Imagen de una residencia de mayores. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha finalizado la investigación dirigida a averiguar si los fondos públicos destinados a financiar residencias de mayores se usaron de manera correcta durante la crisis del coronavirus. En su informe no concluye que los hechos sean constitutivos de fraude o corrupción, aunque sí plantea una serie de recomendaciones a la Conselleria de Igualdad que lidera Mónica Oltra. La principal, que aumente el control sobre el cumplimiento de las obligaciones de estos centros, tanto públicos como privados, que reciben dinero de la Administración.
La entidad abrió un expediente sobre este asunto hace aproximadamente un año debido a la situación que se estaba produciendo en los centros de la tercera edad como consecuencia de la pandemia, especialmente el gran número de fallecimientos de residentes. Tras tener conocimiento de lo ocurrido y después de varias denuncias previas, inició las indagaciones para determinar la existencia de posibles responsabilidades en relación con el uso de los fondos públicos otorgados a estas instalaciones y la merma en las prestaciones asistenciales.
Antifraude solicitó entonces diversa documentación a la Conselleria de Igualdad. Concretamente, un mapa de la red de residencias, la relación de centros con usuarios fallecidos por covid junto a las derivaciones hospitalarias, un informe sobre la financiación concedida entre 2017 y 2019 y una copia de los expedientes abiertos por incumplimientos de obligaciones de prestación de servicios.
La dirección general de Personas Mayores aportó los documentos requeridos, a partir de lo cual la Agencia pidió a las empresas titulares de los centros con más número de fallecidos –situadas en diversos municipios de la Comunitat Valenciana– una relación de los puestos de trabajo de sus empleados junto con su contrato y el sistema de comprobación de la asistencia presencial efectiva (turnos, ausencias, bajas, etc.).
Posteriormente, solicitó a la Conselleria el listado de los expedientes sancionadores que hubiera incoado respecto a los incumplimientos de la concesión. Entre 2015 y 2020, fueron un total de 39, de los cuales 9 se abrieron el año pasado. 4 correspondían a las entidades con mayor porcentaje de mortandad derivada de la pandemia. El departamento de Oltra aportó igualmente los planes de inspección de las residencias y los certificados de seguimiento de la financiación.
Después de todo ello, la Agencia concluye que los hechos no son constitutivos de fraude o corrupción, por lo que finaliza el expediente con varias recomendaciones dirigidas a Igualdad para que las implemente.
En primer lugar, pide que se planifique un "programa de control permanente específico en aras a la comprobación periódica y continua del cumplimiento de las obligaciones, estipulaciones y condiciones contenidas en los pliegos y contratos reguladores de los centros de residencias de la tercera edad , tanto públicos como privados, que incluyen plazas con financiación pública".
Antifraude señala que deberá priorizarse de manera singular "la verificación del cumplimiento de los ratios de personal sanitario y asistencial de carácter prestacional". Así todos los centros habrán de ser objeto de "supervisión específica y completa con la periodicidad que se regule".
En segundo lugar, insta a que el plan de inspección de la Conselleria incluya de manera anual las actuaciones de comprobación y verificación in situ, de manera que "se garantice la comprobación material con una frecuencia máxima cuatrianual sin perjuicio de cualquier otra acción".
La Agencia da un plazo de tres meses a Igualdad para que le informe de las medidas adoptadas.
El presidente de la patronal de residencias Aerte, José María Toro, señala que el informe es "otra muestra más, como el archivo de las investigaciones de la Fiscalía, de que la actuación de las residencias durante la pandemia no fue irregular ni incumplió la normativa". "No sabemos cuántos organismos han investigado nuestra actuación y el resultado siempre es el mismo. En las residencias hicimos todo lo posible por atender en las mejores condiciones a las personas residentes. Nos parece muy bien que se haga un seguimiento del cumplimiento de la normativa en centros públicos y privados, aunque creemos que la Inspección lleva a cabo este trabajo, pero creemos que las inspecciones en los centros deberían ser anuales y basadas en criterios objetivos claros, y no cada cuatro años como recomienda el informe", indica.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
