ALICANTE. Si la Segunda División B no es precisamente atractiva desde el punto de vista deportivo, todavía lo es menos a nivel económico.
Minutos después de consumarse el descenso del Elche a la tercera categoría del fútbol español, en la zona mixta del estadio Ramón de Carranza de Cádiz, el presidente, Diego García ya hablaba abiertamente de "economía de guerra" de cara al próximo ejercicio y no es para menos.
Es cierto que el convenio de acreedores aprobado hace dos meses por el juez de lo mercantil permite suspender los pagos por espacio de dos años, pero hablamos de la deuda con los acreedores ordinarios que asciende a unos 3,4 millones de euros. A los anteriores hay que sumar los 12 millones que la entidad debe a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, acreedores titulares de créditos privilegiados que no admiten quitas y esperas.
Lo normal es que los convenios singulares con esos acreedores privilegiados (con el fisco no está cerrado) contemplen el pago en Segunda División B de cantidades inferiores a las que correspondería abonar de militar el equipo en el fútbol profesional, pero teniendo en cuenta los escasos ingresos que se obtienen normalmente en esta categoría (poco más de un millón de euros en el caso de clubes de la entidad del Elche), cumplir con ellos no dejará de ser una carga que lastre el día a día, especialmente si no se asciende dentro de un año: no olvidemos que la Liga de Fútbol Profesional concede una ayuda al descenso (que hay que devolver cuando se regresa al fútbol profesional) de unos 1,7 millones que permite amortiguar el golpe la primera temporada pero de cara a la segunda ya no se cuenta con ese ingreso extra, de tal forma que las aportaciones de terceros resultarán claves para cuadrar las cuentas, evitando generar más deuda y que la sociedad termine en liquidación.
Ahora bien, a todo lo anterior hay que añadir la decisión de recuperación dictada por la Comisión Europea hace casi un año: Bruselas resolvió que el aval de 16 millones de euros otorgado en 2011 por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación del Elche, fue una ayuda de estado que falseó la competencia en el mercado común y que el club franjiverde ha de abonar 4,1 millones de euros al banco del Consell, suma que se correspondería con el dinero que el Elche se ahorró al recibir un apoyo financiero con condiciones fuera de mercado. El juez ha dejado claro que dicha cantidad es un crédito contra la masa, cuyo pago se ha esquivado por ahora solo gracias a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) concedió meses atrás una cautelarísima al club franjiverde que de manera paralela a la interposición de un recurso de nulidad, inició un procedimiento de medidas provisionales buscando las suspensión cautelar de la obligación de pagar hasta que se resuelva el citado recurso.
Mientras que el TGUE tardará aún bastante en pronunciarse sobre el fondo del asunto, todo apunta a que el auto por el que resolverá el procedimiento de medidas cautelares está muy cerca de conocerse... Como el Elche reciba un nuevo revés judicial (no olvidemos que la semana pasada la Audiencia Nacional tumbó su recurso contra el descenso administrativo del verano de 2015), la situación puede ser mucho peor.
No obstante, todo y sus deudas, también es importante recordar que el Elche cuenta con patrimonio (el estadio Manuel Martínez Valero) por lo que ante una situación límite podría encontrar en el mismo una tabla de salvación. Igual se refería a eso Diego García cuando apuntaba también este domingo que "la supervivencia del club está garantizada"...
Skyline International
El fondo de inversión Skyline International, con el que el pasado verano el IVF llegó a un acuerdo para cederle el remate de la subasta del derecho de crédito de 16 millones de euros del que es titular contra la Fundación del Elche y en virtud del que se mantiene pignorado el 54% del capital social de la entidad, confirmaba hace tres semanas que había dado por rotas las negociaciones con José Sepulcre, expresidente y uno de los accionistas de referencia, para adquirirle su paquete de acciones.
Esa había sido finalmente la vía escogida por los cataríes para hacerse con el control del Elche después de que a solo 24 horas para la finalización de la subasta esta fuera suspendida por el notario que la gestionaba, ante la impugnación judicial del proceso por parte de la Fundación del club franjiverde.
Hablar hoy de qué hubiese ocurrido deportivamente con el Elche de haber culminado la subasta y, de acuerdo con los planes del IVF, pasado la entidad a estar bajo el control del citado fondo de inversión podría perfectamente tacharse de ventajista. Ahora bien, lo que no admite discusión es que el fondo de inversión había acordado con el banco del Consell el pago de la suma que reclama la Comisión Europea (José Sepulcre y sus socios fueron invitados por el IVF a avalarla, pero no lo hicieron) además de capitalizar la entidad de manera suficiente para no solo afrontar los compromisos con el resto de acreedores, también reforzar la plantilla en un intento de ascender esta misma temporada que ahora termina a Primera División, donde solo por derechos de televisión al Elche le correspondería ingresar más de 20 millones de euros.