Foto: Carlos Luján/ EPMADRID (EP). La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ante la "ausencia de indicios".
Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre 'Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA', ahora conocida como 'Beedigital', de la que el marido de la vicepresidenta sería director de marketing en el momento de recibir las ayudas.
Según Anticorrupción, "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital". Tras realizar las averiguaciones correspondientes, el fiscal instructor, Luis Pastor, considera que "no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada" por el PP de Madrid.
El Ministerio Fiscal comenzó a investigar el pasado mes de abril a raíz de la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia aprobados por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.
En este caso en concreto, los 'populares' explicaron que la adjudicación del contrato "se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones" y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.
Las supuestas irregularidades derivarían, según los denunciantes, de que en el momento de la adjudicación del contrato no se procedió a la comprobación de las deudas que la empresa tenía con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública. El PP consideraba que ese contrato podría haber tenido como objetivo el rescate de la empresa que, además de las indicadas deudas con la Administración Pública, tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros.
En el decreto la Fiscalía descarta, "de un lado, cualquier intervención de Calviño en dicho procedimiento y, de otro lado, cualquier relación de jerarquía respecto del Ministerio de Seguridad Social, en tanto que ambos se hallan integrados en un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros, sin que exista relación de subordinación del ministro de Seguridad Social respecto" de la propia vicepresidenta.
En relación a los dos avales concedidos por el ICO a la empresa, Anticorrupción detalla que no se ha "podido determinar participación alguna por parte" de Calviño en ese proceso, no encontrándose tampoco "vinculaciones entre los cargos públicos responsables de dicho organismo y la empresa avalada".
En este punto el Ministerio Fiscal hace constar que, según lo investigado, Páginas Amarillas Soluciones Digitales "cumplía todos los requisitos exigibles" para recibir los mencionados avales. "Había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, tenía domicilio social en España, no estaba en situación de morosidad, no estaba incursa en una situación concursal ni preconcursal y no tenía la consideración de empresa en crisis", añade el decreto.
En cuanto a la acreditación como agente digitalizador del 'Programa Kit Digital' -uno de los requisitos para optar a la concesión de las ayudas europeas--, Anticorrupción señala que la empresa "cumplía todos" los requisitos exigibles, por lo que "obtuvo la calificación de Agente Digitalizador" necesaria.
Precisamente "uno de los requisitos para ostentar dicha condición era estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social", un requisito que "cumpliría la empresa con anterioridad a su acreditación" como agente.
La Fiscalía explica en relación a las ayudas europeas que "el hecho de elegir el solicitante de la subvención a un determinado Agente Digitalizador Adherido", que es con el que se contrata la realización de la actividad subvencionada, no afectaba en ningún caso a la concesión, que se hacía bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, según recoge la norma.
"En definitiva, la elección de un determinado agente es algo que corresponde exclusivamente al solicitante de la subvención. En conclusión, tampoco cabe apreciar irregularidad alguna en la tramitación de este expediente administrativo", concluye el Ministerio Público.
Cabe recordar que Anticorrupción ya archivó el pasado mes de julio la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a la empresa Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los padres del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos" denunciados por el PP en la Asamblea de Madrid.
En el decreto por el que se acordó el citado archivo, Luzón ponía el foco en "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante", que se comprobó "huérfana de una mínima base indiciaria".
Cuando Anticorrupción acordó incoar diligencias abrió una línea de investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas". Después del carpetazo a las diligencias sobre Beedigital e Industrias Plásticas Playbol, esta Fiscalía solo mantiene bajo su la lupa tres compañías, ya que las pesquisas sobre las dos restantes se enviaron a la Fiscalía Europea, según las fuentes consultadas por Europa Press.
