Decía el domingo pasado mi compañero de columna Ximo Ferrandis que espera que la Comisión de Investigación sobre Bankia creada en el Congreso de los Diputados no repita los errores de la celebrada en Les Corts sobre la CAM. 

A mí la comisión sobre la CAM me pareció muy interesante porque quedaron retratados los mangantes de la caja, los ignorantes del consejo de administración y los ineptos del Banco de España. Es verdad que hubo deficiencias, entre ellas las conclusiones que aprobó el PP en solitario, pero cumplió su objetivo de que tuviésemos una explicación de lo sucedido.

De la Comisión de Investigación de Bankia espero mucho menos porque, para empezar, ya se ha encargado de dinamitarla el PSOE con permiso del resto de los grupos del Congreso. La que iba a ser una comisión de investigación sobre la salida a Bolsa de Bankia en la que se iban a airear las vergüenzas de PP y PSOE se ha convertido, a propuesta de los socialistas, en una comisión-ventilador sobre "la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria y el rescate bancario" que se retrotraerá hasta el año 2000.