Beunza: "En Francia las viviendas públicas son el 16%, nos queda muchísimo por hacer en España" 

VALÈNCIA. Helena Beunza es la primera directora general de la historia de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHa), el ente al que ha mutado la Entidad de Infraestructuras de la Genralitat (Eige). El cambio de marca, según explica, responde a un cambio en las políticas de vivienda de la Generalitat Valenciana, centrada ahora en aumentar la oferta de vivienda pública para las familias con problemas para "ver satisfecho este derecho" en la Comunitat. "En España el parque público de vivienda es del 2,5%, cuando en países como Suecia o Francia están en el 19% y 16%, respectivamente. Nos queda muchísimo por hacer", defiende la dirigente. Su entidad está concluyendo edificios inacabados y va a iniciar la construcción de nuevas fincas en suelos públicos con el objetivo de incrementar la oferta residencial "por debajo de los precios de mercado".

-De Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (Eige) a Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHa) ¿Por qué este cambio? Dicen que el Eige que ese encontraron era un "cajón desastre" ¿qué han hecho para 'ordenarlo'?

-En 2013 se realizó la llamada reestructuración del sector público de la Generalitat, que fue realmente una reducción del número de entidades acompañado de recortes y EREs muy fuertes. La consecuencia en el caso del Eige fue la agrupación del Instituto Valenciano de Vivianda (Ivvsa), el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) y cuestiones como el mantenimiento de la red pública de repetidores que anteriormente realizaba RTVV (ahora pasará a À Punt) y las tarjetas Móbilis para el autobús y el metro (que pasarán a la Entidad Metropolitana de Transporte). Ello lo convirtió en una empresa con competencias completamente dispares que contaba con hasta cinco convenios colectivos, algo completamente insostenible en cualquier empresa. Lo peor es que con esta decisión se fue olvidando el propósito del antiguo Ivvsa, que es donde ahora tratamos de poner el foco: la gestión social de la vivienda. La EVHa gestiona ahora tanto el parque de viviendas de la Generalitat Valenciana -más de 15.000 activos inmobiliarios- como las que tiene en propiedad. Además gestionamos el suelo público y el Parque Logístico de Riba-roja. En esto es en lo que nos vamos a centrar.

-¿Y cuál es ese propósito "olvidado" del antiguo Ivvsa que ahora quiere rescatar la EVHa? ¿qué metas se han fijado?

-Nosotros nos encontramos un parque público sin el mantenimiento y ni la conservación adecuada, se abandonaron los bienes inmuebles de los valencianos. Eso nos ha llevado a hacer un sobreesfuerzo para ponerlos en condiciones aceptables. Estamos cerca de la cifra de 1.000 viviendas rehabilitadas, y nuestro objetivo es seguir rehabilitando el stock que tenemos hasta que llegue el momento en que solo tengamos que encargarnos del mantenimiento de las que disponemos, con un presupuesto de gasto normal para hacer frente, simplemente, a las entradas y salidas en las viviendas públicas -ahora están siendo muy elevados por tener que hacer frente al abandono heredado-. Nosotros hemos tenido que gestionar las viviendas vacías y la falta de gestión de las ocupaciones. Por lo que respecta al parque propio de la EVHa, la mayoría se construía para vender como VPO. Nosotros nos encontramos con que el 55% estaban vacías. Lo que hicimos fue adaptar los precios a las circunstancias de mercado y a la situación de las familias. Cabe subrayar que las familias son nuestros clientes, aquellas personas que no pueden encontrar una vivienda en el mercado libre. Lo que hemos conseguido es que actualmente esté ocupado un 75% de las viviendas. Hemos vendido el 50% de las que estaban en régimen de venta y vamos a pasar la práctica totalidad del resto al régimen de alquiler.

-¿Debe ser así? ¿Entienden que la administración debe apostar por las viviendas públicas para proporcionar residencias más baratas a los ciudadanos?

-Para que seamos conscientes de dónde estamos: la inversión que prevé el Plan Estatal de Vivienda es del 0,03% del PIB de España, y si añadimos la financiación del mismo que se exige a las Comunidades Autónomas -se hace así por primera vez- se eleva la tasa al 0,04% del PIB. Esta cifra es muy inferior a la de los países de nuestro entorno en los que nos debemos mirar. En la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, donde hay 103 entidades de toda España y de todos los colores políticos, se firmó hace un año la llamada Declaración de Santander en la que exigimos todos al Ministerio de Fomento que, buscando un escenario de convergencia con los países europeos, lleguemos a un gasto del 1% del PIB en materia de vivienda.

Por un lado está esa cifra, y por otro la del stock de viviendas públicas. En la Comunitat tenemos ahora 14.000 viviendas, cuando en los años 80 eran unas 50.000. Estas viviendas han ido siendo objeto de enajenación hasta descapitalizar el parque público. En España el parque público de vivienda es del 2,5%, cuando en países como Suecia o Francia están en el 19% y 16%, respectivamente. Del 2,5% hasta el 16% hay un camino muy largo por recorrer, nos queda muchísimo por hacer en España. La apuesta estatal es por el alquiler, pero sin incidir en incrementar el parque público de viviendas para el alquiler. Yo creo que es necesario hacerlo. Los datos del propio Ministerio de Fomento dicen que el 45% las familias españolas que pagan alquiler se encuentran en situación de sobreexposición financiera. Solo nos superan Rumanía y Grecia en este ranking. De ello se desprende que tenemos que hacer una apuesta mayor por ofrecer alquileres por debajo del precio de mercado, y esto se consigue con un parque público de viviendas importante.

-¿Qué número de viviendas públicas sería el óptimo en la Comunitat?

