Aeste exige al Consell dar "marcha atrás" al decreto de centros por no analizar los efectos económicos

VALÈNCIA (EP). La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) exige al Consell, en un comunicado, que "dé marcha atrás" el decreto de tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales por "no haber realizado ningún informe sobre la situación actual del sector, ni de las posibles consecuencias económicas para los usuarios".

Al respecto, la presidenta de Aeste, Natalia Roldán, lamenta que a pesar de que la patronal de los cuidados a personas mayores y personas en situación de dependencia es "uno de los agentes fundamentales en este ámbito, desde las instituciones no se han puesto en contacto con nosotros para conocer nuestra opinión, ni evaluar los efectos de la aplicación de esta norma en los centros y en los usuarios".

Por ello, afirma que "trasladar la responsabilidad de la problemática que puede desencadenar este decreto, desarrollado precipitadamente, a las empresas del sector, es un acto de irracionalidad" y advierte: "La propia administración valenciana es la responsable directa de lo que pueda ocurrir".

Además, señala que las nuevas medidas del decreto "no significan necesariamente un aumento de la calidad de los servicios" y, para la patronal, exige, sin embargo, "un aumento considerable de costes y una desprotección frente a un problema fundamental: la falta de plazas en la región". "Se deben de proteger todas las que hay actualmente y trabajar por aumentarlas", reclama Roldán.

Por otra parte, añade que "sin la financiación adecuada, los costes añadidos a esta nueva normativa recaerán sobre los usuarios, generando mayor presión para la economía de las familias, que es lo último que ahora necesitan", lo que "sin duda va en contra de los objetivos comunes, que es que el máximo de dependientes tenga acceso a los recursos sociales".

Desde Aeste aseguran que esta decisión de la Comunitat Valenciana, además, dará lugar a "un marco de inseguridad jurídica" puesto que "no queda bien definido el periodo de adaptación de los centros ya existentes o del marco jurídico al que deberán someterse aquellos centros cuya adaptación no sea posible, lo que a su vez generará además una gran incertidumbre para el abordaje de proyectos, ya sea en el ámbito residencial o domiciliario".

Además, "frenará inversiones que generan puestos de trabajo no deslocalizables", e incluso "podría derivar en una reducción de plazas en esta comunidad, ya que puede haber un alto riesgo de que desaparezcan actores del sector".

Asimsimo, advierte de que la actualización de las ratios de personal, así como la incorporación de nuevas figuras profesionales, en lugar de crear empleo como señala la Administración, puede derivar precisamente en lo contrario, ya que "no debe olvidarse que la falta de profesionales sociosanitarios en nuestro país sigue siendo una cuestión que necesita solución inminente".

"Más allá de la exigencia de nuevos perfiles, el sector no cuenta con los profesionales suficientes para abordar la situación actual, ni la futura, por lo que debería también plantearse la urgencia, no sólo de exigir mayor ratio de profesionales sino de proveer al mercado de los profesionales necesarios a través de la agilización de los procesos", reclama.

"Aprobación apresurada"

Aeste critica que este decreto se ha aprobado de manera "apresurada y sin la evaluación de las posibles consecuencias negativas para el sector de los cuidados y por ende para todos los usuarios actuales y futuros de esa comunidad, tal como ha sido también indicado por los informes de entidades como el Consejo Económico y Social, y el Consell Jurídic Consultiu" . Para la patronal, también es "primordial el aumento de la calidad de los servicios y la mejora continua, pero de una forma sostenible, y no a costa de todo el sector".

"En definitiva", añade Roldán, "es necesario que se llegue a un acuerdo firme, que garantice la calidad necesaria en los cuidados, que tenga financiación asegurada, visión a largo plazo y que ponga en valor a los profesionales del sector de los cuidados".

Por ello, aboga una vez más por, la necesidad de un Pacto de Estado en políticas de cuidados, que responda a las necesidades del colectivo de personas mayores, un grupo de población que actualmente representa a más del 20% de la ciudadanía estatal, y que es cada vez más creciente. "Es necesario que pongamos definitivamente el modelo de cuidados en el centro de nuestro sistema y que trabajemos para que este sea sostenible ahora y a futuro". "Es la única forma de hacerlo bien", afirma la presidenta de Aeste.