Mario Sánchez (PSPV) y Javier Berasaluce (PP).VALÈNCIA. El actual alcalde de Requena, el socialista Mario Sánchez, y el exprimer edil de la localidad, el popular Javier Berasaluce, comparecieron este martes ante el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula. Ambos acudieron a declarar en calidad de investigados por una de las piezas de la macrocausa relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados y relacionados con la empresa Servimun, perteneciente al exsuegro del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, Mariano López. Los dos se desentendieron de la toma de decisiones en estos hechos.
El pasado febrero, la jueza sustituta imputó a diez personas, entre las cuales se encontraban ellos, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Esta parte de la investigación se encuentra relacionada con la que se sigue por las presuntas irregularidades en la adjudicación con cargo al presupuesto de la empresa pública Imelsa –dependiente de la Diputación de Valencia– del servicio de 'call center' a Servimun, dirigida por Mariano López. Este último, según la Fiscalía, recibió cerca de 200.000 euros de forma velada (que blanqueó) por mediar en la contratación fraudulenta.
De acuerdo con la jueza, creó la empresa Técnicas Legales Administrativas "para ocultar el origen del dinero ilícitamente obtenido del contrato público y transformarlo para reintegrarlo al circuito económico, dando apariencia de legalidad". Y esa firma, junto a Servimun, habría realizado contrataciones con los ayuntamientos de Enguera y Requena presuntamente fraudulentas "en perjuicio de los intereses públicos", evitando la concurrencia y publicidad y "sustrayendo fondos", señalan los investigadores.
Javier Berasaluce, según fuentes conocedoras del caso, indicó que fueron los técnicos del consistorio quienes realizaron la elección de la empresa para los trabajos y aseguró que no dio orden alguna de contratar con ella ni tampoco supervisó el proceso. Aun así, sí apuntó a que el representante era el exsuegro de Benavent.
Por su parte, Mario Sánchez, según informó en su cuenta de Twitter, explicó que el contrato por el que se le investiga ya estaba en vigor cuando tomó posesión en el ayuntamiento y que durante su mandato únicamente se pagaron las facturas de trabajos que ya habían sido realizados.
