Residencias de mayores: no se trata de modelo, sino de buena o mala gestión

Algunos apuntan a que el modelo de gestión ha tenido mucho que ver con la cantidad de personas contagiadas y fallecidas en las residencias. No creo que sea así. La residencia que más fallecidos ha tenido en la Comunidad de Madrid era de titularidad y gestión pública. En la Comunitat Valenciana han sido una privada y otra gestionada por una organización sin ánimo de lucro. Dos de las Comunidades que mayor número de personas fallecidas han registrado en residencias, además de Madrid y Cataluña, han sido Castilla León con 2.249 fallecidos y Castilla-La Mancha con 1.838. La primera tiene un 30% de las residencias públicas, y una ratio 7,2 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. La segunda un 37% de residencias públicas y una ratio muy similar. Por otra parte, Castilla León, gobernada por el PP, tiene un sistema de atención de los más sólidos del Estado, con 2.000 plazas en las que se ha implementado el sistema de atención centrado en la persona, unidades de convivencia y centros pequeños.

Esto revela que no se trata, a la hora de abordar el problema del coronavirus y las residencias, de mezclar aspectos ideológicos que ensalzan o demonizan una u otra forma de gestión. Se trata de tener claro un modelo, que este sea factible y de si se hace una buena o mala gestión con independencia del modelo y del color político de quien gobierna. En nuestra Comunitat los últimos cinco años la lista de espera de personas que tienen reconocida la prestación para tener plaza residencial ha crecido de manera exponencial y lo va a seguir haciendo. Esa es una realidad. La Conselleria de Bienestar Social no ha construido una sola residencia. Nos harían falta, para alcanzar la ratio media de plazas de España, como mínimo, 120. Las características básicas de las mismas tienen que cambiar e ir en la línea del cuidado centrado en la persona, mediante unidades de convivencia, con cambios en la configuración arquitectónica para minimizar lo riesgos provocados por situaciones como la vivida y en algunos centros reforzar el ámbito socio-sanitario. Para ello, de manera urgente, se requiere una inversión de 1.000 millones de euros solo para construir, y 240 millones anuales para la financiación de las plazas. ¿Es factible con el modelo que apunta la nueva Ley de Servicios Sociales? Yo creo que no. Por una parte, porque es extremadamente complejo para gestionar. Los Ayuntamientos han de ceder suelo, la Generalitat ha de licitar el proyecto, la construcción y financiar junto a las Diputaciones. Un lio. Y de otra parte, porque es inviable económicamente.

Recordar que entre la Generalitat y la Diputación de Valencia, que es la única que ha mostrado intención en participar, el pasado año tenían 30 millones en sus presupuestos para inversiones. La única forma de abordar de manera eficaz la generación de plazas es mediante la colaboración público-privada. Es decir, titularidad pública y gestión privada para hacer factibles inversiones que para la Generalitat son imposibles. Con una gestión basada en la calidad y no en el precio. Y un control y evaluación permanente por parte de los familiares y de la propia Administración.

La Ley tardó cuatro años. El Plan de Infraestructuras ya lleva un año sin ver la luz. A día de hoy solo se ha licitado la redacción del proyecto de una residencia de 66 plazas. Por tanto, el giro tiene que ser copernicano en el planteamiento que se haga para generar esas nuevas plazas. Porque nuevas plazas hacen falta con urgencia. Es necesario que en el nuevo escenario que se abre tras el coronavirus se active ese mecanismo de colaboración y se ajuste el modelo planteado en la Ley a la realidad que nuestra situación requiere. Es necesario impulsar un crecimiento del número de plazas residenciales con las características señaladas, en colaboración con los ayuntamientos y la iniciativa privada; el rediseño y la adaptación de las actuales residencias, incrementando las ratios de personal en los centros, y por último, profesionalizar la asistencia en los domicilios para aquellos que puedan permanecer en los mismos. Y hacerlo coordinamente con el sector privado es la única manera factible. Y el tiempo juega en nuestra contra.

Joan Ignasi Pla es director de Desarrollo Corporativo de Gestió Socio Sanitaria al Mediterrani