-Actualmente se está elaborando un estudio al respecto por parte de la Dirección General de Vivienda de la Generalitat. Pero, como decía, ya contamos con una cifra global que nos permite hacernos una idea: si en España contamos únicamente con un 2,5% del stock de vivienda en régimen de alquiler asequible y en países de referencia se acerca al 20% eso significa que nos queda muchísimo por hacer. Hay que situar esta política entre las prioridades. El Consell lo está haciendo. Así lo hacen las grandes ciudades, donde la vivienda se ha llegado a convertir en un serio problema. Los alcaldes de Londres o Nueva York no hacen más que hablar y tomar decisiones en materia de vivienda, porque han entendido que es una preocupación esencial de sus ciudadanos. Obviamente nuestro escenario no es el mismo, no tenemos los problemas de precios que tienen estas grandes ciudades, pero a la vez esto es una oportunidad. Hay que actuar cuanto antes para evitar que se agrave el problema en ciudades como València. 

-El mercado de la vivienda, no obstante, parece estar en buen momento, sobre todo en València y en los municipios turísticos. ¿Entienden que son muchas las familias que se quedan fuera de esta recuperación?

"La vivienda no es un activo financiero, es un derecho de los ciudadanos, y las administraciones deben velar por que este derecho sea reconocido"

-Efectivamente. Las viviendas públicas existen porque hay familias que no pueden ni pagar las viviendas que hay en el mercado ni asumir los alquileres que piden por ellas, nuestra labor es cubrir ese hueco. El sector resurge, y eso es positivo. Pero se debe controlar para que no caigamos en los errores del pasado. La oferta ha de ir acompañada de una demanda real y efectiva, y la realidad es que la demanda está todavía constreñida en buena parte de la población porque los salarios no han aumentado para poder hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler de mercado. Es por eso que una entidad pública que gestione viviendas desde un punto de vista social es más necesaria hoy que nunca. No solo acuden a nosotros ciudadanos en régimen de exclusión social. Lo hacen también las antiguas clases medias, que en muchos casos necesitan un apoyo para poder ver satisfecho su derecho a la vivienda, un derecho que ha sido concretado en la Comunitat con la aprobación en Les Corts de la Ley Por la Función Social de la Vivienda. La vivienda no es un activo financiero, es un derecho de los ciudadanos, y las administraciones deben velar por que este derecho sea reconocido.

-¿En qué 'minuto y resultado' están la construcción de los edificios inacabados de viviendas y la licitación de solares para levantar nuevas fincas en suelo público?

-Las ocho promociones inacabadas se van a terminar con un presupuesto de 6,2 millones de euros -que están ya consignados en los presupuestos-. Darán lugar a 111 viviendas que se pondrán en el mercado en régimen de alquiler asequible (este Consell no tiene como objetivo promover viviendas para la venta). Lo que hemos estado haciendo desde que llegamos es desenmarañar la madeja jurídica que padecían cada una de las promociones. Contratos que se habían dejado morir pero que no estaban resueltos, proyectos desfasados abandonados desde 2009...  Por lo que respecta a los suelos, lo mismo. Hemos tenido que desenmarañar su situación. Había 49 parcelas de suelo residencial que no habían sido gestionadas. Lo que estamos preparando actualmente es el Plan Integral de Gestión del Suelo. En la actualidad estamos analizando las características edificatorias de cada una de las parcelas. Estableceremos diferentes modelos de gestión para estos suelos, aunque siempre con el denominador común de que se constituya un derecho de superficie, que quien construya explote el inmueble pero lo entregue a largo plazo a la Generalitat, de manera que no se siga descapitalizando el patrimonio de los valencianos. Los destinatarios serán cooperativas en régimen de cesión de uso, fundaciones y tercer sector y, por último, promotores. Arrancaremos con las cooperativas, será el primer pliego que sacaremos.

-¿Cuánto suelo queda por vender en el Parque Logístico de València?

-Está ya ocupado al 93%, que es una superficie muy importante, más si se tiene en cuenta que a principio de legislatura estaba vacío y con precios ajenos al mercado. Queda una parcela por la que tenemos abierto el concurso -acaba el 9 de abril-. Es de 33.000 metros cuadrados, y se está interesando por ella muchísima gente. Aquí estamos primando aspectos como la inversión a realizar en el espacio. La inversión privada que ha llegado al PLV esta legislatura asciende a 34,4 millones de euros y ha creado 200 puestos de trabajo. Nos quedan, además, dos parcelas y un parking de camiones de 47.000 metros cuadrados (para 400 vehículos). Esperamos licitarlos en 2018.

-El Ayuntamiento de València les debe 45 millones de la construcción del circuito de Fórmula 1 en el PAI del Grao, aunque reconocen que no va a lograr percibir ese importe íntegro a los propietarios del suelo -tal y como contempló en su día el gobierno de Rita Barberá-. ¿Están negociando alguna fórmula para cobrarle esa cifra al consistorio sin generarle un gran perjuicio económico?

-Hay muchas comunicaciones con el Ayuntamiento al respecto. Tenemos importantes compensaciones que realizar entre administraciones a todos los niveles. Tenemos de hecho una concreta en el Eige, del Ivvsa concretamente, que es el IBI que no se pagó a los municipios entre los años 2009 y 2015, lo que generó una deuda conjunta de más de 10 millones de euros con los consistorios afectados. En cualquier caso, el convenio establece esa cantidad y nosotros vamos a reclamársela al consistorio, otra cuestión es qué importe le repercuta a los propietarios en función de lo que realmente puedan aprovechar en los terrenos del PAI del Grao. Por lo que a nosotros respecta, hasta que el Ayuntamiento de València no tenga una cifra de cuánto va a percibir de los propietarios no podemos negociar la compensación de la cantidad restante. Actualmente están centrados en lograr la viabilidad urbanística del sector.