VALÈNCIA. El último movimiento de Marcos Benavent ha soliviantado a todas las partes de los casos 'Taula' y 'Erial', que siguen con atención sus próximos pasos. El exgerente de Imelsa –empresa dependiente de la Diputación de Valencia–, corrupto confeso, posteriormente arrepentido y ahora mismo nadie sabe bien qué, ha cambiado de abogado. La defensa la dejará de llevar Ramiro Blasco y pasará a manos de Juan Carlos Navarro. Una decisión que no revestiría demasiada importancia si no fuera porque puede conllevar un cambio en la estrategia judicial que tenía hasta el momento: la de total colaboración.
El autodenominado como 'yonki del dinero' se ha convertido en todo un personaje mediático desde su reaparición en 2015 como una especie de hippie penitente. Y siempre ha sido imprevisible. Tras un supuesto viaje catártico que muchos pusieron en duda, decidió revelar el funcionamiento del presunto entramado de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas que se indaga en el conocido como 'caso Taula', coordinado por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción.
Confidente de los investigadores durante todo este tiempo, después del cambio de abogado ya ha pedido declarar ante el juez de nuevo, lo que ha desatado toda una serie de especulaciones que tienen como teoría común que pudiera querer 'cagarse' tanto esta causa como la de 'Erial', que afecta al exministro Eduardo Zaplana.
Lo cierto es que su papel ha sido clave en el inicio de ambas, aunque posteriormente éstas se han ido sustentando en más pruebas y testimonios recogidos en multitud de informes de la Guardia Civil. El temor a las consecuencias, por tanto, es limitado entre los investigadores, que creen que en absoluto resulta tan sencillo que las causas caigan. Sin embargo, ronda la inquietud de que se puedan ver debilitadas. Si finalmente se confirma la sospecha de ese volantazo en la estrategia, existen diversos asuntos que quedan en el aire.
En 'Taula', el primero y principal son los audios. Benavent entregó en su día a su entonces suegro diez horas de grabaciones que había realizado a cargos del PP durante su etapa en la Diputación. Entre ellos, a los posteriormente considerados como cabecillas de la trama: el expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus, su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, o el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla. Comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas, cantidades de billetes que se contaban, reparto de dinero y financiación irregular del partido aparecían en ellas.
El exsuegro se las proporcionó a la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera Rosa Pérez, que las llevó a la Fiscalía en 2014 y desencadenaron la primera parte de la investigación. Benavent validó esos audios primero ante la Guardia Civil y a luego ante el juez. Reconoció que los había grabado y que él mismo aparecía, identificó al resto de protagonistas de conversaciones telefónicas o reuniones privadas y relató los hechos que ahí se mostraban y que apuntaban al mecanismo para la obtención de dinero en B.
Una modificación en ese testimonio sobre los audios resultaría a estas alturas sorprendente, aunque ya existen conjeturas al respecto. En todo caso, lo declarado anteriormente serviría sin duda para contrarrestarlo. A ello se añade la evolución de la instrucción. Las grabaciones fueron el inicio, pero con el paso de los meses los hechos fueron concretándose en lo que se convirtió en la macrocausa de corrupción con más imputados en la Comunitat Valenciana (más de 100) después de su estallido en enero de 2016.
A lo largo de este año han aumentado a once las piezas separadas, de las cuales tres ya cuentan con la apertura de juicio oral para sus acusados. Pero si por algo se ha caracterizado la causa es por su excesiva dilación. El hecho de que haya transcurrido más de un lustro desde que estalló y haya todavía tantas investigaciones sin cerrar ha generado problemas. El más reciente, el sobresalto con Benavent. Al cual, además, no le ha salido demasiado rentable hasta el momento la colaboración. 9 años y medio en la pieza de los 'zombies' de Imelsa y ocho años en la del desvío de fondos a través de Thematica son las peticiones de cárcel que ya acumula por parte de Anticorrupción.
El exgerente ha pedido declarar ahora en la denominada pieza principal, en la cual se siguen las indagaciones sobre contratos relacionados con él en su etapa en la empresa pública. Que no comparezca en ninguna de las separadas evidencia que no parece que la intención sea aportar novedades sobre algo concreto, sino que alimenta la teoría sobre una intención diferente.
Y de ahí se produce la conexión con 'Erial', centrada en un presunto entramado liderado por Zaplana consistente en supuestas mordidas desde la Generalitat realizadas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas.
El origen de las pesquisas, de acuerdo con el sumario, fue una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Benavent durante un registro en 2015 en el marco del 'caso Taula'. La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a otras operaciones totalmente diferentes que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración al exgerente de Imelsa, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio.
El susodicho acabó contando a los agentes que dio unos papeles a Benavent que encontró diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler y que anteriormente fue ocupada por Zaplana. En ellos se dibujaba una perfecta hoja de ruta para lograr las adjudicaciones y las posteriores comisiones.
Esta historia siempre ha tratado de ser desmontada por la propia defensa del exministro, que incluso trató de que Benavent declarara ante el juzgado para que lo explicara. La jueza rechazó la petición, pero lo que el exgerente de Imelsa pueda decir ahora es una incógnita. Si mencionara este asunto en su declaración en 'Taula' habría de deducirse testimonio para que compareciera en 'Erial'. Todo, por supuesto, si así lo consideran los jueces de instrucción.
Aun así, y al igual que en la anterior, las comisiones rogatorias o las confesiones de otros protagonistas también sustentan el caso. Aquí, el testimonio del abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado por los investigadores como testaferro del también expresidente de la Generalitat, ha resultado fundamental.