VALÈNCIA. El pasado mes de febrero, el President de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que Torrent sería la sede de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria. Una decisión que, aseguró, tenía un componente "simbólico", tanto por el accidente de metro de 2006 en el que 21 de las 43 víctimas mortales eran de la ciudad, como por la intención de la Generalitat de "descentralizar la administración, no solo en las capitales de provincia sino también en las comarcales". Para poder hacerlo, ya cambió sus estatutos en 2020.
La puesta en marcha del órgano, no obstante, no está siendo sencilla y la Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España todavía trabaja en completar su organigrama. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado jueves una resolución de la propia Agencia por la que se nombraba a cinco altos funcionarios por el sistema de libre designación que ocuparán los puesto de mayor rango en las subdirecciones generales y jefaturas de servicio.
Todos ellos son funcionarios de carrera, de categoría A1 con un nivel competencia de 28 y 30 y complemento específico E50, los más elevados de la administración. Se da la circunstancia, además, de que tres de estos cinco empleados públicos pertenecen al cuerpo funcionarial del Estado.
Cabe apuntar que la Agencia convocó cinco plazas por el sistema de libre designación para que los funcionarios con la máxima categoría que quisieran ocupar un puesto de estas características concursasen y, más tarde, sería la propia Agencia la que eligiera a los candidatos más idóneos. La resolución se dio a conocer el pasado jueves y pone negro sobre blanco que el 60% de los seleccionados no son empleados de la Administración de la Generalitat.
"Dada la condición de […] como funcionaria de carrera de la Administración del Estado, y de conformidad con lo dispuesto tanto en el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, como en el artículo 34 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, se hace constar expresamente que el citado funcionario de carrera no se integra en la Administración de la Generalitat", llega a especificar la resolución del DOGV en tres ocasiones.
Estos puestos, los de alto funcionario, están muy cotizados en la Función Pública. En concreto, los subdirectores y jefes de servicio sólo pueden salir de los empleados públicos con licenciatura o grado, es decir, los que ocupan una plaza de A1 ó A2. Los interinos, no obstante, no tienen opción de aspirar a estas plazas que los altos cargos eligen mediante la fórmula de la libre designación. Esto es, a dedo entre quienes se presentan.
Conviene recordar que desde que se aprobó la ley de la Agencia en 2018 tras las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de metro de 2006 que se llevó a cabo en la pasada legislatura en Les Corts, el órgano no comenzó a constituirse hasta pasados dos años. De hecho, fue en julio de 2020 cuando el departamento que dirige España acometió cambios significativos en los estatutos de la entidad para rebajar las incompatibilidades de los consejeros para poder, al menos, atraer candidatos que quisieran formar parte del órgano, dado que la cantidad de requisitos y obligaciones que debían cumplir sus integrantes despertaba un fuerte rechazo entre los aspirantes que se tantearon en un principio.
Una circunstancia que derivó, incluso, en que la Conselleria de Movilidad tuviera que adjudicar al inicio del año pasado un contrato por valor de más de 500.000 euros -IVA excluido- para el "asesoramiento técnico en materia de seguridad ferroviaria" para cuatro anualidades, tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Estado.