VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha revocado la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Elche, que condenó al Ayuntamiento de Santa Pola a pagar 7,4 millones a la entidad Caixabank por ser el titular del préstamo hipotecario que se dio a una empresa para construir y explotar una residencia de la Tercera Edad y Centro de Día en suelo municipal. Ese centro dejó de funcionar en 2014 y la empresa acabó en concurso de acreedores. Tres años más tarde, en 2017, el ayuntamiento acordó de la resolución del contrato de concesión de obra pública con la mejor de las intenciones y por causa imputable al concesionario, que dejó de prestar el servicio. Caixabank ganó el litigio en primera instacia, el consistorio recurrió el fallo ante el TSJ, pero pese a ello Caixabank solicitó en junio de 2019 la ejecución de la sentencia. Ahora el TSJ, la revocado en su totalidad.
El tribunal sostiene en su sentencia que no está de acuerdo ni con la sentencia ni con el planteamiento de las partes. Ni la parte demandante ni el Ayuntamiento pueden mutar el régimen jurídico por la simple vía de afirmar en la resolución administrativa después de dieciocho años: (…) acordar la resolución del contrato de concesión de obra pública (denominado indebidamente como derecho de superficie) (…). Entre otras cosas, dice el falle, porque el Registro de la Propiedad no va a admitir la cancelación de un derecho de superficie con una resolución que acuerda la resolución de un contrato de “concesión de obra pública”, máxime cuando el régimen jurídico es totalmente diferente. Y la sentencia sostiene que todo el ordenamiento jurídico sobre el suelo tiene una regulación común, "en caso de que un mismo sujeto reúna la condición de propietario del suelo y superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo de derecho de superficie".
El consistorio santapolero sostiene que de haber sido condenado, el pago de la sentencia hubiera sido un verdadero palo para las arcas municipales y la imposición de otro Plan de Ajuste en el Presupuesto municipal, con el consiguiente "perjuicio que derivaría en las actuaciones que precisa la ciudad en un difícil escenario como el que vivimos provocado por la crisis sanitaria", sostiene el ayuntamiento.
La Concejalía de Hacienda responsabiliza al anterior equipo de gobierno de este conflicto. A su juicio, se da la circunstancia que desde 2017 cuándo se resolvió la concesión por abandono de la empresa concesionaria, el equipo de gobierno anterior -formado por PSPV, Compromís, Podemos, EU y dos ex ediles de Cs- a "nunca realizó la liquidación del Contrato tal y como se indica en la Ley de Contratos del Sector Público" y aseguran que "tuvo que ser el actual equipo en el año 2020 quién realizó la liquidación con arreglo a dicha Ley : "valor de las inversiones realizadas descontando el valor de la amortización los daños y perjuicios al Ayuntamiento y descontando también el coste de reposición dado el deterioro importante de las instalaciones", el resultado es favorable al ayuntamiento con mucha diferencia respecto a las pretensiones de 7,4 millones que solicitaba Caixabank.
